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viernes, 3 de abril de 2026
¡EUREKA!
Pastores que cobran de 3.000 a 6.000 euros al año por limpiar el monte con ‘ovejas bomberas’
Cada vez más comunidades pagan a ganaderos extensivos por servicios ecosistémicos que frenan los temidos incendios: “Si lo hiciera el Estado, le costaría mucho más”, dice una de las pastoras.
Miguel Ángel Medina, 02.04.2026
“Tau, ¡abre!”, grita Laura Martínez a uno de sus perros, que rápidamente gira y abre el rebaño para que cambie de dirección. “Arriba”, señala, y los animales obedecen, dirigiéndose hacia las faldas de un monte cercano a Bustarviejo. Esta ganadera lleva a sus cabras y ovejas a pastar a una zona designada como cortafuegos en la Sierra Norte de Madrid, por lo que la Administración le paga un dinero anual que, en su caso, ronda los 5.000 euros. “Es un reconocimiento a nuestra labor, pero la cantidad es muy pequeña. Si lo tuviera que hacer el Estado, le costaría mucho más”, se queja. Cada vez más comunidades pagan a rebaños bomberos por servicios ecosistémicos —limpiar el monte y crear cortafuegos— con cantidades que suelen oscilar entre los 3.000 y los 6.000 euros al año, aunque a veces es más. Pastores y ganaderos piden aumentar las ayudas para frenar el abandono de la ganadería extensiva, imprescindible para cuidar el monte.
Ese dinero no es la panacea, pero muchas veces ayuda a mantener este trabajo tradicional. “El acceso a los pastos es complicado, ha habido pastores que han podido poner cabras u ovejas porque con este sistema han accedido a nuevos pastos”, apunta Martínez, de 33 años, que regenta con su marido La Caperuza. Con su alrededor de 150 cabras, 25 ovejas y 100 vacas y terneros elaboran quesos artesanos y venden carne de ternera y cabrito de ganadería extensiva.
Además, gestionan 350 hectáreas en tres fincas, 50 de las cuales son cortafuegos designados por la Comunidad de Madrid, donde suele haber jaras y plantas aromáticas, que en verano son combustible para los incendios. “Lo ideal es tener vacas, cabras y ovejas, porque cada animal se encarga de un tipo de hierbas y matorrales: la cabra come más en alto y ramonea los arbustos, la oveja es más intermedia y la vaca prefiere las zonas más bajas”, dice, mirando al monte. En su caso, hacen rotación de pastos para que los suelos y la vegetación se recuperen.
Estos pagos se idearon más al sur. En 2007, se creó la Red de Áreas de Pasto-Cortafuegos de Andalucía (Rapca). “Hicimos una ecuación con índices para pagar a los pastores que tiene en cuenta la dificultad del terreno, la pendiente, el tipo de vegetación, la distancia al aprisco… Y también una metodología para ver cómo evaluar la labor. Con todo eso, se propuso un pago de 42 a 90 euros por hectárea”, explica Ana Belén Robles, investigadora de la Estación Experimental del Zaidín (EEZ-CSIC) y participante en esa primera experiencia, que todavía continúa. Los pagos no han variado mucho, aunque en otras comunidades —como Extremadura— pueden llegar hasta los 130 euros por hectárea. “Tiene que ver con esos servicios ecosistémicos que presta la ganadería extensiva, ya que la Administración se ahorra del 25% al 83% respecto a si tuviera que limpiar ese monte de forma mecánica”.
Fidel Delgado, presidente de la Asociación de Pastores por el Monte Mediterráneo, ofrece cifras actuales: “Unos 200 pastores extensivos cobran por estos servicios, aunque si hubiera más presupuesto se podría extender a casi 4.000. Y mantienen limpias unas 6.000 hectáreas”. Los contratos se hacen por licitación pública. “Al pastor se le encargan trabajos con criterios técnicos: los cortafuegos con más distancia de un camino, con más piedras… Sitios donde es más difícil llegar con las máquinas”, dice. La cantidad varía, según las hectáreas incluidas. “Un pastor con unas 400 ovejas viene percibiendo al final de año de 3.000 a 6.000 euros anuales”, dice.
Uno de ellos es Balta Juicio, de 59 años, que limpia con sus 500 ovejas —con las que produce leche y carne— un cortafuegos de unas 100 hectáreas en Lanjarón (Granada) y prefiere no decir cuánto le pagan por esta labor “para no despertar envidias”, aunque está en la parte alta de la horquilla. “Cuando llevas al ganado a las zonas de cortafuegos, comen los primeros días, pero luego hay que obligarlas y a veces hay que darles después pienso. Así que la ayuda sirve para comprar paja o pienso”. En su opinión, habría que hacer siembras en los cortafuegos para cultivar vegetales que inciten al ganado a permanecer más tiempo allí.
