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domingo, 16 de agosto de 2026

519 NOCHES, Y NO ES UNA CANCIÓN DE SABINA


Dolores Vázquez, pregón, perdón y reparación
Una inocente durmió 519 noches en prisión por un crimen que no cometió. Nunca ha sido compensada por aquella injusticia que arruinó su vida.
Tereixa Constenla, 16.08.2026

La mujer que este viernes leyó el pregón de las fiestas de su pueblo durmió en una celda 519 noches. El sonido del cerrojo carcelario se le incrustó para siempre y ahora la asalta por sorpresa. Podría haber deseado que cayese un rayo sobre ciertos jueces, fiscales, periodistas, guardias civiles y tres cuartos de la población. Como entre todos le arruinamos la vida, el rayo dejaría el país semidesértico. Sin embargo, salió al balcón del Ayuntamiento y no maldijo a nadie. Sus vecinos la ovacionaron y ella dio las gracias y les recomendó unos zapatos cómodos para la juerga.

En algún momento del año 2000, la mujer que había ayudado a criar a los hijos de su pareja miró a su alrededor y no entendió por qué era mirada como la asesina de una de ellos. Le escupieron insultos los airados habituales y afrontó interrogatorios tan despiadados que un alto mando policial comentaría a los suyos que una mujer que aguantaba nueve horas sin derrumbarse ante la Guardia Civil solo podía ser inocente. La satanizaron en televisiones, radios y periódicos. Parecía culpable, decían. Era hierática y distante. Tenía un estilo de vida sospechoso: demasiado libre para vivir y amar. Daba el perfil. La primera piedra no fue nada comparada con las sucesivas.

En aquella sala judicial donde le llovían flashes que aún hoy le perturban el sueño solo podía refugiarse en el rostro solidario de su abogado, Pedro Apalategui, y de familiares que nunca dudaron de ella. Jamás hubo pruebas, apenas indicios que parecían extraídos de un tebeo de Mortadelo. Cito algunos del informe de la Guardia Civil. Uno: se había “atragantado al hablar” con alguien que la había llamado para avisarla de que los investigadores habían preguntado por ella. Dos: la mujer dijo “eso es que no tienen nada” durante una conversación pinchada. Tres, cuatro, cinco, seis y siete: reaccionaba con frialdad y ponía excusas y confeccionaba historias y acuchilló una foto y el día del crimen no paseó con una amiga como hacía habitualmente.

El jurado popular no lo dudó y la declaró culpable, aunque hubo dos justos (hombres o mujeres) que se opusieron. Puede que el jurado fuese rehén de sus emociones, pero tampoco el juez, un técnico especialista en derecho penal que podría haber devuelto el veredicto por inconsistencia, titubeó, y la condenó a 15 años entre rejas. En la cárcel incorporaron a aquella mujer que seguía diciendo que no había matado a nadie al programa de prevención del suicidio.

Mientras se preparaba la repetición de aquel juicio injusto, el verdadero asesino volvió a matar y la Policía (otra Policía) cayó sobre él. Sin embargo, el Tribunal Supremo se negó a indemnizar a la inocente que había dormido 519 noches en prisión. La mujer vendió su casa y se fue del país.

Hace unos años regresó a su pueblo atlántico, donde una alcaldesa sensible pelea para reparar lo irreparable. María Barral ha sido la primera autoridad que le pidió perdón y le organizó un homenaje. La mujer sigue sin recibir un euro para compensar una vida dinamitada. Veinte años después, la justicia sigue silbando.

A pesar de tantos calvarios, Dolores Vázquez ha demostrado que se puede vivir sin rencor. A pesar de que cada día del resto de su vida fue ella la que siguió pagando un precio por lo que no hizo, este viernes salió al balcón en Betanzos y defendió el derecho a la alegría.A

martes, 11 de agosto de 2026

BACHER EL ASAD


Una buena noticia para que quede en los anales de la historia de Siria y de la Historia en general. No sabemos si surtirá algún efecto -está "asilado" en Rusia-, pero sirve de ejemplo para que otros dictadores y sátrapas del mundo vean que no sale gratis ser un asesino de masas. Obviamente, lo de la pena de muerte es discutible, pero lo importante es que se ha juzgado.

martes, 21 de julio de 2026

TODO EL MUNDO SABE CÓMO ACABÓ GARZÓN


Venganza y el que pueda hacer que haga: lo que no esperabas leer hoy sobre la imputación de Zapatero
Anónimo (o de autor desconocido)

Mientras muchos se apresuran a seguir retirando sus apoyos al expresidente, yo hoy voy a bucear en la historia de nuestra judicatura porque creo que hay un relato que necesita y merece ser contado.

Para eso nos tenemos que remontar a los años 90.

25 de Febrero de 1997. Gobierna el Partido Popular en la primera legislatura de Aznar desde hace un año.

El Juez Javier Gómez Liaño acepta a trámite en solo 24 horas, sin más pruebas que unos recortes de prensa, la denuncia contra a la empresa Sogecable por apropiación indebida de las fianzas de los decodificadores de Canal+, acordando incoar acciones penales en un tiempo récord.
Liaño, convertido en el ariete de la derecha mediática, ordena una persecución implacable contra el grupo PRISA, propietaria de Sogecable. Es necesario recordar la obsesión de Aznar por acabar con PRISA, el mayor grupo de comunicación español y totalmente afín a la izquierda del país.
Durante la instrucción se observan algunas irregularidades como la solicitud de penas y multas exageradas al presidente de PRISA Jesús de Polanco o amenazas injustificadas de prisión preventiva.
El Tribunal Supremo interviene e investiga al juez Liaño para acabar condenándolo a 15 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación al considerar probado que el magistrado ha filtrado de forma sistemática a los medios hostiles con PRISA de datos confidenciales de la investigación para que se genere un juicio paralelo.
El Supremo constató que el juez dictó hasta tres autos procesales con el único fin de infligir el máximo daño económico y reputación a la cúpula del grupo de comunicación, recordemos, afín al PSOE.
Para que la sentencia fuese posible, fue muy importante la intervención del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Cebrián, consejero delegado de PRISA recusó a Liaño alegando enemistad manifiesta y Garzón denunció públicamente la existencia de una trama político-judicial ideada por Gómez de Liaño para destruir a Jesús de Polanco y el Grupo PRISA.

Solo unos meses después de la sentencia, Aznar indultaría a Liaño.

Ahora bien… ¿Qué tiene que ver todo esto con el juicio a Zapatero por la causa Plus Ultra?

Poneos cómodos que ahora empieza el cine.

Estamos en esos años 90. La fiscal María Dolores Márquez de Prado y el juez estrella Liaño comparten trabajo y sumarios. Durante el año 1993, ella se separa del también magistrado Andrés Martínez Arrieta, y meses más tarde inicia una relación con Liaño. Qué bonito es el amor.
¿Alguien adivina qué magistrado juzgó a Liaño como parte del Tribunal Supremo? Exacto, Martínez Arrieta.
¿Y alguien adivina quién defendió en el juicio a Liaño de las acusaciones de Arrieta? Exacto, la pareja del primero y ex del segundo, María Dolores Márquez de Prado.

Pero lo mejor es el timing:

20 de febrero de 1999: se casan.
Julio de 1999: asume su defensa.
15 de octubre de 1999: su Ex condena a su marido.
Tras el indulto de Aznar, ambos fundarían el despacho de abogados que lleva su nombre: Gómez de Liaño & Márquez de Prado Abogados, serían felices y comerían perdices… hasta hoy.

Pero toda historia no se convierte en legendaria sin un gran final, y créanme, esta lo tiene.

Es de bien nacido ser agradecido y Liaño le debía literalmente la vida a Aznar.

26 de mayo de 2026.
José María Aznar al estallar el sumario del juicio con Zapatero lanza un vídeo en sus redes sociales: “el que pueda hablar, que hable; el que pueda hacer, que haga”.

28 de mayo de 2026.
Nuestra amiga y esposa de Liaño, asume la defensa de Julio Martínez y cambia su estrategia abandonando su silencio y tirando de la manta.

