martes, 30 de junio de 2026
395 VS. 530
La archidiócesis católica de San Francisco acuerda pagar 395 millones ante 530 denuncias por pederastia
La iglesia católica de San Francisco ha acordado pagar para finiquitar más de 500 demandas por presuntos abusos sexuales a menores por parte de responsables eclesiásticos.
Andrés Gil, 30.06.2026
La archidiócesis católica de San Francisco ha acordado pagar 395 millones de dólares para finiquitar más de 500 demandas por presuntos abusos sexuales a menores por parte de responsables eclesiásticos, según informaron el lunes los abogados de los demandantes.
El arzobispo de San Francisco, Salvatore Cordileone, tendrá que escribir una carta de disculpa a cada víctima como parte del acuerdo.
El acuerdo también exige a la archidiócesis que aplique una serie de reformas en materia de protección infantil y transparencia, incluida la creación de una lista de clérigos acusados de abusos, según explicó Jeff Anderson, abogado que representa a decenas de víctimas de abusos sexuales infantiles, informa AP.
El acuerdo se produce tres años después de que la archidiócesis se declarara en quiebra, y afectará a aproximadamente 530 víctimas de abusos sexuales infantiles, señala Anderson.
Se trata del último acuerdo alcanzado en relación con las denuncias de abusos sexuales por parte del clero.
En 2024, la archidiócesis de Los Ángeles aceptó un acuerdo récord de 880 millones de dólares.
Varias archidiócesis de California se declararon en quiebra tras enfrentarse a cientos de demandas interpuestas al amparo de una ley californiana aprobada en 2019 que permitía presentar reclamaciones por casos ocurridos décadas atrás.
Cordileone, el arzobispo, afirmó en un comunicado que cree que el acuerdo ofrece “un camino hacia una indemnización justa para las víctimas que han soportado el peso de estos abusos durante toda su vida. La esperanza es que esta propuesta nos permita, colectivamente, seguir adelante”.
“Asumimos toda la responsabilidad por lo ocurrido, y pido sinceras disculpas a todos aquellos que han sufrido daños”, añadió Cordileone.
Margie O’Driscoll demandó a la archidiócesis alegando que sufrió abusos sexuales hace casi 50 años por parte de un sacerdote mientras era alumna del instituto Marin Catholic High School en Kentfield, una localidad situada al norte del puente Golden Gate. Afirmó que el acuerdo se ha conseguido tras una dura lucha y que atribuye la responsabilidad a los responsables de la Iglesia, no a los supervivientes.
“Yo, como todas las víctimas, he cargado con este dolor y esta vergüenza como si fueran una bola y una cadena durante mucho, mucho tiempo”, dijo O’Driscoll durante una rueda de prensa, informa AP: “Avergonzada y confundida por lo que ocurrió, despreciada por la archidiócesis y, a veces, sin que ni siquiera mi familia y amigos me creyeran; y creo que hoy la vergüenza va a cambiar de bando”.
La archidiócesis de San Francisco atiende a unos 440.000 católicos en los condados de San Francisco, Marin y San Mateo.
Anderson señaló que un comité de víctimas, que ha dedicado miles de horas durante los últimos tres años a negociar con Cordileone, está facultado para establecer protocolos sobre cómo distribuir los fondos. Afirmó que cada víctima tendrá la oportunidad de presentar su historia de abuso a un responsable de la asignación contratado por el comité para recibir lo que, según Anderson, será “una distribución equitativa basada en las circunstancias únicas de cada caso”.
Además de los fondos, la archidiócesis estará obligada a cumplir 14 exigencias en materia de protección infantil y transparencia, entre las que se incluye mantener y hacer pública una lista exhaustiva y actualizada de todo el clero acusado, en la que se detallen las denuncias y los resultados de las investigaciones. Asimismo, se prohibirá a la archidiócesis imponer acuerdos de confidencialidad que silencien a las víctimas.
“Llevo décadas trabajando con víctimas y nunca había oído hablar de nada tan significativo, tan riguroso y tan sólido como lo que se le exige a la archidiócesis de San Francisco”, afirmó Anderson.
AHORA LES TOCA A ELLOS
Indignación entre los diplomáticos por las insinuaciones de PP y Vox sobre su complicidad en un supuesto fraude electoral
Alberto Virella, presidente de la asociación mayoritaria de la carrera, defiende la profesionalidad y honorabilidad del personal consular.
Miguel González, 30.06.2026
Los diplomáticos españoles están indignados. Un cuerpo de funcionarios del Estado tradicionalmente conservador y acostumbrado a afrontar con calma los sobresaltos de su tarea profesional, desde guerras a desastres naturales como los vividos en los últimos meses en Oriente Próximo y Venezuela, está agitado en las últimas semanas. Y esta vez su irritación no se dirige contra el Gobierno, sino contra quienes creen que están cuestionando sin base alguna su honorabilidad y profesionalidad por razones políticas a propósito de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que prevé la concesión de la nacionalidad española a los descendientes de españoles que emigraron a América Latina.
La puntilla a su malestar la ha dado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien este lunes los ha colocado en la diana. “Cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal. Y ahí queda el aviso”, dijo Díaz Ayuso en un coloquio organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).