15 veces más barato que apagar incendios
Otra es Santiaga Martín, de 58 años, que pastorea con sus 400 ovejas un monte público en la Sierra María de Los Vélez (Almería): “Nos suelen pagar una media de 1.000 euros al año, que suelo usar para abonar los pastos por los que me cobran. Los técnicos de la Junta de Andalucía evalúan a final de año cómo han quedado las zonas y, según eso, nos pagan”. Cree que estas ayudas son un primer paso, pero hay margen de mejora: “Debería haber cada vez más pastores haciéndolo, pero no lo dotan de más partidas presupuestarias. Y es una pena, porque prevenir es 10 o 15 veces más barato que apagar incendios”. Delgado cree que las cantidades son muy pequeñas y dice que, en Andalucía, el precio no se ha actualizado desde 2007; aumentarlas, afirma, ayudaría a frenar el abandono de la ganadería extensiva.
¿Cómo funciona? Lo explica Jorge Izquierdo (62 años), que lleva a sus 3.000 ovejas, 40 cabras y alrededor de 600 vacas por Colmenar Viejo (Madrid): “Un ingeniero de montes de los bomberos nos enseña las fajas que hay que limpiar en un mapa. El retén forestal lo desbroza y nosotros hacemos mantenimiento con las ovejas para que no crezca la vegetación. El pastoreo en la faja puede durar 20 días, pero no puedes estar ahí todo el tiempo, porque la oveja se come lo que le interesa y lo que no le gusta tarda en comerlo”. En su caso, suele cobrar de 2.000 a 4.000 euros al año por estos servicios ecosistémicos.
Es lo mismo que hace Álvaro Martín Prieto, de 52 años, que con sus 400 ovejas limpia montes por Madrid —a veces llega hasta la Casa de Campo—, por lo que recibe unos 5.000 euros anuales: “El monte no se puede mantener sin los pastores. Los terrenos de media montaña, con poca agricultura, han sido abandonados, y ya en los veranos no hay una huerta, un prado segado, nadie hace leña, y al final se queman hasta los pueblos”.
Se hace también en Extremadura, que paga de 107 a 133 euros por hectárea de cortafuegos, a veces con un desbroce previo. “El programa sirve como prevención activa de incendios forestales, y además facilita a los pastores de caprino infraestructuras ganaderas en aquellas zonas que presentan mayor riesgo de incendio forestal”, señala un portavoz. Mientras, en la Comunidad Valenciana puede llegar a los 120 euros por hectárea, con un máximo de 8.000 euros por pastor.
Otro tanto impulsa el Cabildo de Gran Canaria, que paga a unos 40 pastores por crear lo que denomina como paisajes mosaico. “Los pastores van a las zonas designadas, que tienen alto riesgo de incendios, y pastorean ahí. Nosotros lo certificamos con GPS. Las ayudas pueden llegar a los 12.000 euros al año, lo que les sirve de ingreso complementario”, apunta Raúl García Brink, consejero de Medio Ambiente del Cabildo.
En Galicia tienen un proyecto, Life —con fondos europeos—, que contempla “un pago único compensatorio por mantener limpias durante 30 años 30 hectáreas de montes vecinales en Vilar de Gomareite (Ourense)”, como cuenta Serafín González, de la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC). Allí, Samuel Formoso lleva a pastar sus vacas: “Mantienen la vegetación a raya y ayudan a salvar el cardiño da lagua (Eryngium Viviparum)”, apunta Formoso, que cede los 68.000 euros del pago a la Comunidad de Montes vecinales de la zona para recuperar el terreno, antes degradado.
Rebaños de fuego
En Cataluña, Ramats de Foc (Rebaños de fuego) impulsa un sello para reconocer los servicios ecosistémicos de los ganaderos. “Es un distintivo que se muestra en carne, quesos o leche cuyos rebaños ayudan a gestionar el territorio”, dice Merlès Martínez, coordinadora del proyecto de la Fundación Pau Costa. Ya se han sumado unos 100 rebaños. “Estamos intentando impulsar el pago por servicios ecosistémicos, que es imprescindible para el mantenimiento de los paisajes y la biodiversidad, y queremos que sea de unos 400 euros por hectárea. Si la administración tuviera que hacerlo, le costaría de 800 a 1.000”, añade Martínez. La decisión depende de la Generalitat de Cataluña.