Todos los nombres, hechos, y afirmaciones realizadas en este texto no son figuraciones ni licencias poéticas, están basadas en hechos y personas reales, así que cualquier parecido con la realidad no es una coincidencia.

No nos vamos a callar y personalmente voy a seguir apoyando a nuestro presidente Zapatero, porque la presunción de inocencia es la mayor garantía que nos concede nuestro código penal.

Epílogo: Todo el mundo sabe cómo acabó el juez Baltasar Garzón.

NOTA. El autor de ese texto es muy crítico con el procedimiento y defiende a Zapatero, posicionándose en contra de las acusaciones vertidas en su contra.
Aunque el mensaje adopta la forma de una revelación periodística o de un "hilo explicativo", utiliza la ironía, los antecedentes judiciales históricos y una narrativa política para sugerir que la investigación judicial responde a una maniobra de venganza de la derecha político-judicial.
¿Por qué el texto es favorable a Zapatero?
Defiende la presunción de inocencia: Cierra el texto declarando explícitamente: "No nos vamos a callar y personalmente voy a seguir apoyando a nuestro presidente Zapatero, porque la presunción de inocencia es la mayor garantía que nos concede nuestro código penal".
Construye una teoría sobre la conspiración: El hilo vincula las llamadas públicas de José María Aznar a la acción política ("el que pueda hacer, que haga") con la entrada de la abogada María Dolores Márquez de Prado —esposa de Javier Gómez de Liaño— en la defensa de uno de los imputados clave (Julio Martínez) para sostener que el cambio de estrategia de la defensa responde a una operación para debilitar a Zapatero y al PSOE.
Cuestiona la neutralidad judicial: Recupera el caso Sogecable de los años 90 para retratar al entorno judicial del juez Gómez de Liaño como parte de una "trama político-judicial" opuesta a la izquierda.
El escrito toma datos reales de la actualidad y del pasado y los conecta para construir una narrativa:
La vertiente judicial actual: En julio de 2026, el empresario Julio Martínez (imputado en la causa que investiga el rescate a la aerolínea Plus Ultra) ha cambiado de estrategia judicial al contratar como abogada a la exfiscal María Dolores Márquez de Prado, pasando a colaborar con la justicia en el juzgado de la Audiencia Nacional.
Los antecedentes de los años 90: La abogada María Dolores Márquez de Prado está casada con el exjuez Javier Gómez de Liaño, quien instruyó el célebre caso Sogecable contra el grupo PRISA antes de ser inhabilitado por prevaricación a finales de los 90.
El origen de la teoría: La cadena contrapone el mandato de José María Aznar con los procesos judiciales actuales para argumentar que la causa contra el expresidente responde a una maniobra política y no a hechos delictivos.

lunes, 6 de julio de 2026

ME SIENTO AVERGONZADO...


...leyendo estas noticias en el periódico esta tarde. Parece que a la mujer de Pedro Sánchez le han frustrado la fuga que tenía preparada en la cumbre de la OTAN en Turquía, rodeada de los capos del mundo, un buen plan. Ahora, en Inglaterra, parece que no hay riesgo alguno. Me pregunto si PS no tendría planeada la fuga en el nuevo y flamante Air Force One y al juez Peinado se lo chivaron. I have the power!, debe estar pensando él tan ufano; ¡que sepan que yo también sé hablar en el idioma que ha aprendido la hija de esta señora!
Lo de T con la primera ministra italiana no tiene nombre, a pesar de ser ella quien es; sigue siendo vergonzoso el trato que le dispensa. Me recordó a otra "presidenta", de mucha menor relevancia, que también concede a nuestro presidente un trato vejatorio, insultos incluidos. Me avergüenza que estos personajes puedan representar hoy día a todos nosotros, humildes personas humanas.
Ya, como remate, está el asunto de la retirada de la tarjeta roja a no-sé-quién en el mundial tras una oportuna llamada de teléfono. Todo parece de película de Santiago Segura o de monólogo de Gila.



martes, 30 de junio de 2026

395 VS. 530


La archidiócesis católica de San Francisco acuerda pagar 395 millones ante 530 denuncias por pederastia
La iglesia católica de San Francisco ha acordado pagar para finiquitar más de 500 demandas por presuntos abusos sexuales a menores por parte de responsables eclesiásticos.
Andrés Gil, 30.06.2026

La archidiócesis católica de San Francisco ha acordado pagar 395 millones de dólares para finiquitar más de 500 demandas por presuntos abusos sexuales a menores por parte de responsables eclesiásticos, según informaron el lunes los abogados de los demandantes.
El arzobispo de San Francisco, Salvatore Cordileone, tendrá que escribir una carta de disculpa a cada víctima como parte del acuerdo.

El acuerdo también exige a la archidiócesis que aplique una serie de reformas en materia de protección infantil y transparencia, incluida la creación de una lista de clérigos acusados de abusos, según explicó Jeff Anderson, abogado que representa a decenas de víctimas de abusos sexuales infantiles, informa AP.
El acuerdo se produce tres años después de que la archidiócesis se declarara en quiebra, y afectará a aproximadamente 530 víctimas de abusos sexuales infantiles, señala Anderson.
Se trata del último acuerdo alcanzado en relación con las denuncias de abusos sexuales por parte del clero.

En 2024, la archidiócesis de Los Ángeles aceptó un acuerdo récord de 880 millones de dólares.
Varias archidiócesis de California se declararon en quiebra tras enfrentarse a cientos de demandas interpuestas al amparo de una ley californiana aprobada en 2019 que permitía presentar reclamaciones por casos ocurridos décadas atrás.
Cordileone, el arzobispo, afirmó en un comunicado que cree que el acuerdo ofrece “un camino hacia una indemnización justa para las víctimas que han soportado el peso de estos abusos durante toda su vida. La esperanza es que esta propuesta nos permita, colectivamente, seguir adelante”.

“Asumimos toda la responsabilidad por lo ocurrido, y pido sinceras disculpas a todos aquellos que han sufrido daños”, añadió Cordileone.

Margie O’Driscoll demandó a la archidiócesis alegando que sufrió abusos sexuales hace casi 50 años por parte de un sacerdote mientras era alumna del instituto Marin Catholic High School en Kentfield, una localidad situada al norte del puente Golden Gate. Afirmó que el acuerdo se ha conseguido tras una dura lucha y que atribuye la responsabilidad a los responsables de la Iglesia, no a los supervivientes.

“Yo, como todas las víctimas, he cargado con este dolor y esta vergüenza como si fueran una bola y una cadena durante mucho, mucho tiempo”, dijo O’Driscoll durante una rueda de prensa, informa AP: “Avergonzada y confundida por lo que ocurrió, despreciada por la archidiócesis y, a veces, sin que ni siquiera mi familia y amigos me creyeran; y creo que hoy la vergüenza va a cambiar de bando”.

La archidiócesis de San Francisco atiende a unos 440.000 católicos en los condados de San Francisco, Marin y San Mateo.
Anderson señaló que un comité de víctimas, que ha dedicado miles de horas durante los últimos tres años a negociar con Cordileone, está facultado para establecer protocolos sobre cómo distribuir los fondos. Afirmó que cada víctima tendrá la oportunidad de presentar su historia de abuso a un responsable de la asignación contratado por el comité para recibir lo que, según Anderson, será “una distribución equitativa basada en las circunstancias únicas de cada caso”.

Además de los fondos, la archidiócesis estará obligada a cumplir 14 exigencias en materia de protección infantil y transparencia, entre las que se incluye mantener y hacer pública una lista exhaustiva y actualizada de todo el clero acusado, en la que se detallen las denuncias y los resultados de las investigaciones. Asimismo, se prohibirá a la archidiócesis imponer acuerdos de confidencialidad que silencien a las víctimas.

