Todo el poder para la derecha
La preocupación no es que la izquierda pierda su mayoría en el Constitucional, sino que no quede ya ningún contrapeso institucional relevante.
Máriam Martínez-Bascuñán
Por primera vez en democracia, el principal partido de la derecha negocia con la extrema derecha antes de que los ciudadanos hayan votado. Y lo hace a la vista de todos, discutiendo provincia por provincia dónde conviene que uno de los dos se retire para no estorbar al otro. Cabría esperar que dos partidos que aspiran a gobernar juntos empezaran por ponerse de acuerdo en algo que cambie la vida de los ciudadanos, por ejemplo, una política de vivienda o una reforma fiscal. Pero resulta que el primer proyecto común que se proponen, sin que Feijóo se moleste en disimular, es alcanzar en el Senado la mayoría que les permita renovar el Constitucional sin contar con nadie más. Lo que cohesiona este bloque, pues, es la voluntad de hacerse con los contrapoderes, un patrón que hemos visto en las democracias que se han deslizado hacia el iliberalismo. Y no hace falta exagerar ni hablar de Hungría para señalar que el orden de prioridades es revelador. La Constitución exige una mayoría de tres quintos para que las Cámaras propongan a los magistrados del Constitucional. La razón es bastante sencilla, aunque hoy pueda parecer ingenua: que la mayoría que aprueba las leyes no pueda elegir por sí sola a quienes tienen el poder de anularlas. En diciembre del año pasado venció el mandato de cuatro magistrados cuya renovación corresponde al Senado, dos del sector progresista y dos del conservador, y lo que habría correspondido, como es costumbre, era un acuerdo por el que los dos grandes partidos pactaran los cuatro nombres, de manera que el tribunal conservara su equilibrio. El PP, que no habría cedido un solo puesto, ha preferido usar su mayoría en el Senado una y otra vez para ampliar el plazo de las candidaturas, y hoy se entiende mejor por qué. Si la derecha alcanza los tres quintos el 29 de noviembre, podrá nombrar a los cuatro.
Se puede alegar que la izquierda hizo lo mismo antes, cuando el PSOE y el Frente Amplio registraron sus listas conjuntas al Senado, y es cierto que ambas operaciones obedecen a una misma aritmética, pero no a los mismos socios ni a la misma historia. En la candidatura de la izquierda no están Junts, ERC o Bildu, partidos más alejados del marco constitucional. Recordemos que Vox cuestiona el Estado autonómico, la legislación contra la violencia de género y la igualdad de las personas migrantes, y forma parte de Patriotas por Europa, la familia política que impulsó Orbán y cuyo modelo de gobierno consistió precisamente en neutralizar los contrapoderes. Vox llegó a proponer la supresión del Constitucional, y su relación con el tribunal ha sido siempre la de quien lo instrumentaliza como arma política y lo desprecia cuando no le da la razón. Lo que está en juego aquí, en todo caso, no es tanto la mayoría del tribunal como la posibilidad de que un mismo bloque concentre el Gobierno, las dos Cámaras, casi todo el poder territorial y el Constitucional. La preocupación no es que la izquierda pierda su mayoría en el tribunal, sino que desaparezca el último lugar donde una mayoría puede ser frenada, que no quede ya ningún contrapeso institucional relevante. La condición que hace legítima esa resistencia, por supuesto, es que no degenere en un bloqueo como el que el PP ha mantenido en esta legislatura. Por eso la izquierda haría bien en comprometerse desde ahora a negociar la renovación. Porque cuando un tribunal de garantías se convierte en un trofeo electoral, da bastante igual quién lo gane. Lo que queda tocado es precisamente aquello para lo que existe: poder decirle que no a quien te ha nombrado.
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