De vuelta a la Sierra Norte de Madrid, Laura Martínez se protege del fuerte viento, mira a su rebaño y hace una reflexión similar: “Un retén forestal vale mucho más que limpiar el monte con cabras y ovejas. No nos pagan lo mismo que a las máquinas, pero sí es importante que le den valor al trabajo que hacemos”. Robles, del CSIC, concluye: “El monte no se puede mantener sin pastores, son los vigilantes de la montaña. Para ellos, el pago por los servicios ecosistémicos es un reconocimiento y una motivación”.
VIERNES SANTO
Ayer fui un día raro, Jueves Santo, del amor fraternal. No hice nada, l-i-t-e-r-a-l. Bueno, cociné -el ramen estaba muy bueno, me otorgué un 10 al plato-, leí un rato, me eché una siesta, vi la película "Pillion", que no me gustó y procrastiné con el trabajo, no termino una memoria atragantada. Acabó este día de fiesta viendo una española en NETFLIC, "53 Domingos", una suerte de obra de teatro con 4 actores que, la verdad, me aburrió y no terminé, yéndome a la cama a las 22:30h, como en los oscuros tiempos del Ayuntamiento.
Tras un sueño reparador -con muchas pesadillas también- empiezo este Viernes Santo con más ganas, a ver, nunca se sabe lo que finalmente deparará el día. Por lo pronto no hay calima, el cielo luce azul y la tórtola continúa empollando. Hoy prepararé una tortilla de papas para almorzar.
Todavía no he tenido fuerzas para abrir el periódico y enfrentarme con las noticias desesperanzadoras de hoy, aunque sé que finalmente encontraré alguna positiva, así soy.
jueves, 2 de abril de 2026
SOBRE EL ACOSO ESCOLAR
El acoso escolar no empieza en la escuela
La sociedad debería preguntarse no solo qué pasa en los colegios, sino qué formas de relación se están normalizando fuera de ellos.
Kike Esnaola, 02.04.2026
Llevamos varias décadas nombrando, señalando y tratando de abordar el complejo fenómeno del acoso escolar. Campañas de sensibilización, charlas, protocolos de actuación. Sin embargo, cada curso volvemos a ser testigos de historias que muestran que la problemática sigue produciéndose con una intensidad preocupantemente similar. Quizá esto pueda tener que ver con que seguimos abordando el fenómeno desde algunas premisas que generan tranquilidad social, pero que resultan profundamente engañosas.
El acoso escolar no es tan diferente de muchas situaciones de hostigamiento que las personas adultas experimentamos en distintos ámbitos de la vida: la familia, el trabajo, los grupos de amistad o las relaciones de pareja. La mirada social hacia el acoso escolar sigue estando impregnada de cierto adultocentrismo: tendemos a pensar que “eso del acoso escolar” es algo que ocurre exclusivamente entre niños y adolescentes, sin vincularlo con dinámicas cercanas, familiares e incluso con comportamientos en los que, en determinados momentos, también podemos participar.
Aceptar esta idea resulta incómodo, pero es necesario: las conductas de acoso no pertenecen exclusivamente a una minoría de menores especialmente problemáticos. En determinadas circunstancias, cuando el contexto lo permite o incluso lo premia, las personas podemos participar —de forma activa o pasiva— en dinámicas de exclusión, ridiculización o humillación. A veces ocurre a través de burlas aparentemente inofensivas; otras, mediante silencios que legitiman lo que está sucediendo; y, en ocasiones, mediante la difusión de comentarios o contenidos que refuerzan la estigmatización de alguien en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, nos resulta complicado mirar hacia estos hechos, probablemente porque nos cuesta diferenciar conductas de identidades. Hablamos de “los acosadores” y “las víctimas” como si se tratara de categorías fijas que pertenecen solo a un tipo de personas, cuando en realidad muchas de estas dinámicas son situacionales y relacionales. Esta simplificación nos tranquiliza: si quienes acosan son “otros” —personas claramente diferentes a nosotros o a nuestros hijos—, no necesitamos revisar nuestras propias prácticas ni preguntarnos en qué contextos pueden aparecer determinadas conductas. Sin embargo, reducir el problema a identidades rígidas invisibiliza algo fundamental: una misma persona puede ocupar posiciones distintas en diferentes momentos y grupos, y muchas situaciones de acoso se sostienen precisamente porque quienes participan no se perciben a sí mismos como agresores, sino como parte de una dinámica grupal que consideran normalizada.