“Llevo décadas trabajando con víctimas y nunca había oído hablar de nada tan significativo, tan riguroso y tan sólido como lo que se le exige a la archidiócesis de San Francisco”, afirmó Anderson.

lunes, 15 de junio de 2026

¿TODOS SON IGUALES? NO


Democracias amenazadas
Resulta muy peligrosa la estrategia que confunde el respeto a la justicia con la indiferencia ante el comportamiento de algunos jueces.
Luis García Montero, 15.06.2026

No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Eso afirmó Martin Luther King en su lucha por la dignidad humana y eso recuerda Baltasar Garzón al analizar las situaciones de la justicia en España y en el panorama internacional. Resulta muy peligrosa la estrategia que confunde el respeto a la justicia con el silencio, la indiferencia y el cerrar los ojos ante el comportamiento de algunos jueces y de las administraciones judiciales que deberían velar por la ciudadanía, no por los intereses más turbios de los ámbitos de poder. La literatura suele entrar en el interior de las vidas para preguntarse por los sentimientos de los seres humanos ante los hechos públicos. El nuevo libro de Baltasar Garzón, La democracia amenazada (Planeta, 2026), hace el camino contrario. Parte de las situaciones vividas por él, por Dolores Delgado o por Álvaro García Ortiz, para reflexionar con una detallada sabiduría profesional sobre los deterioros de la convivencia democrática y las responsabilidades de los poderes que manipulan la justicia. Tenía mucha razón Eugenio Raúl Zaffaroni, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando afirmaba que el poder punitivo no es un fenómeno exclusivamente jurídico, sino esencialmente político.

La memoria nos lleva a recordar el nazismo, el franquismo o los golpes de Estado en América Latina. Pero los fangos actuales de la corrupción nos advierten de que las armas de los golpistas pueden ser desplazadas por los ruidos, las verdades y los bulos de las dictaduras silenciosas que buscan la dinámica del y tú más y del todos son iguales. Cuando se nos invita a renunciar a la política, resulta más necesario que nunca tomar medidas políticas para defendernos de la corrupción. Baltasar Garzón estudia el fango que entra en la justicia cada vez que los intereses económicos de las élites pretenden invadir las democracias.

LEÓN FELIPE


Baltasar Garzón: “Un informe policial no debe contener juicios de valor para mediatizar al juez”
El exmagistrado lamenta que Zapatero esté “muerto civilmente” y cita a León Felipe: “La justicia vale menos que el orín de los perros”.
Natalia Junquera, 14.06.2026

Cuenta Baltasar Garzón (Torres, Jaén, 70 años) que estuvo mucho tiempo callado mientras fue magistrado, y ahora, en su faceta de abogado, desde que en 2012 fue inhabilitado por las escuchas del caso Gürtel, ya no quiere hacerlo. Su último libro, La democracia amenazada (Planeta), es “un grito desgarrado ante tanta mentira, cobardía, pasividad e indiferencia”. Casi 400 páginas para denunciar los elementos que, a su juicio, están contribuyendo a la degradación de la convivencia.

Pregunta. Dice en el libro: “Siguen siendo válidos los versos de León Felipe de que la justicia vale menos que el orín de los perros”. ¿Cuándo empezó a pensar en el Poder Judicial como una amenaza para la democracia española? ¿Qué le animó a escribir este libro que dice que sale “de las tripas”?
Respuesta. El empeoramiento de la situación coincide con las consecuencias de la sentencia del caso Gürtel. Hubo incluso una condena para el instructor por supuestas irregularidades, es decir, contra mí, pero no fue posible tumbar esa instrucción, ni la mía, ni la siguiente. Esa sentencia provocó la moción de censura y el cambio de Gobierno, y hay quien no lo acepta. Quienes ahora defienden la integridad del Poder Judicial lo denostaron y lo hicieron valer menos que el orín de los perros. Hay muchas muestras de esa degradación del sistema judicial español. Por eso me vale esa figura que emplea León Felipe.

P. El tercer capítulo se titula “¡Claro que existe lawfare!" y habla del regreso del “derecho penal del enemigo”. Asegura que se extiende, pero que hasta ahora no ha aparecido un “remedio eficaz”. ¿La cura empieza por saber distinguirlo? ¿En qué casos de la actualidad ve indicios de lawfare?
R. Lo del derecho penal del enemigo lo planteo como una amenaza, al hacer una comparativa histórica y señalar elementos que me preocupan, como que se utilice para derrotar políticamente a un adversario. El lawfare puede venir de la interpretación del derecho por parte judicial; de la instrumentalización de la justicia por parte de la política; de la acción popular; de una representación corporativa que va más allá de lo que legalmente le correspondería al estamento judicial con críticas abiertas al poder legislativo...

P. En el libro es muy crítico con el juez Peinado y la “investigación prospectiva” sobre la esposa del presidente del Gobierno. Dice que ocupará “un lugar preferente del ranking de los despropósitos judiciales”. Los tribunales de apelación han revocado algunas de sus decisiones. ¿Cree que es suficiente?
R. Si Pedro Sánchez no fuese presidente del Gobierno, ese caso no hubiese llegado nunca hasta donde está. No hay consistencia jurídica. Las investigaciones prospectivas son muy peligrosas. Si no hay materia, entras en esa categoría denostada del derecho penal del enemigo. Esta instrucción pasará a la historia del despropósito porque ha habido mucha variación [en las acusaciones contra Gómez] y eso genera una inseguridad muy grande.

P. Ha quedado visto para sentencia el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez. ¿Ve prueba de cargo? ¿Se atreve a hacer un pronóstico de sentencia?
R. Otro de los elementos del lawfare es el modus operandi de determinados organismos policiales. Yo he trabajado muchos años en temas muy complejos y la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías autonómicas han hecho labores impresionantes, pero nunca había visto lo que estoy viendo ahora. Este proceso desde el comienzo estaba marcado con un querulante, Manos Limpias, y unas noticias falsas, y eso ya hubiese sido suficiente para cerrar el caso. Si los jueces estuvieran controlando como se debe el ejercicio de la acción popular, no habría esta degradación del Estado de derecho. Eso no quiere decir que yo acuse de prevaricación a todos los jueces o que ataque todo el sistema, pero si permites acciones populares a go gó con grupos y partidos con objetivos políticos, estás corrompiendo el instituto de la acción popular. En este caso, los elementos probatorios de contradicción van en el sentido de decir que no hubo trato de favor, pero en frente hay un informe de la UCO que hace juicios de valor, cuando un informe policial tiene que ser un análisis de hechos porque lo contrario es mediatizar al juez.

P. De haber ocupado el puesto del juez Calama, y con la documentación recabada tras la petición de ayuda de las fiscalías de Francia y Suiza, ¿habría citado a declarar a Zapatero como imputado?
R. Es investigado, no imputado, porque la ley se cambió para que esa palabra no tuviera esa carga peyorativa. El problema es que el imputado se ha convertido en juzgado y condenado mediáticamente, lo que llamo lawfare informativo. En el caso de Zapatero, no sabemos todavía el alcance de esa investigación, ni cómo se desarrolló inicialmente. Respetando el criterio del juez, creo que se ha invertido la pirámide. El paso de pedir la autorización a EE UU [para usar el material recabado por una agencia estadounidense y vinculado a la investigación] debería haber sido previo. Ojo con ese material y la teoría del árbol envenenado. En un caso de terrorismo yihadista, la Operación Tigris, el tribunal decidió absolver a parte de los acusados al considerar que unos correos electrónicos en poder de EE UU sobre los investigados no ofrecían las suficientes garantías. Y en la Operación Dátil, relacionada con una célula de Al Qaeda en España, los servicios británicos pidieron hablar conmigo porque en un ordenador hallado en un campo de entrenamiento de Afganistán habían encontrado información relacionada con España. Antes de usar ese material, me encargué de asegurarme, con el juez británico, de cómo se había intervenido ese material y cómo había sido la cadena de custodia, y terminó siendo determinante en algunas condenas.

