Se llama discriminación
Con Castilla y León, el PP ha aceptado tres veces ya que Vox le imponga el concepto xenófobo de la “prioridad nacional”.
EL PAÍS, 04.06.2026
Gracias al PP, la extrema derecha entró hace cuatro años por vez primera en un Gobierno regional. Fue en Castilla y León, la misma comunidad autónoma donde ayer los populares y Vox suscribieron un nuevo acuerdo por el que Alfonso Fernández Mañueco renovará su cargo de presidente autonómico. Ahora ya no es ninguna novedad. Después de Extremadura y Aragón, este es el tercer pacto consecutivo en el que, para seguir en el poder, el PP acepta unas condiciones que consagran una idea que contempla en su origen la discriminación entre nacionales y extranjeros.
Los tres textos calcan las mismas palabras para defender la llamada “prioridad nacional” en el acceso a ayudas públicas, el eufemismo del partido de Santiago Abascal para defender lo que no es más que impúdica xenofobia contra los inmigrantes irregulares y contra los extranjeros que viven legalmente en España. Con el beneplácito del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tres comunidades que suman más de 4,8 millones de habitantes abren la puerta a discriminar de esta forma a ciudadanos y residentes. Unos de primera, otros de segunda.
La “prioridad nacional” es el principal punto de un decálogo en materia migratoria que los tres pactos repiten y que incluye medidas como expulsar de España a los menores inmigrantes, eliminar las ayudas a las ONG que atiendan a extranjeros y endurecer el régimen disciplinario de los centros de menores. El PP sigue sin explicar cabalmente cómo piensa conjugar lo que rubrica en estos acuerdos con las leyes españolas, comenzando por la Constitución. En las tres comunidades, además, las políticas relativas a la inmigración y las ayudas sociales dependerán de las carteras en manos de la extrema derecha.
Feijóo defiende que la “prioridad nacional” no discrimina entre nacionales y extranjeros sino que solo da preferencia, al asignar recursos públicos, a quienes demuestren “arraigo real, duradero y verificable”, y esta interpretación podría encajar en la legalidad. Pero las palabras no son inocentes. El aliado con el que los populares se han habituado a pactar, y con el que cuentan para regresar a La Moncloa, es un partido que acaba de hacer ostentación de su presencia en Portugal en un foro con supremacistas tan radicales que incluso una parte de la extrema derecha europea marca distancia con ellos. Vox no. El propio Abascal ha respaldado una iniciativa para plantear a Bruselas la deportación masiva de ciudadanos “no europeos”, sea cual sea su situación legal, porque ponen en peligro la “continuidad étnica” de Europa. Ese es el partido con el que el PP ha gobernado varias comunidades, con el que vuelve a hacerlo sin complejos y con el que puede verse abocado a pactar en Andalucía para que Juan Manuel Moreno Bonilla siga presidiendo la Junta. La negociación en la comunidad más poblada del país no ha empezado realmente, pero Vox insiste que seguirá el mismo camino. En campaña, Moreno desdeñó la prioridad nacional como un “eslogan hueco”. Pero eso fue antes de que las urnas le dejasen sin mayoría absoluta. Andalucía será la prueba de fuego real de qué idea de la convivencia defienden los populares.
Ni las instituciones, ni los partidos, ni la sociedad pueden tomarse a la ligera la retórica xenófoba del “los españoles primero”. Es hora de que Feijóo clarifique si, en caso de necesitar a Vox para llegar al poder, asumirá la “prioridad nacional”. Algunos de sus barones autonómicos ya creen natural hacerlo. Pero es una idea que nunca nadie debería normalizar, y menos quien aspirar a gobernar España.
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