No podemos olvidar la dimensión contextual en la que crecen los niños y adolescentes de hoy. En los últimos años estamos asistiendo a la consolidación de estilos de liderazgo político y mediático en los que la humillación pública, la ridiculización o la violencia hacia el adversario se presentan como formas legítimas de relación —un estilo visible, por ejemplo, en figuras como Donald Trump—. Cuando estas formas de interacción se televisan, se viralizan y circulan con escasas consecuencias visibles, el mensaje implícito que reciben quienes están aprendiendo a relacionarse resulta difícil de ignorar. En ese contexto, el acoso escolar deja de ser únicamente un fenómeno que ocurre dentro de la escuela para convertirse también en el reflejo de una cultura relacional más amplia que legitima la dominación simbólica de unas personas sobre otras.
No podemos abordar el acoso en los centros educativos disociando el fenómeno del tejido cultural en el que sucede, olvidando que todas las personas podemos participar en dinámicas abusivas o tratando las conductas como si fueran identidades absolutas. Tampoco deberíamos caer en la trampa de esperar que unas medidas correctivas —sanciones disciplinarias, cambios de grupo, protocolos activados tras el daño— puedan revertir el problema si no se produce un cambio en la forma en que las diferentes partes involucradas nos posicionamos frente a la problemática. Las medidas disciplinarias pueden detener un episodio concreto, pero difícilmente transforman los climas relacionales que lo hacen posible. Reducir el acoso exige algo más incómodo y menos inmediato: revisar los modelos de relación que transmitimos, los mensajes que reforzamos en la vida cotidiana y los espacios en los que, de manera explícita o silenciosa, seguimos enseñando que pertenecer puede depender de señalar a alguien como el que sobra.
Quizá una de las preguntas más necesarias hoy no sea únicamente qué ocurre en los patios escolares, sino qué formas de relación estamos normalizando fuera de ellos. El acoso no empieza el día en que un menor insulta a otro en el aula; empieza mucho antes, en los lugares donde aprendemos quién merece respeto, qué conductas generan reconocimiento y qué silencios permiten que el daño se produzca sin consecuencias.
PEYVAND NAEIMI
Una campaña internacional trata de salvar de la ejecución a un joven iraní de la minoría bahaí
Peyvand Naeimi, capturado en enero durante las manifestaciones contra el régimen, ha sido sometido a ejecuciones simuladas y tortura y forma parte de una religión perseguida desde la fundación de la República Islámica en 1979.
Ana Puentes, 02.04.2026
La Comunidad Internacional Bahaí (BIC) libra una batalla contra el reloj para salvar la vida a Peyvand Naeimi, un joven iraní de 30 años que, según denuncian, ha sufrido al menos dos simulacros de ejecución y toda clase de torturas en un centro de detención de la Guardia Revolucionaria Islámica. El joven bahaí fue capturado el 8 de enero, en el marco de las protestas contra el régimen que fueron duramente reprimidas. Simin Fahandej, representante de la Comunidad Internacional Bahaí ante Naciones Unidas en Ginebra alerta, en una llamada con EL PAÍS, de que Naeimi “corre el peligro de ser ejecutado en cualquier momento”. Eurodiputados, la delegación de EE UU en la ONU y hasta celebridades han exigido la liberación del joven que trabaja como adiestrador canino.
Naeimi, asegura el BIC y su familia, no participaba de la rebelión civil. Pero sí forma parte de una minoría religiosa que es perseguida, desde 1979, en la República Islámica, como lo han documentado Human Rights Watch, Amnistía Internacional y un relator especial de la ONU. El bahaísmo es una religión monoteísta que tiene más de siete millones de fieles en todo el mundo y que nació en el siglo XIX en Persia. En Irán, hay al menos 300.000 bahaíes y, según un informe del antiguo relator especial para ese país, al menos 200 han sido ejecutados por motivos religiosos.
Aunque no es el único detenido ―el BIC calcula que actualmente hay entre 50 y 60 bahaíes en la cárcel―, su caso ha encendido las alarmas del BIC por las prácticas de represión. También porque es uno de los más recientes ejemplos del uso bahaíes chivos expiatorios. “Buscan vincularlos con las protestas y así justificar una mayor persecución contra ellos. Es un patrón del Gobierno iraní que hemos visto a lo largo de las décadas”, explica Fahandej a este diario. Detenciones como estas, asegura la representante, también han ocurrido en 2009, durante el Movimiento Verde; en 2022, en el levantamiento por la muerte de Mahsa Amini; y en 2025, durante la guerra de los 12 días. Fahandej alzó nuevamente la voz por esta situación el pasado 31 de enero ante la ONU.