P. El portavoz oficioso de Zapatero explicó que las joyas halladas en la caja fuerte de su oficina correspondían a una herencia y regalos y que tenían un valor de entre 30.000 y 50.000 euros. La tasación ordenada por el juez Calama eleva esa cifra a 1,3 millones de euros. ¿Qué importancia da a ese hallazgo?
R. Hay que esperar. Pero no me parece de recibo el juicio paralelo permanente. No sé cómo han llegado esos objetos ahí [las joyas a la caja fuerte], pero sé que ya han sido expuestos por los medios de comunicación y se ha destrozado a las personas afectadas. Luis Arroyo no es tasador de joyas y seguramente, después de esta tasación [la encargada por el juez], vendrá un peritaje de contradicción, un contrainforme. La inmediatez de la información y la filtración de las causas penales es algo muy corrosivo para la seguridad jurídica. Y la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que todo el material es secreto, salvo para las partes, hasta el momento del juicio oral. Eso no quiere decir que la prensa se calle si le llega la información, pero sí hay obligación del juez y del fiscal de investigar esa filtración. ¿Cómo se va a defender cualquiera si lo están achicharrando mediáticamente? Aquí todo el mundo ya se ha formado un juicio, de modo que el investigado tiene tres problemas: ser investigado, tener que demostrar su inocencia y que no demuestren su culpabilidad. Está destrozado, muerto civilmente.


P. El Supremo acaba de mostrar su rechazo al indulto del ex fiscal general del Estado, en unas semanas donde se suceden las filtraciones sobre investigaciones en curso sin que nadie las cuestione. En el libro se refiere al proceso contra Álvaro García Ortiz como un “festín caníbal” del “aquelarre de la justicia”. ¿Ve posible una reparación?
R. Aunque el Gobierno quisiera volver a nombrarlo fiscal general, ya no podría hacerlo. La sentencia fue un traje a medida. La Sala Segunda del Tribunal Supremo es el órgano con más poder en España; no hay quien la controle porque los aforados no tienen posibilidad de doble instancia. Es un ejercicio soberbio del poder, creen que nada de lo que hacen puede ser refutado, pero la labor judicial termina con la sentencia.

P. También lamenta en el libro la desconfianza de la ciudadanía en la justicia. ¿Cree que declaraciones como las de los ministros Óscar López y Óscar Puente contribuyen a aumentarla? ¿Deben ministros de un Gobierno acusar a jueces de prevaricar o de utilizar métodos no democráticos para derribar al poder?
R. Yo me he pasado más de 20 años sin abrir la boca y cuando la he abierto ha sido para señalar una manipulación. Hay que ser prudente en las afirmaciones: lugar, modo, tiempo y contundencia. Yo no tengo nada que decir si un miembro del Gobierno dice que una instrucción le parece falta de garantías y lo razona. Sí estaría en contra de descalificaciones genéricas. El Poder Judicial tampoco es el santo grial.

P. ¿Le sorprende que el PSOE no se haya querellado aún contra la presunta fontanera del partido, Leire Díez?
R. No, creo que es una posición prudente. Vamos a ver el desarrollo de la investigación. Lo que hoy puede parecer un ejercicio de miedo puede ser un ejercicio de responsabilidad.

P. ¿El juez Pedraz, que instruye el caso Leire, le parece lo mismo que el juez Peinado, que investiga a Begoña Gómez?
R. Conozco a Santiago Pedraz y confío en su solvencia y su criterio.

P. La demora de unas causas y la aparente diligencia en otras genera dudas en la ciudadanía. ¿Qué casos ve justificables en el colapso de los diferentes tribunales implicados y cuáles sospechosos?
R. Se acaba de activar la autorización judicial para investigar el patrimonio de la pareja de la presidenta madrileña, pero creo que el juez explicó que tenía atrasos en su juzgado y priorizó causas con preso. Es una explicación razonable. Luego, en general, creo que una estructura criminal siempre debe ser estudiada en su conjunto y poner más medios. Pero yo no establecería la crítica en que unas causas se agilizan o se retrasan porque afectan a unas personas u otras. Lo que hay que hacer es ver los tiempos procesales, la complejidad de la causa y la agilización. Para mí es un retraso considerable que las autoridades norteamericanas tengan hace años una información [relacionada con el caso Zapatero] y la faciliten tanto tiempo después.

P. El Supremo también ha rechazado repararle por su condena de inhabilitación, como pedía el Comité de Derechos Humanos de la ONU. ¿Se lo esperaba?
R. Sí. Pero me parece grave que el Supremo diga que yo trato por vía indirecta de anular los efectos de la sentencia porque es falso. Yo ya he cumplido a pulso los años de inhabilitación de una condena que, según el Comité de Derechos Humanos de la ONU, fue arbitraria y parcial. Se ríen de los organismos de derechos humanos a nivel internacional. Igual que me produce vergüenza que tantos años después sigamos dándole vueltas a que la justicia tenga que hacer algo en beneficio de las víctimas del franquismo. Pero yo voy a seguir combatiendo.

P. Dice en el libro: “Cuando los jueces invocan la defensa de la independencia judicial para protestar contra decisiones democráticas del poder legislativo, están, en realidad, ejerciendo partidismo bajo el disfraz de la técnica jurídica”. Habla de una “salida del armario de la imparcialidad”. La ley del Poder Judicial prohíbe a los magistrados dirigir “felicitaciones o censuras” a las autoridades. ¿Por qué no se sancionan ese tipo de conductas?
R. Por puro corporativismo. ¿Por qué esa ultraprotección?

P. Una de las amenazas para la democracia que detalla en el libro es el avance de la extrema derecha. Recuerda que “no se ha producido un acuerdo para establecer un cordón sanitario frente a la extrema derecha, y el que existía en Europa se ha ido debilitando”. ¿No bastan las ideas para reducir su espacio? ¿Y por qué cree que se han hecho tan populares entre parte de los jóvenes?
R. Los movimientos posfascistas y autoritarios de extrema derecha apelan siempre a las emociones. No buscan solucionar los problemas ni lo van a hacer. La internacional de la extrema derecha tiene fondos, medios y poder. ¿Qué tenemos que hacer para convencer a los jóvenes de que ese no es el camino? Mucha pedagogía, tomar las calles en defensa de los derechos humanos, no callarnos.

P. Si llega a ese escenario, ¿cree que la izquierda debería abstenerse para que el PP no gobernase con Vox?
R. Lo que creo es que la izquierda tiene que unirse para no llegar a ese escenario. Siempre lo he defendido y ahora más que nunca. Hay que superar disputas internas y sumar esfuerzos. Me hace mucha gracia que todos aplaudieran el discurso del Papa en el Congreso sobre la polarización y a los dos días ya estuvieran insultándose de lo lindo otra vez.

P. En esa batalla que plantea para combatir las amenazas de la democracia, ¿el Papa puede ser un buen aliado?
R. Está sumamente comprometido con los más vulnerables, pero tiene que implicarse más en el tema de los abusos dentro de la Iglesia. Es un buen aliado en unos ámbitos y en otros tendremos que convencerlo.

martes, 31 de marzo de 2026

¡AY DIOS! (¿HAY DIOS?)


El Tribunal Supremo de EE UU anula la prohibición de las terapias de conversión en menores LGTBIQ+
El fallo da la razón a una terapeuta cristiana que impugnó la ley de Colorado, uno de los más de 20 estados que impiden esta práctica.
María Antonia Sánchez-Vallejo, 31.03.2026

El Tribunal Supremo de EE UU ha fallado este martes en contra de una ley que prohibía la terapia de conversión para menores LGTBIQ+ en Colorado, uno de los cerca de dos docenas de estados que prohíben esta desacreditada práctica considerada tortura por la ONU.

Por mayoría aplastante (ocho votos a favor y uno en contra, el de la jueza progresista Ketanji Brown Jackson), el alto tribunal dio la razón a una consejera cristiana que considera que dicha prohibición es una intromisión en el derecho a la libertad de expresión y, por tanto, viola la Primera Enmienda. Los magistrados coincidieron en que la ley plantea dudas en materia de libertad de expresión y ordenaron a un tribunal inferior llevar a cabo procedimientos adicionales, aplicando a la ley un estándar más riguroso en virtud de la Primera Enmienda

El magistrado Neil Gorsuch, como portavoz de la Corte, ha declarado que la ley “censura el discurso basándose en el punto de vista”. La Primera Enmienda, ha escrito el juez, “se erige como un escudo contra cualquier intento de imponer la ortodoxia en el pensamiento o en el discurso en este país”.