La sorpresa entre los aludidos ha sido mayúscula. ¿Por qué iban los cónsules y funcionarios del servicio exterior a otorgar la nacionalidad española a quien no la merece? Más allá de algún caso aislado de corrupción o de un siempre posible error humano, no hay ningún indicio que avale los temores expresados por la presidenta madrileña. Sus palabras contribuyen, sin embargo, a extender la sombra de la sospecha sobre la limpieza de las próximas elecciones generales que empezó a esparcir el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien denunció la semana pasada en el Congreso que Pedro Sánchez prepara un supuesto “pucherazo” electoral, “manipulando el censo y regalando la nacionalidad española” a electores afines. A esta denuncia se ha sumado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha acusado al presidente del Gobierno de practicar “ingeniería electoral” con la aplicación de la conocida popularmente como ley de nietos.
Alberto Virella, presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), que agrupa al 60% de los miembros de la carrera en activo, defiende con firmeza la profesionalidad de sus compañeros y recuerda que “los diplomáticos y demás funcionarios destinados en los consulados que tramitan expedientes de nacionalidad se atienen estrictamente a la ley”.
Díaz Ayuso ha llegado a hablar de la multiplicación de “agentes gubernamentales en las embajadas españolas para jugar con las reglas del juego y el reparto de escaños”, obedeciendo a un supuesto plan del Gobierno para “cambiar el censo electoral”. Sin embargo, mientras no se cambie la normativa, el único responsable de conceder o no la nacionalidad española es el cónsul, un funcionario al margen del juego político que toma su decisión tras un meticuloso examen para comprobar si la documentación presentada por el solicitante cumple todos los requisitos legales.
Ante la multiplicación de insinuaciones sobre la limpieza del proceso de concesión de nacionalidades y el voto de los españoles residentes en el exterior, el llamado voto CERA (Censo de Españoles Residentes Ausentes), el presidente de los diplomáticos españoles echa en falta que el Ministerio de Asuntos Exteriores defienda “el buen trabajo, el rigor, la profesionalidad y el cumplimiento estricto de la legalidad por parte del personal consular” y que “explique el funcionamiento del sistema de voto a través de los consulados, facilitando aclaraciones e información, ya que se está poniendo de manifiesto desconocimiento sobre cómo funciona”.
El proceso para obtener la nacionalidad por parte de los nietos de españoles residentes en el exterior es complejo y garantista, según explican fuentes diplomáticas, por lo que, más allá de algún error o falsificación aislada, no es susceptible de sufrir un fraude masivo. El interesado tiene que aportar, en primer lugar, una copia literal de la partida de nacimiento del abuelo o abuela, un documento del registro civil español debidamente compulsado y sellado. A continuación, la partida de nacimiento del padre o la madre; el certificado de matrimonio entre ambos, si existe; y la partida de nacimiento del solicitante, que debe estar apostillada; es decir, legalizada para que tenga validez en el extranjero. La nacionalización de personas sin derecho a la ciudadanía española es posible, pero requeriría de una larga y costosa cadena de falsificaciones, explican las fuentes consultadas.
El problema radica en que los consulados se encuentran colapsados ante el alud de solicitudes presentadas, hasta 2,4 millones de las que más de medio millón ya han sido concedidas. Por eso, se ha sugerido la posibilidad de que alguna empresa pública colabore en el proceso de ordenación de la documentación presentada. Los diplomáticos afectados no ven inconveniente a esta colaboración, siempre y cuando se limite a tareas de apoyo y los cónsules conserven la última palabra sobre la concesión de la nacionalidad. Además, reclaman un sustancial aumento de plantilla para atender a las necesidades generadas por este notable incremento de la población española en el exterior.
Un ejemplo de la ignorancia que subyace al actual debate, señalan las fuentes consultadas, es la afirmación de Díaz Ayuso de que “el Gobierno no puede tener la facultad de asignar [a los nuevos españoles] provincias de manera arbitraria, según el recuento de votos, según donde le falten los votos necesarios para obtener el siguiente escaño”. Lo cierto es que el Gobierno no tiene esa facultad. Según Exteriores, es el propio interesado el que elige el municipio al que quiere ser adscrito a efectos electorales y esa elección se realiza en base a criterios objetivos: última residencia en España, de haber vivido en territorio nacional; municipio de mayor arraigo propio; municipio de mayor arraigo de sus ascendientes; y otros motivos, que deben ser especificados. El papel de los funcionarios consulares se limita a tramitar la declaración del solicitante ante la oficina del censo electoral.
Virella subraya que las dudas de interpretación generadas por la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática —la ley de nietos—, no las han resuelto los cónsules según su propio criterio, sino que han sido objeto de numerosas instrucciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia “en respuesta a las consultas y dudas planteadas por las oficinas consulares”.
Respecto al voto de los residentes en el exterior, fuentes diplomáticas recuerdan que las oficinas consulares recogen los votos emitidos por los españoles incluidos en el censo del CERA, bien de manera presencial o por correo, pero no realizan ningún recuento. “Nadie en el consulado sabe lo que han votado los residentes en su demarcación”, subrayan las mismas fuentes. “Nadie abre los sobres con las papeletas”, agregan. Estos se remiten cerrados a España por valija diplomática, legalmente inviolables, y son las respectivas juntas electorales las que realizan el recuento.
El problema del voto CERA, subrayan las mismas fuentes, no es una supuesta manipulación, sino el hecho de que, a pesar de que el trámite se ha simplificado tras la eliminación del voto rogado, el certificado de inscripción en el registro y el sobre prefranqueado para poder votar se envían por correo ordinario a los electores y en muchos países el servicio postal es tan deficiente que la documentación llega tarde y muchos españoles residentes en el exterior siguen sin poder ejercer en la práctica su derecho al sufragio.
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