Naeimi, según asegura el BIC en un comunicado, fue detenido el pasado 8 de enero bajo “acusaciones falsas” de haber instigado disturbios. Según el testimonio de una de sus familiares, fue detenido sobre las 14.00, horas antes de que comenzarán las concentraciones en una de las fechas más letales de la rebelión civil. El balance oficial reportó 3.117 muertes durante el levantamiento; pero la organización de derechos humanos HRANA sostiene que la cifra ronda los 7.000. Sus cálculos también apuntan a 53.000 detenciones. Hay jóvenes, como el campeón de lucha libre Saleh Mohammadi, que ya han sido ejecutados por el delito de “enemistad contra Dios”.
En febrero, Naeimi pudo hacer tres breves llamadas a su familia. “Le contó a sus padres que no sabía por qué estaba detenido. Se le escuchaba cansado y les dijo que diría o haría lo que ellos [la Guardia Revolucionaria] quisieran. Era muy claro que estaba bajo mucha presión”, relata por llamada telefónica a EL PAÍS una familiar que vive en Irán y que pide que se proteja su identidad por seguridad. “Les dijo también: ‘si me ejecutan, no estén tristes”.
El 1 de febrero, Naeimi apareció en la televisión estatal con el rostro difuminado. En una confesión forzada, como la califica el BIC, reconoció su supuesta participación en las protestas. “La entrevista era conducida por Ameneh Sadat Zabihpour, que es conocida como ‘la interrogadora’ y ha sido sancionada internacionalmente por violar los derechos humanos”, cuenta la familiar de Naeimi. “Mi primera reacción al ver ese vídeo fue de miedo y preocupación. Solo podía pensar en las cosas que debieron hacerle para ponerlo delante de la cámara”, agrega.
El 28 de febrero, las autoridades le acusaron de estar implicado en la muerte de tres agentes de las fuerzas paramilitares Basij durante las manifestaciones y de haber celebrado la muerte del líder supremo, Ali Jameneí. No obstante, señala el BIC, Naeimi ya estaba recluido en el momento en que se produjeron los hechos. La familia ha hablado con él una vez más por teléfono y lo ha visitado en la cárcel en una ocasión.
Desde mediados de marzo, según las denuncias, Naeimi “ha sido sometido a torturas constantes y severas, interrogatorios y privación de alimentos y agua”. Las dos ejecuciones simuladas, en las que los captores les ponen la soga al cuello e imitan el proceso antes del ahorcamiento, son empleadas “con el objetivo de obtener una confesión falsa”. Actualmente, el joven iraní permanece en régimen de aislamiento en la prisión de Kermán. No se ha celebrado un juicio.
“Este es solo uno de los episodios de la historia de persecución que él ha sufrido como bahaí en Irán ”, agrega su pariente. A Naeimi, según su relato, no se le permitía participar grandes competiciones deportivas cuando era niño, no pudo ir a la universidad ni mantener por mucho tiempo su negocio de entrenamiento canino.
Human Rights Watch ha documentado que esta minoría no solo se enfrenta a represiones violentas, sino a barreras para acceder a la educación, empleos públicos, crear sus propios negocios, jubilarse o disfrutar de servicios sociales.
Poca información en medio de la guerra
El rostro de Naeimi no es el único que se ha visto en televisión estatal. Otra joven de 28 años, Venus Hossein Nejad también fue detenida y forzada a confesar que había organizado las revueltas. Aunque fue liberada hace unos días, la comunidad teme que vuelva a ser capturada.
Susana Díaz, de la Oficina de Asuntos Públicos de la Comunidad Bahaí de España, alerta de que las ejecuciones simuladas era una tortura que no se veía hace décadas.
Díaz advierte, además, de que la cifra de bahaíes detenidos durante las protestas de finales de 2025 y principios de 2026 podría ser mayor. “Hay familias que tienen miedo y no quieren denunciar (detenciones), porque se les amenaza”, explica Díaz por teléfono. Otra dificultad a la hora de documentar los casos y de verificar el estado de los bahaíes detenidos debido a los cortes de internet y de líneas telefónicas. Desde el inicio de la ofensiva de EE UU e Israel contra Irán, el país está sumido en un apagón virtual que algunos tratan de sortear con conexiones por VPN.
La comunidad bahaí también teme por la seguridad de los prisioneros en medio de la actual ofensiva de EE UU e Israel. Oenegés como Amnistía Internacional y el Centro para los Derechos Humanos en Irán han alertado de que la vida de los presos políticos y otros detenidos corre peligro en medio de los bombardeos y la crisis del régimen, por lo que han pedido a la comunidad internacional presionar por su liberación.
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