El argumento de Colorado era que su ley regulaba la conducta profesional de consejeros y psicoterapeutas, y no la expresión del individuo y potencial paciente, protegida por la Constitución.

Con el fallo hecho público este martes, los jueces revocan la decisión de un tribunal inferior que había ratificado la ley en un caso presentado por la terapeuta cristiana Kaley Chiles, a quien ahora han dado la razón y cuya impugnación de la ley fue respaldada por la Administración del presidente Donald Trump. No obstante, el Supremo deja abierta la posibilidad de que la ley pudiera aplicarse a ciertas formas de terapia de conversión, incluidas las denominadas intervenciones físicas aversivas, pero no al discurso de la consejera que constituía el objeto de la disputa en este caso.

“La ley de Colorado que regula la terapia de conversión no se limita a prohibir las intervenciones físicas. En casos como este, censura el discurso basándose en el punto de vista”, escribió Gorsuch. “Es posible que Colorado considere su política como esencial para la salud y la seguridad públicas. Ciertamente, a lo largo de la historia, los gobiernos de talante censor han creído lo mismo. Pero la Primera Enmienda se erige como un escudo contra cualquier intento de imponer una ortodoxia en el pensamiento o en el discurso en este país”.

Para justificar su disenso, Jackson afirmó que los estados tienen la facultad de regular los tratamientos médicos que los profesionales con licencia estatal brindan a los pacientes, y que la decisión de Colorado de “restringir una terapia peligrosa” no es inconstitucional.

“Al concluir lo contrario, la opinión del Tribunal interpreta erróneamente nuestros precedentes; carece de principios, resulta inviable y, a la larga, demostrará ser insostenible para aquellos que confían en la responsabilidad, largamente reconocida, que tienen los estados de regular la profesión médica en aras de proteger la salud pública”.

La Corte Suprema cuenta con una mayoría conservadora de seis miembros, aunque de los tres liberales solo ha mostrado su disenso la magistrada Jackson.

Técnicamente, la decisión del Supremo no anula la ley de Colorado, que sigue en vigor, pero envía el asunto a tribunales inferiores, que muy probablemente fallarán en el mismo sentido. En 2019, Colorado promulgó una ley que prohibía a los profesionales de la salud mental realizar cualquier práctica o tratamiento, incluyendo la terapia verbal, que intente cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona. Los infractores de la ley se enfrentan a multas de hasta 5.000 dólares (unos 4.300 euros) y pueden ser suspendidos del ejercicio de su profesión o perder el permiso para ejercer.

La terapia de conversión, promovida por grupos religiosos y ultraconservadores, busca que los menores homosexuales se identifiquen como heterosexuales y que los niños trans encajen en el sexo que tienen al nacer. Esta práctica está desacreditada por organizaciones médicas y las investigaciones científicas han demostrado que es ineficaz e incluso puede ser peligrosa, generando problemas de salud mental. Grupos como la Asociación Americana de Psicología apuntan que este tipo de terapia se ha asociado con efectos perjudiciales, incluida una mayor probabilidad de que los menores transgénero intenten suicidarse o huyan de casa.

El Proyecto Trevor, una organización dedicada a prevenir el suicidio en los jóvenes del colectivo LGTBIQ+, advirtió que el fallo del Supremo es un “trágico paso atrás”. En cambio, el grupo religioso First Liberty Institute celebró la decisión, al considerar que no se debe “censurar” la libertad de los profesionales.

Chiles, cristiana practicante, ha declarado que “cree que las personas prosperan cuando viven en consonancia con el designio de Dios, incluido su sexo biológico”. Chiles fue representada por Alliance Defending Freedom, un grupo conservador de defensa de los derechos religiosos que anteriormente obtuvo victorias de gran repercusión ante el Tribunal Supremo en nombre de un pastelero y de una diseñadora de sitios web para bodas que se negaron, basándose en sus creencias religiosas, a prestar sus servicios a parejas homosexuales.

Kelley Robinson, presidenta de la Human Rights Campaign —el grupo de defensa de los derechos LGTBIQ+ que presentó un escrito en apoyo de la ley—, afirmó que la “decisión imprudente” de la Corte Suprema “significa el sufrimiento de más niños estadounidenses”. “La Corte ha instrumentalizado la libertad de expresión para priorizar el sesgo anti-LGTBIQ+ por encima de la seguridad, la salud y el bienestar de los niños. La llamada terapia de conversión es pseudociencia, no una terapia real”, declaró Robinson.

lunes, 30 de marzo de 2026

BABOSO (Y QUE ME PERDONEN LAS BABOSAS)

 

A diferencia de otros casos más graves que implican abusos físicos, este proceso se ha movido estrictamente en el ámbito de la libertad de expresión y los delitos de odio:
  • Archivo de la causa (Enero 2026): El pasado 29 de enero de 2026, la Fiscalía de Madrid decidió archivar la investigación. El Ministerio Público consideró que las palabras del obispo, aunque puedan ser ofensivas para ciertos colectivos, están amparadas por la libertad de expresión y de culto, y no incitan directamente a la violencia o al odio de forma punible según el Código Penal.
  • Reacción de Munilla: El propio obispo celebró el cierre del caso en sus redes sociales, reiterando sus críticas a lo que él llama "ideología de género" y manteniendo su postura de que la Iglesia tiene derecho a ofrecer su visión de la sexualidad.
  • Sin sanciones eclesiásticas: Por parte del Vaticano no ha habido ninguna medida disciplinaria contra él; de hecho, Munilla sigue siendo una de las voces más influyentes del sector conservador de la Iglesia española.
En resumen, la justicia civil ha determinado que sus palabras no constituyen un delito, por lo que el caso judicial está cerrado. En cuanto a su posición como obispo, no ha habido cambios: sigue al frente de la diócesis de Alicante con su estilo habitual, muy activo en medios y redes sociales.

UNA BUENA NOTICIA


El Gobierno indultará este martes a ‘Las seis de la Suiza’
Trabajo lleva a la reunión del Consejo de Ministros el perdón a las sindicalistas de la CNT, condenadas a prisión en julio del año pasado.
Emilio Sánchez Hidalgo, 30.03.2026

El Consejo de Ministros aprobará este martes el indulto a Las seis de la Suiza, según ha adelantado Infolibre y ha confirmado a este periódico el Ministerio de Trabajo, el departamento que lleva la iniciativa a la reunión del gabinete. Las conocidos como Las seis de la Suiza (en realidad cinco mujeres y un hombre) entraron en la prisión asturiana de Villabona el 10 de julio del año pasado para cumplir una condena de tres años y seis meses de cárcel por coacciones graves y un delito contra la administración de justicia al intentar proteger los derechos laborales de una de ellas. El pasado 18 de julio las seis sindicalistas de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) obtuvieron el tercer grado, así que desde entonces cumplen su condena en régimen abierto.

“El Consejo de Ministros aprueba a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social el indulto a Las Seis de la Suiza", indican fuentes de Trabajo. “Desde que se conoció el caso y la condena, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha defendido en todo momento la legitimidad de la acción sindical, así como el derecho a la huelga, la movilización y la organización de las personas trabajadoras en España, ante una condena inapropiada en una democracia”, agregan desde el departamento de Yolanda Díaz.

Los hechos por los que fueron condenadas se remontan a junio de 2015, cuando una de las trabajadoras de la pastelería La Suiza (Gijón, Asturias) comenzó a sentirse indispuesta. Según el relato de la CNT, pidió a su jefe irse a casa, pero este se negó. La empleada, que estaba embarazada y temía perder al bebé, llamó a su pareja, que acudió al establecimiento y durante una discusión con el dueño estropeó uno de los frigoríficos de un manotazo. El propietario denunció a la pareja y la mujer se cogió una baja por riesgo de aborto.

