Vox veta las ayudas al cine en Castilla y León a películas que “impliquen adoctrinamiento ideológico”
La consejería de Cultura modifica las bases para las subvenciones para prohibir la financiación pública a producciones audiovisuales que contengan “apoyo expreso a opciones políticas concretas”.
Juan Navarro, 20.10.2026
La consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, de alianza entre PP y Vox, ha incluido una cláusula en las subvenciones a la creación cinematográfica por la cual no se financiarán “actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”. El departamento, dirigido por Vox, ha publicado este criterio en las “subvenciones destinadas a financiar la preproducción, producción y distribución de largometrajes, documentales y de ficción, y pilotos de series de animación y de televisión” para el año 2026, si bien no aclara cómo analizará si las obras incluyen esos elementos. De momento, la Consejería no ha respondido a las preguntas de este diario sobre cómo se realizará esa evaluación.
El nuevo consejero de Cultura, Alberto Díaz Pico, nombrado el pasado junio, aseguró en su toma de posesión que iba a “combatir la ideologización” y se comprometió a que los españoles sean “los primeros”. También ha sostenido que la “progresía” había “ideologizado” la cultura en Castilla y León, territorio del PP desde 1987, y la catalogó de “sectaria”. Su predecesor, Gonzalo Santonja, también de Vox, cimentó su legislatura en proteger la tauromaquia.
La información ha sido adelantada por eldiario.es y alude a una publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León del pasado 9 de octubre. La orden que regula estas ayudas públicas autonómicas estipula nueve requisitos, siendo el último de ellos: “El beneficiario deberá desarrollar las actividades subvencionadas con pleno respeto a los principios de objetividad, neutralidad institucional, pluralismo y servicio al interés general, por lo que no podrán destinarse los fondos públicos concedidos al amparo de esta convocatoria a actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”.
No hay más apuntes sobre qué o quién determina si una producción entraña esas presuntas manipulaciones. El resto de los epígrafes aluden a aspectos más formales, como cumplir la normativa de personas con discapacidad, responsabilidad social en el gasto público, mantener solvencia económica o cumplir los tiempos de pago. Al tratarse de una orden de la Consejería, se puede aplicar de inmediato sin tener que ser debatida o votada en las Cortes, donde PP y Vox tienen igualmente mayoría.
La instrucción lanzada por Vox también implica la merma de la cantidad de la financiación que se daba de forma anticipada, ahora un 20% del total, frente al 25% en años anteriores. La publicación oficial recoge que las partidas autonómicas no superarán más de la mitad del presupuesto total de la obra y la productora que impulse la creación debe cubrir al menos el 10% de los costes.
Castilla y León cuenta con ocho productoras cinematográficas afincadas en su territorio, según datos de 2024 del Ministerio de Cultura. El año pasado la Junta otorgó 325.000 euros en ayudas públicas, repartidas entre 10 proyectos de entre los 42 que se presentaron, según la orden firmada el 24 de octubre por el entonces consejero, Gonzalo Santonja. Aunque la cuantía máxima permitida por cada filme era de 60.000 euros, ninguna de las obras seleccionadas la alcanzó: Las locas del obelisco, largometraje de Pablo Moreno sobre la fundación de la congregación religiosa de las Trinitarias, fue la que más obtuvo, con 39.765 euros.
Entre los otros largos financiados aparecen documentales sobre los paisajes del Bierzo, la peculiar pasión del pueblo de Peralejos de las Truchas por Bruce Springsteen, ritos fúnebres de la región, así como obras de ficción centradas en el pequeño habitante de una aldea de la España vaciada o la relación entre dos viejos amigos en un monasterio del norte de España. En 2024 hubo fondos para 14 proyectos, con una partida de 250.000 euros.
Vox ya demostró su capacidad censora en España desde que en 2022 entró por primera vez en un Gobierno autonómico, precisamente el de Castilla y León, y sobre todo cuando en 2023 entró de forma abrumadora en los ayuntamientos y otras comunidades nacionales. En 2022, Juan García-Gallardo, vicepresidente de la Junta como representante del partido de extrema derecha, acusó al festival de cine de Valladolid, la Seminci, de impulsar “la ingeniería social de género y verde” y pidió a sus organizadores que apostaran por un “cine sin ideología”.
