El Pimelia canariensis es un escarabajo duro. Un panzer que puede sobrevivir en casa dos años comiendo galletas, según el biólogo Antonio Machado, especializado en coleópteros. Pero es una especie en peligro de extinción y no se la puede importunar, trasladar ni, mucho menos, tirarle la casa.
Después de sortear otras especies protegidas, como los sebadales, el megapuerto de Granadilla, situado al sur de Tenerife, se ha encontrado con este escarabajo. Un juzgado de Tenerife ha abierto una investigación al exviceconsejero de Medio Ambiente de Canarias Cándido Padrón, por haber autorizado el traslado de 17 de estos especímenes de las obras del puerto al paraje natural Montaña Roja.
La mudanza se realizó en diciembre de 2010 y varias organizaciones ecologistas —Greenpeace, Ben Magec-Ecologistas en Acción, ATAN, y EcoOceanos— lo llevaron a la fiscalía, que acaba de interponer su denuncia. El juez estudiará si el antiguo viceconsejero, miembro de la Agrupación Herreña Independiente Coalición Canaria, cometió un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, o un delito contra la Administración pública.
Padrón, que ahora es viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, prefiere no hacer declaraciones hasta recibir la notificación del juzgado.
Un biólogo contratado por la Autoridad Portuaria, encargada de las obras, dirigió el traslado de los 17 escarabajos endémicos de Tenerife. Los trabajos fueron supervisados por el Observatorio Medioambiental Granadilla (OMG), que dirige Antonio Machado, y por técnicos de la Consejería de Medio Ambiente de Canarias. Según el escrito del fiscal, había informes previos que lo aconsejaban desde el punto de vista técnico-biológico y no hubo una consulta jurídica previa para ver si estaban infringiendo alguna ley.
Tanto la Autoridad Portuaria, encargada de las obras, como el OMG aseguran que el traslado contó con todas las garantías. En la viceconsejería de Medio Ambiente inciden en que nadie impugnó estos trabajos. “Al año aproximado de hacerse apareció un informe que no fue pedido por ningún órgano”, relata José Fernández, director general de protección de la naturaleza del Gobierno de Canarias.
En ese escrito, que el juez maneja ahora, la propia viceconsejería consideraba que el traslado que ya se ha había hecho “no es autorizable”, aunque desde el punto de vista biológico no conllevara daño para los ejemplares. El escrito, firmado por Lourdes María Rodríguez, especificaba que esta especie está protegida frente a proyectos públicos y privados. “En ningún caso se prevé que una autorización (de traslado) se justifique por el alcance económico, social o cultural de un proyecto o actividad”, subrayaba. Las autonomías están obligadas a conservar las especies autóctonas silvestres y preservar sus hábitats, según la ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, de 2007. El artículo 52 prohíbe “dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres”, algo que incluye la “captura en vivo” y la “recolección y retención de sus nidos”.
“Todo lo que toca el puerto de Granadilla es espinoso”, considera el biólogo Antonio Machado. El organismo que dirige se creó por indicación de la Unión Europea para vigilar el impacto ambiental del proyecto de un puerto industrial en Granadilla.
Machado explica que los escarabajos fueron hallados durante una “expedición ordinaria” y el personal de este organismo realizó “un proyecto de traslocación muy completo” que atendía a “todas las sensibilidades”. “Advertimos de que este bicho está mal clasificado y que no está en peligro, ya que en media isla se le encuentra”, añade.
Las obras de este puerto se han topado ya con otras tres especies protegidas: la tortuga boba, la piña de mar y la seba. Con la seba, una especie de césped marino donde los peces desovan (de ahí su valor para los ecosistemas), se llegó a paralizar cautelarmente las obras en 2009 porque el Gobierno canario había rebajado el nivel de protección a esta planta marina. Hoy las obras continúan.
El megaproyecto del puerto de Granadilla, con 380 millones de presupuesto, pretende convertir a las islas en un puente para los contenedores entre América, Europa y África. Los ecologistas ponen todo su esfuerzo en demostrar que esta infraestructura dañará el medio ambiente y realmente no era necesaria.
La Autoridad Portuaria, en la que participan la comunidad y el Gobierno central, defiende que todo se ha hecho conforme a la ley e insiste en que, de las 10 denuncias que les han interpuesto hasta el momento —la de los escarabajos es la undécima—, todas están “cerradas”. “Las denuncias están recurridas y no cerradas”, responde Julián Cruz, abogado y miembro de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN).
En Ben Magec Ecologistas en Acción acusan a los responsables de estas obras de apartar todos los escollos ambientales con los que han tropezado y de justificar a toda costa la necesidad de la infraestructura. “A medida que les desmontamos los argumentos, vienen con otros distintos”, asegura Yasmina Encinoso, miembro de la ONG. Por el escarabajo Pimelia, al que ya hacían alusión los primeros informes de impacto ambiental, también están dispuestos a pedir que se paren las obras del puerto.