Dos años después, la empleada, de baja de maternidad, acudió a la CNT para que la ayudaran a negociar su despido porque no quería volver a trabajar en La Suiza. El sindicato pidió una compensación de poco más de 6.000 euros (en concepto de pago de horas extras, días de vacaciones, despido improcedente...) y la retirada de la denuncia contra la pareja, pero el propietario no aceptó.

La CNT decidió presionarlo organizando 15 concentraciones frente a la pastelería, situada en una larga calle comercial de dos carriles por sentido, la avenida Schultz, desde mayo a septiembre de 2017. En ese tiempo, los miembros de la CNT se reunieron frente al local, un negocio pequeño, donde trabajaban —además del propietario, su mujer y su hija— dos empleados más. La mitad de las protestas fueron comunicadas a la Delegación del Gobierno. La otra mitad, no. A las primeras iba solo una docena de personas (todas de la CNT). Después se fueron sumando más personas, muchas veces vecinos del barrio. En ocasiones, hasta 80 manifestantes.

La sentencia, ratificada por el Tribunal Supremo, considera que el propietario se vio obligado a cerrar el negocio por la presión y a cambiar de ciudad, con el consiguiente quebranto económico y psicológico. Los sindicalistas, por su parte, aseguran que la pastelería ya estaba en venta antes de que se sucedieran los hechos. “Debido a lo que pasó, la malvendieron deprisa y corriendo, perdiendo dinero: por eso la sentencia pide una indemnización de 120.000 euros”, explicó el hijo de los propietarios, Pablo Álvarez Meana. Un importe que fue abonado en parte por el sindicato y en parte a base de conseguir fondos a base de rifas, donativos y conciertos, según la CNT.

Los abogados de los condenados argumentaron que los hechos ocurrieron en 2016 y 2017 y que todos los encausados están en la actualidad insertados en la sociedad, con trabajo, familia, hijos y una vida que se iba a ver interrumpida por el ingreso en prisión. Pero el juez no tuvo en cuenta sus alegaciones y acordó su ingreso en prisión de manera inmediata.

Trabajo recuerda que el pasado mes de julio Díaz se reunió con estas seis personas y que entonces prometió que trabajaría para promover la medida de gracia.

martes, 24 de marzo de 2026

NOELIA DEJARÁ DE SUFRIR


Noelia, la joven parapléjica de Barcelona, anuncia que recibirá la eutanasia este jueves: “Quiero dejar de sufrir”
La mujer, que lleva más de un año y medio esperando, relata cómo ha vivido el rechazo de su familia en una entrevista en Antena 3.
Jesús María Bueno, 24.03.2026

Noelia Castillo, la joven parapléjica de 25 años que lleva más de año y medio esperando la eutanasia, ha anunciado en televisión que la recibirá este jueves. La Generalitat le reconoció la prestación de ayuda a morir en julio de 2024, pero la férrea oposición de su padre, que llevó el caso a los tribunales de la mano de Abogados Cristianos, ha demorado el proceso. “Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto”, afirma la joven en una entrevista concedida al programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, de la que ha avanzado este martes unos pocos fragmentos.

La revelación de Noelia se produce el mismo día en que se ha conocido que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, ha rechazado el último recurso presentado en representación del padre de la joven, por la asociación ultracatólica Abogados Cristianos. La Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, el órgano que vela por la aplicación de la ley de eutanasia en la comunidad, ya había reactivado el proceso de Noelia después de conocer, en enero, que el Tribunal Supremo había avalado la medida. La negativa a imponer medidas cautelares tanto por parte del Tribunal Constitucional como, ahora, del TEDH, ha despejado más el camino.

El pleno de la Comisión aprobó en julio de 2024, por unanimidad, la prestación de ayuda a morir para Noelia porque cumplía con todos los requisitos de la ley. La joven presentaba una situación clínica “no recuperable” que le producía “una dependencia grave, dolor y sufrimiento crónico e imposibilitante”. El padre de la chica, Gerónimo Castillo, trató de impedir la muerte de su hija y contrató para ello los servicios de Abogados Cristianos, que ha hecho de la lucha contra la eutanasia una de sus banderas. La asociación logró que un juzgado paralizase la aplicación de la eutanasia e inició así un periplo que, entre juicios, sentencias y recursos, se ha alargado un año y ocho meses.

Las diferentes instancias judiciales han avalado la legalidad de la eutanasia concedida a Noelia y han rechazado todos los argumentos esgrimidos por Abogados Cristianos; en particular, sobre la falta de capacidad de la joven para decidir. El Tribunal Supremo puso fin al recorrido en la justicia ordinaria en enero, al rechazar el recurso de casación presentado por el padre.

Noelia ha permanecido ingresada durante la mayor parte de este tiempo en una residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes (Barcelona). La entrevista ante las cámaras, sin embargo, se ha grabado en casa de su abuela materna. Noelia explica que “el 26″ [de marzo, o sea este jueves] recibirá la eutanasia y reitera, como ya dijo en el juicio en el que fue obligada a declarar, que nunca ha tenido dudas. “Lo tenía muy claro desde el principio”.
“Ninguno de mi familia está a favor”

La oposición del padre a la eutanasia, ha relatado, era común a todos los miembros de su familia. “Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia. Obviamente, porque soy otro pilar de la familia. Yo me voy, vosotros os quedáis aquí con todo el dolor. Pero yo pienso: ¿Y yo, todo el dolor que he sufrido durante todos los años? Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto”. “La felicidad de un padre, una madre o una hermana”, dice en alusión a los miembros de su familia, “no puede estar por encima de la vida de una hija”.

Ése es precisamente uno de los grandes debates que se han planteado a propósito del caso de Noelia y de otras personas que han topado con la oposición de sus familiares a la eutanasia. Como Francesc Augé, cuyo caso se encuentra pendiente de resolución en el Tribunal Constitucional, que deberá decidir sobre le legitimación de terceros a la hora de impugnar un acto administrativo como es la concesión de una eutanasia.

En sus intervenciones, Noelia describe el dolor físico y el malestar psicológico que padece. “Siempre me he sentido sola, antes incluso de pedir la eutanasia yo ya veía mi mundo muy oscuro (...) No tengo ganas de nada, ni de salir, ni de comer, ni de hacer nada, y dormir se me hace muy difícil, aparte que tengo dolor de espalda y piernas”.

En los fragmentos emitidos este martes aparece también, junto a Noelia, su madre. “Han sido tres años de altibajos, he estado rezando, pensando si ella en el último momento dice: me arrepiento. Si ella no quiere vivir, yo ya no puedo más”. La madre expresa su disconformidad con la eutanasia, pero asegura que va a estar a su lado “hasta el último momento”.

viernes, 24 de enero de 2025

BOCHORNO

¿Para qué se sacó Errejón el pene?
Al escuchar el lascivo chorreo del juez Carretero a Elisa Mouliaá, la funcionaria del juzgado no sabía dónde meterse del bochornazo.
Luz Sánchez-Mellado, 23.01.2025

A veces, en el cine y en la vida, para comprender lo que sucede en una escena, además del rostro de los protagonistas, ayuda mirar el de los actores en segundo plano. De las imágenes filtradas de la declaración de la actriz Elisa Mouliaá ante el juez Adolfo Carretero por su denuncia contra el político Íñigo Errejón por acoso sexual, además de la de la denunciante, subyuga la cara de una mujer que escucha, a pie derecho tras ella, las preguntas del magistrado. “¿Sabe para qué se sacó él el miembro viril? ¿Le intentó bajar las bragas? ¿No será que quería algo con él? ¿Cuánto tiempo estuvo chupándole las tetas?”. Al oír semejante lascivo y soez chorreo de un juez a una denunciante de violencia sexual, la oyente en cuestión, una funcionaria del juzgado a la que una se imagina curada de espantos de tanto escuchar a criminales tratados con exquisito respeto por sus señorías, no sabe dónde meterse del bochornazo. Así estamos muchas. Y muchos. Atónitos e indignados.