Según ha declarado en sus redes sociales el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, “esta es la política cultural de Vox: más censura. Hoy lo hacen en Castilla y León y mañana querrán hacerlo desde el Gobierno de España. Frente a la censura y el control ideológico, vamos a defender la libertad de creación. También en las urnas”.
Mariela Besuievsky, presidenta de Aecine, la asociación que agrupa a las compañías productoras independientes de cine, explica: “Castilla y León cuenta con un enorme patrimonio cultural e histórico, una sociedad diversa y un gran potencial para el desarrollo de la industria audiovisual. Preservar la libertad de creación es fundamental para impulsar ese talento y favorecer un cine diverso y plural. Establecer límites al proceso creativo supone restringir la mirada de sus creadores y empobrecer las obras y la cultura de toda una región”. Y añade: “Desde el sector de la producción defendemos un cine libre, plural y capaz de contar historias desde todas las perspectivas. No nos gustaría que este fuera un patrón que se repita en otras comunidades ni a nivel nacional”.
Por su parte, la productora Guadalupe Balaguer, presidenta de Cima, la asociación de mujeres del audiovisual en España, y que acude este próximo fin de semana a la Seminci —que se inaugura este próximo viernes— con la serie Matar a un oso, asegura: “Desde nuestra asociación, vamos a seguir insistiendo para que no haya ningún tipo de sesgo ideológico ni que a nivel feminista se aplique ningún tipo de restricción en las ayudas públicas, porque nosotras defendemos un cine plural e inclusivo”. Y apostilla: “Es ruido político, porque creo que es materialmente imposible lograr que haya una censura en el mundo en el que vivimos”. Aunque subraya: “Proclamando que no va a haber criterios ideológicos, lo que en realidad están diciendo es que sí los va a haber”.
Un productor audiovisual de Castilla y León agraciado en los últimos años con estas ayudas ruega anonimato porque “solo faltaría” que ese dinero, del que solo han visto el anticipo, no llegara. Visto lo visto, comenta, “te pueden señalar”. “Todo es político, así que [esta medida] es una forma de censura, me parece una barbaridad”, critica esta fuente, quien se pregunta “cómo se tiene en cuenta eso” en cuanto a los criterios para determinar si una creación supera o no el baremo.
El consejero Alberto Díaz Pico ha sido coordinador de Servicios de Políticas Culturales en la Junta entre 2013 y 2022 y ejerció como técnico de la Dirección General de Deportes entre 2024 y 2026, en la misma consejería que ahora lidera. Pico puso al frente de la Fundación Siglo, con 30 millones de financiación y gran relevancia en la vida cultural autonómica, a la exasesora de Vox (2020-2024) Rebeca Arroyo, con pasado profesional en el ámbito jurídico-sanitario pero no en lo cultural.
En 2023, en Santa Cruz de Bezana (Cantabria), la extrema derecha retiró de la programación infantil de cine de verano la película Lightyear, de dibujos animados de Disney, donde dos mujeres se daban un beso al saludarse. También en Briviesca (Burgos) se vetó una obra teatral sobre el docente Antoni Benaiges, represaliado por sus métodos progresistas de educación y sobre el que se basa la película El maestro que prometió el mar. En Valdemorillo (Madrid) los ultras censuraron la obra Orlando, de Virginia Woolf, que aborda la fluidez de género y se considera una base de la literatura trans.
Este nuevo veto al cine se une a las quejas que el sindicato Comisiones Obreras emitió en verano porque la consejería de Cultura ordenó la supervisión de las publicaciones de redes sociales correspondientes a cuentas oficiales de bibliotecas de Castilla y León, algo que ha confirmado EL PAÍS con trabajadores de estos espacios culturales. El sindicato reprobó la “injerencia política incompatible con la autonomía profesional” sin que el consejero o nadie de su departamento se haya pronunciado al respecto. Pico sustituyó en el cargo a Santonja, también muy controvertido por fomentar intensamente la tauromaquia, proteger actividades relacionadas con los toros y elevar a la categoría de Bien de Interés Cultural la conocida como Pirámide de los Italianos, un monumento del fascismo italiano en el norte de Burgos a soldados de Benito Mussolini que murieron durante su apoyo al franquismo en las batallas del norte en la Guerra Civil.













