Me pregunto cómo no se les habrá ocurrido en la Comunidad de Madrid utilizar un trozo de tela como lo que hicieron los nazis con los judíos durante los albores de la 2ª Guerra Mundial y en la propia guerra, con lo cómodo que era. Así, mientras caminas por la Gran Vía, por ejemplo, si eres inmigrante lo podrá saber todo el mundo en el acto.
Prioridad regional
Además de xenófoba, la medida que quiere plantar la Comunidad de Madrid en materia de transporte demuestra un profundo desprecio por lo público, que pasa a concebirse como algo fragmentario y excluyente.
Pilar Mera, 16.06.2026
“Quien está en Madrid es de Madrid”, dijo León XIV hace apenas una semana. Pero quienes compraban con entusiasmo el 100% de su discurso no han tardado ni un día en enmendarlo. El viernes, mientras el Papa volvía a Roma, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicaba como requisito para conseguir la tarjeta personal de transporte público la obligación de estar empadronado. La exigencia llega, no por casualidad, cuando el abono de transportes se ha convertido en un papel clave para el proceso de regularización extraordinaria abierto por el Gobierno de Pedro Sánchez. Una manera sencilla de justificar arraigo y permanencia continuada en territorio español se convierte, de pronto, en una meta imposible. La “prioridad nacional” se disfraza de prioridad regional. Madrid ya no somos todos.
La medida estaba prevista desde 2011, justifican desde la Comunidad. Que 15 años no son nada, podría cantarles Carlos Gardel. La otra cantinela que ha resonado estos días es que los madrileños solo subvencionan a los madrileños. Como si el abono no incluyese el cercanías, transporte de titularidad nacional. Como si los no residentes que trabajan y pagan sus impuestos en Madrid no contribuyesen también a la parte comunitaria. Como si las políticas de subvención del transporte público no partiesen del Gobierno central. Como si lo público fuese un cajero de ida y vuelta.
Analizada en profundidad, la medida no solo destila xenofobia. En el fondo late un profundo desprecio por lo público, que pasa a concebirse como algo fragmentario y excluyente, desde una ideología que apuesta por subvencionar al que más tiene y reducir la cobertura del Estado a una caridad malentendida. Y que nadie se queje, encima de que recibe limosna. Es la misma filosofía con la que Vox propone reducir a tres los tramos del IRPF. Una medida que iguala a quienes cobran 22.000 euros con quienes ganan 69.000. Que reduce en casi 20 puntos la tributación de quienes ganan 300.000. Que haría caer a la mitad los ingresos del Estado. Ya se sabe. El que tiene, que se pague su sanidad, su educación, sus cuidados… El resto, que se apañe con lo que pueda recibir el Estado o que se aguante. Un razonamiento similar a quien propone reducir las pensiones como respuesta a que la renta de los pensionistas supere a la de los jóvenes. Que las pensiones se actualicen, y los salarios no, debe ser un detalle sin importancia.
A ver si al final vamos a descubrir que la batalla cultural es sobre todo material.
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