No se trata de quién lleva razón en el proceso. Errejón tiene derecho a la presunción de inocencia, y Mouliaá ni es ni tiene que ser la víctima perfecta. Impulsiva, incontinente y sospecho que imprevisible incluso para ella misma, se mete en charcos innecesarios y acude, previo pago, a programas de entretenimiento a someterse al juicio de los tertulianos. Pero se supone que un juez juez es otra cosa: confronta y pregunta, sí, pero ni riñe ni humilla. El Consejo General del Poder Judicial ha abierto una investigación al juez tras recibir más de 900 quejas de ciudadanos por su interrogatorio. Apuesto a que no da crédito. Para ser tan basto, ha demostrado tener la piel finísima. En un momento del interrogatorio, Mouliaá le tutea y a él le falta tiempo para corregirla, como si llamar de tú a un juez que te trata de ese modo fuera una intolerable falta de respeto. Como no soy jueza ni parte, yo sí me atrevo a decírselo en su propia lengua: hay que joderse, Carretero. Con jueces como tú a ver quién es la guapa que denuncia.

miércoles, 8 de enero de 2025

ABSOLUTA FALTA DE EMPATÍA Y CRUELDAD

 Expectante estaba ante la sentencia del caso de Samuel Luiz, el pibe al que asesinaron de una paliza por ser maricón. 74 años y medio de cárcel.


La jueza impone 74 años de pena a los cuatro condenados por el crimen homófobo de Samuel Luiz
La sentencia destaca la “absoluta falta de empatía” y “crueldad” de la pandilla que asesinó al joven en A Coruña en 2021.
Sonia Vizoso, 08.01.2024

La Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a un total de 74 años y medio de cárcel a los cuatro jóvenes que el pasado 24 de noviembre fueron declarados culpables por el jurado popular del asesinato de Samuel Luiz. La mayor pena, 24 años entre rejas, le ha caído a Diego Montaña, el hombre que inició la paliza mortal en el paseo marítimo de esta ciudad gallega el 3 de julio de 2021. Es el único al que se le ha aplicado la agravante de discriminación por motivos de orientación sexual, ya que la emprendió a golpes con Samuel al grito de “maricón”. La jueza, Elena Fernanda Pastor Novo, esgrime la intervención directa del acusado desde el comienzo hasta el final de la agresión, así como “la extensión del mal causado y su actitud posterior para con la víctima y su familia, mostrando una absoluta falta de empatía y una crueldad que merecen un mayor reproche penal”. Los condenados deberán indemnizar a los padres y a la hermana de la víctima con un total de 303.284 euros.

Alejandro Freire, alias Yumba, ha sido condenado a 20 años de prisión. El fallo, difundido este miércoles por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, lo considera “partícipe destacado” porque, tras la agresión de su amigo Montaña, arremetió contra Samuel por la espalda y lo tiró al suelo. La magistrada destaca “la intensidad de su intervención”, ya que propinó golpes a la víctima e impidió que se defendiera o huyese. A Kaio Amaral le impone un total de 20 años y medio de cárcel, 17 de ellos por el asesinato y tres años y medio por el robo con violencia del móvil de Samuel. La pena a Alejandro Míguez, el último detenido y el único que no pegó a la víctima, es de 10 años como cómplice de asesinato.

La sentencia incide en que el crimen provocó “importantes padecimientos psicológicos a los padres” del muchacho, además “del dolor moral inherente a la pérdida de un hijo y hermano”. Aprecia en la pandilla condenada “falta de empatía” y “crueldad”, ya que dejaron tirado a Samuel “en medio de una rotonda, inconsciente y con el rostro ensangrentado”, un comportamiento que causó a su familia “una especial penosidad”.

El fallo reconstruye la brutal paliza que hizo estallar una ola de protestas contra la homofobia en todo el mundo. Recuerda que el jurado popular entendió probado por unanimidad que Diego Montaña dedujo que Samuel era homosexual “por las palabras, gestos, forma de vestir, tono de voz y apariencia física”. Tras malinterpretar que estaba grabándole con su móvil cuando en realidad realizaba una videollamada, el condenado lo agredió al grito de “deja de grabar, a ver si te voy a matar, maricón”, movido “por su animadversión hacia la condición sexual homosexual que le atribuyó”. Montaña “se abalanzó” sobre él, “golpeándole con puñetazos y patadas, principalmente en las zonas de cabeza y cara”, una agresión a la que se sumó Freire “rodeándole con fuerza el cuello con su brazo”. “En cuestión de segundos, se adhirieron de forma progresiva al ataque un numeroso grupo de amigos y conocidos de los acusados, que se hallaban en las inmediaciones”, se puede leer en el fallo.

Amaral, según la sentencia, “se integró en el grupo agresor, propinando a Samuel al menos una patada”, mientras que Míguez se unió a la turba desde el principio y, aunque no le golpeó, sí impidió que escapase o fuese auxiliado. Samuel, la víctima, “se encontraba totalmente indefenso y desvalido debido al elevado número de personas que lo agredían y rodeaban”, y solo dos ciudadanos senegaleses acudieron en su ayuda. La Audiencia de A Coruña dictamina que los cuatro condenados actuaron “en unidad de acción” y “eliminado las posibilidades de defensa” del fallecido. Y, frente a las críticas de las defensas, considera que las imágenes de las cámaras callejeras que grabaron la paliza son “suficientes y aptas” para reconstruir los hechos.

Más de 30 golpes

Respecto a la absolución de Katy Silva, la novia de Montaña cuando sucedió el crimen, la magistrada alega que no se da “por acreditado” que participara en la agresión. Su actitud fue “absolutamente pasiva”: “Primero, trató de contener” a su pareja y después, “trató de separarlo y, aunque continuó el trayecto de la agresión, no lo hizo con actos absolutamente necesarios ni auxiliares para el fatal desenlace”.

La muerte de Samuel, tal y como explicaron los médicos forenses en el juicio, fue causada por múltiples agresiones y no hubo ningún golpe determinante. El cadáver de la víctima mostraba “más de treinta lesiones, que podrían corresponderse con más de treinta golpes” y todos fueron “necesarios” para acabar con la vida del joven de 24 años. “Dado que se está hablando de una agresión perpetrada por un conjunto de sujetos que actuaba de manera concordante, no es necesario indicar qué sujeto concreto del grupo habría ocasionado qué lesión concreta causada a la víctima para atribuir sólo a este sujeto su responsabilidad por dicha lesión”, argumenta la jueza.

El dolo homicida de los condenados se fundamenta, según el fallo, en “la deliberada selección de la cabeza como destino de las agresiones, la existencia de una pluralidad de agresores sobre una única víctima, la enorme violencia de los golpes y la forma en que se desarrolló el ataque grupal”. También, prosigue la jueza, en “la absoluta indiferencia de los acusados hacia la situación de Samuel cuando cae inconsciente, herido ya de muerte, sin prestarle ayuda ni recabarla de terceros, el abandono por los acusados del lugar, dispersándose tranquilamente por las calles adyacentes y el reagrupamiento posterior del grupo en el parque Europa y en el parque de San Diego”. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

martes, 3 de diciembre de 2024

DE JUSTICIA (MUSEO BRITÁNICO=LADRÓN EXPOLIADOR)


La llegada de un nuevo Gobierno laborista al Reino Unido reaviva la posible devolución a Grecia de los mármoles del Partenón
El Museo Británico avanza en las negociaciones con Atenas para alcanzar un “acuerdo cultural estratégico” que permita el regreso de las esculturas a la Acrópolis.
Rafa de Miguel, 03.12.2024

La diferencia está en los gestos políticos, y aunque el primer ministro británico, Keir Starmer, acostumbra a mostrarse tan hierático como una estatua griega ante asuntos potencialmente polémicos, la ambigüedad calculada con que responde a la potencial devolución a Grecia de los llamados “mármoles del Partenón” hace pensar que un acuerdo histórico es posible bajo un Gobierno laborista en el Reino Unido.

Fuentes del Ejecutivo griego han asegurado que “ha habido progresos por ambas partes para la devolución de los mármoles del Partenón”. Por eso, el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, se reúne hoy con el primer ministro británico”, ha asegurado un portavoz del Gobierno en Atenas. “Nada se está ocultando”. Mitsotakis ha hecho de la futura devolución de las estatuas y relieves de los frisos, metopas y frontones del Partenón una cuestión prioritaria de su Gobierno. El Partido Laborista británico prometió, antes de ganar las elecciones el pasado julio, que no interferiría en las posibles negociaciones del Museo Británico con Atenas, aunque tampoco cambiaría la legislación actual para renunciar a la propiedad británica de los mármoles.

“Nuestra posición respecto a los mármoles no ha cambiado. Sigue siendo un asunto que concierne en primer lugar al Museo Británico, y el Gobierno no va a modificar la ley para permitir un traslado definitivo de las esculturas del Partenón”, ha dicho un portavoz de Downing Street antes de la reunión que ambos mandatarios han mantenido este martes en Londres. El Gobierno británico ha insistido en asegurar que la devolución de los mármoles no formaba parte de la agenda de un encuentro en el que Starmer deseaba hablar de Ucrania y un posible alto el fuego en Gaza.

La llegada al poder de un nuevo Gobierno laborista ha cambiado el ritmo de las conversaciones entre el museo y Atenas. El actual presidente del patronato, el exministro de Economía del Gobierno conservador de David Cameron, George Osborne, agilizó durante dos años los contactos discretos con el Ejecutivo heleno, en busca de una solución que satisficiera a ambas partes.


Atenas nunca va a reconocer la propiedad británica de las estatuas —algo que estaría implícito en un posible préstamo de las obras— y el Reino Unido se resiste a reconocer la presunta ilegalidad de la adquisición de las estatuas a principios del siglo XIX por parte de Thomas Bruce Elgin, el embajador británico ante el Imperio Turco-Otomano. Lord Elgin ordenó la extracción de gran parte de las piezas del Partenón y maniobró más tarde en el Parlamento británico para lograr venderlas al museo.

Osborne ya negoció con el Gobierno de Mitsotakis un posible intercambio de piezas de arte entre el Museo Británico y el Museo de la Acrópolis que camuflara el regreso, al menos temporal, de las esculturas a Atenas. Sin embargo, el Gobierno conservador de Rishi Sunak frenó en seco la maniobra, e incluso llegó a cancelar un encuentro en Londres entre el primer ministro tory y su homólogo griego para esquivar el asunto.

La profesora de Derecho de la Universidad de Nicosia, Irini Stamatoudi, que ha ejercido como asesora del Gobierno griego durante las conversaciones, ha asegurado a la BBC que “la posibilidad de un acuerdo está muy próxima”, sin llegar a precisar una fecha. Atenas, ha contado la jurista, ha propuesto ”una alianza cultural estratégica” entre ambos países que plantearía el intercambio de obras de arte.

No obstante, el asunto de los mármoles ha quedado oscurecido en los últimos meses, después de que el Museo Británico tuviera que hacer frente al escándalo del robo de miles de piezas guardadas con poco rigor en sus depósitos. El asunto acabó con la dimisión del director de la institución, el alemán Hartwig Fischer. Su sucesor, Nicholas Cullinan, ha prometido abrir un nuevo capítulo en la institución cultural, sin ideas preconcebidas.

El hecho de que el espacio dedicado a exponer la colección del Partenón vaya a permanecer cerrado al menos durante dos años para llevar a cabo obras de rehabilitación sería la ocasión perfecta para enviar a Atenas las estatuas, aunque la polémica apasionada que sigue desatando el asunto, tanto en Grecia como en Londres, invita a la precaución, antes de celebrar anticipadamente una devolución que sería histórica. Atenas ha reclamado la vuelta de los mármoles desde la vuelta del país a la democracia, en 1974, y son muchas las figuras de la cultura británica que también defienden el retorno de las estatuas.
Enésima ofensiva griega para recuperar los mármoles del Partenón
Todos los argumentos del Reino Unido y el Museo Británico para retener estos tesoros se desmoronan ante una presión desde Grecia que no ceja.
Daniel Menéndez, 06.11.2024

Los griegos cuentan que, durante su Guerra de Independencia, en 1821, los otomanos estaban asediados y sin munición en la Acrópolis de Atenas. Desesperados, empezaron a desmantelar el Partenón para fundir sus abrazaderas de hierro y plomo y fabricar balas con ellas. Los revolucionarios al enterarse, según el relato, ofrecieron compartir su propia munición con tal de que no se dañaran los monumentos. Los turcos aceptaron y los griegos cumplieron.

La historia se convirtió en leyenda al no poder demostrarse que de verdad sucedió. Algo que no impidió su incorporación a la tradición helena y que sea uno de los mitos fundacionales de su independencia junto con el entierro del corazón de Byron o los suicidios de las souliotas, entre otros. El relato quedó circunscrito a fronteras griegas hasta que se popularizó en un discurso en Oxford en 1986. ¿La responsable? La actriz, militante contra la dictadura y, por entonces ministra de Cultura de Grecia, Melina Mercouri. ¿El destinatario? El Museo Británico. ¿El mensaje? Que devolviera a Atenas los mármoles del Partenón.

Los gobiernos helenos han reclamado esas obras desde el final de la Dictadura de los Coroneles (1967-1974) basándose en que salieron de Ática ilegalmente. Por su parte, tanto el Museo Británico como los diferentes gobiernos desde Londres argumentan que Thomas Bruce, popularmente Lord Elgin, contó con el beneplácito del sultán otomano Selim III, por entonces gobernante de Grecia, mediante un firmán [edicto]. Asimismo, sostienen que la adquisición de estas por el Museo al quebrado lord escocés fue igualmente legal. Con el tiempo, el caso pasó a un impasse cuyo desenlace residía en dilucidar si las obras salieron de Grecia por un saqueo o una adquisición legal. Para Reino Unido no fue un robo, para Grecia sí.

Todo estaba destinado al statu quo hasta que este mayo, durante una conferencia de la UNESCO sobre el Retorno de los Bienes Culturales a sus Países de Origen, Turquía confirmó lo que Grecia sostiene desde hace décadas: “No existe ningún firmán”. Las declaraciones fueron publicadas por los grandes medios griegos y la ministra de Cultura, Lina Mendoni, enfatizó que era un “objetivo nacional” el regreso de los mármoles al lugar que Fidias diseñó hace 2.500 años.

Dos meses después, el 4 de julio, el líder laborista, Keir Starmer, logró una holgada victoria sobre los conservadores, férreos defensores de la titularidad británica de las obras, y nombró a Lisa Nandy ministra de Cultura, conocida por plantear enfoques decoloniales inusuales en Westminster. Tan solo dos semanas después, el director del Museo Británico, Nicholas Cullinan, habló por primera vez sobre el reclamo y sugirió un préstamo, pero descartó la devolución en base a una Ley de 1963. Varios abogados argumentaron que podría producirse su reformulación por la mayoría laborista, aunque el Partido no se ha pronunciado sobre ello.

Sin embargo, el 28 de septiembre en una entrevista para el diario griego Ta Nea, la exsecretaria de Cultura de la oposición laborista, Thangam Debbonaire, afirmó que Starmer quería una solución para lo que calificó como “robo”. Posición que granjeó un aluvión de críticas de los tories, y de sectores partidarios de la teoría de las compuertas, según la cual si el Museo Británico devuelve las piezas atenienses, sentaría un precedente para recibir reclamaciones similares y acabaría vacío. Algo que no ha sucedido con otros museos que han devuelto fragmentos de la misma obra reclamada por Atenas.

Mercouri evocaba en sus discursos un verso del poeta Yannis Ritsos: “Estas piedras no merecen menos cielo”. Convirtiéndolo en un aforismo del reclamo griego. De ser devueltas, se albergarían en el Museo de la Acrópolis de Atenas, a 300 metros de la obra original, en la Galería del Partenón, una sala diseñada ex profeso para exponerlas. Jamás volverían a descansar bajo cielo ateniense.

Si no regresan, el espacio seguirá teniendo, debajo de conmovedores huecos vacíos y deliberadamente burdas reproducciones, unos letreros en griego e inglés que, tras la fecha, el nombre y la explicación de las piezas apostillan: “Obras originales retenidas por el Museo Británico”.