Lo que ocurre en Europa con la posible deportación a Ruanda de inmigrantes recuerda más que levemente a lo acontecido durante la Segunda Guerra Mundial, donde no sólo hubo campos de concentración (o de internamiento, siempre hubo eufemismos) en Alemania, también en Francia y España para judíos o en Estados Unidos para japoneses, estos estadounidenses en su mayoría o residentes en la costa oeste, expulsándolos posteriormente del país por considerarlos una amenaza de seguridad y sin juicio previo. Hoy tenemos al ICE, más de lo mismo.
En Francia la cosa fue seria también, tras el armisticio de 1940, el régimen de Vichy utilizó campos como el Campo de Gurs y Rivesaltes para internar a judíos (especialmente extranjeros) junto a otros grupos. Desde el verano de 1942, las autoridades de Vichy deportaron a miles de judíos internados hacia centros de exterminio como Auschwitz.
En España, muchos judíos entraron de forma legal o clandestina por los Pirineos para escapar del Holocausto, aunque algunos quedaron internados o expuestos a expulsiones según el momento político. En Miranda de Ebro se crea en 1937 un campo franquista donde se retuvo a miles de refugiados extranjeros que cruzaban la frontera huyendo del nazismo, incluidos judíos, junto a republicanos y combatientes aliados.
Ya no hace falta leer Historia de Europa para encontrarnos con estas barbaridades, baste simplemente ahondar un poco en las políticas antimigratorias de muchos países del continente, Unión Europea incluida. Los primeros que dieron "ejemplo" fueron Inglaterra, a Ruanda, e Italia, a Albania. Ahora se unen a esta lista negra Alemania -que parece no recordar su pasado nazi, o precisamente por eso mismo-, Austria, Dinamarca, Gracia y Países Bajos, todos también expulsándolos parea recluirlos en Ruanda.
Asistimos impávidos a esta serie de noticias aterradoras sobre el fututo (presente) de la humanidad y de su falta de solidaridad. De nada han servido novelas como "1984" de Orwell, series como la británica "Years and years" o películas distópicas como "Los juegos del hambre". ¿Acaso dudamos ya el fin a la que se aboca el mundo tal y como lo conocemos ahora? Más alto son los postes y los mean los perros.
Me río yo del Imperio Romano, el Arqueménida, Mongol, Azteca, Inca y tantos otros...
Pero no podemos, debemos, perder la esperanza, parece que no todo está escrito.
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Los expertos vaticinan que los jueces tumbarán el pacto europeo para deportar migrantes a Ruanda
Medio centenar de ONG instan a retirar el acuerdo de Alemania, Austria, Dinamarca, Países Bajos y Grecia con el país africano.
Claudi Pérez, 21.11.2026
Marejada política y judicial por los planes de Alemania, Austria, Países Bajos, Dinamarca y Grecia para crear centros de deportación en Ruanda. El eufemismo anglosajón para ese pacto de la vergüenza, return hubs [centros de devolución], está destinado a los solicitantes de asilo que vean rechazada su petición en Europa. La Comisión Europea patrocina esa iniciativa, que aparecía en el programa del PP europeo en las últimas elecciones a la Eurocámara. Una cincuentena de organizaciones no gubernamentales han instado ya a Bruselas y a esos cinco gobiernos —con partidos de centroderecha y centroizquierda al frente— a que retiren la propuesta. Eso no va a suceder. Al contrario: hay varios países (se han filtrado planes embrionarios de Malta y Suecia, pero puede haber muchos más) que preparan medidas similares.
Y, sin embargo, en otras capitales, singularmente París y Madrid, el malestar es mayúsculo. E incluso en Bruselas puede agriarse ese debate: la vicepresidenta de la Comisión Europea, la socialista española Teresa Ribera, ha expresado su desagrado por el hecho de que Europa “emule a [Donald] Trump o a [Nayib] Bukele”.
Más allá de la política, los expertos consultados vaticinan una catarata de reveses judiciales por las serias dudas legales relacionadas con esa propuesta, que recuerda a la de Italia con Albania, tumbada por los jueces, y a la del Reino Unido con la propia Ruanda: el Tribunal Supremo británico declaró en 2023 “ilegal” ese plan al considerar que no podía considerarse un tercer país seguro, algo en lo que coinciden Naciones Unidas, las ONG e incluso cuatro de los cinco países firmantes, que hace solo unos meses denunciaban que el Estado africano no respeta los derechos humanos.
La opacidad sobre el esquema acordado por Alemania y compañía es casi total: se sabe que inicialmente quieren deportar a 200 personas, pero no ha trascendido ni un solo detalle técnico del acuerdo con Ruanda, ni mucho menos el coste que asumirán esos países o si Bruselas corre con parte de la cuenta. Londres pagó a Ruanda, según su Gobierno, 715 millones de libras (unos 850 millones de euros) y solo pudo deportar a cuatro migrantes en ese rotundo fiasco, que fue retirado por el Gobierno laborista. Estados Unidos ha pagado “decenas de millones de dólares”, según un informe del Congreso, por un esquema similar con el que apenas ha conseguido deportar a unos miles de personas. Australia, que hace algo parecido en Papúa Nueva Guinea y Nauru, estima que gasta más de 350.000 euros por cada migrante que deporta, muy por encima de lo que presupuestó. Europa solo consigue expulsar al 20% de los solicitantes de asilo que son rechazados: grosso modo, unos 100.000 de los casi 500.000 que lo intentan cada año desde hace un decenio (en un continente de 450 millones de habitantes). Está por ver si ese plan supone un “cambio de paradigma” en la política migratoria, como ha dicho en canciller austriaco, Christian Stocker; lo que está claro es que no va a ser barato.
Y lo que también queda claro es que la base legal del acuerdo es cuando menos dudosa, a pesar del sello de la Comisión Europea de Ursula von der Leyen. La jefa de la Comisión ya avanzó que la política migratoria se iba a endurecer en su discurso sobre el estado de la Unión del pasado septiembre.
Migrantes trasladados por Italia a un centro de deportados en Albania desembarcan en Shengjin, el 11 de abril de 2025. Vlasov Sulaj (AP)
El reglamento de retorno de la UE permite ese tipo de traslados en virtud de acuerdos con terceros países que respeten los derechos humanos y el principio de no devolución. No hay una definición canónica de “tercer país seguro”. Pero la propia Agencia de Derechos Fundamentales de la UE considera que esos centros de retorno corren el peligro de convertirse en “zonas libres de derechos”, en un limbo fuera del Estado de derecho, y la ONU criticó un acuerdo anterior de Dinamarca con Ruanda al considerar que los migrantes deportados al país africano “corren el serio peligro de sufrir torturas y un trato inhumano y degradante”.
Tanto la Convención de Refugiados firmada por los socios europeos como la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y varias directivas vinculan a los solicitantes de asilo a los países en los que reclaman ese estatuto para evitar “devoluciones en cadena”. Los jueces británicos e italianos impugnaron esquemas similares ante ese riesgo. Los expertos coinciden en que supone una degradación del derecho de asilo y una externalización inaceptable de las responsabilidades humanitarias, subrayan que ha fracasado una y otra vez cuando se ha intentado poner en marcha y afirman que supone ceder a la presión de la derecha extrema.
“Son más que previsibles las denuncias y las repercusiones legales en función de los detalles concretos del acuerdo y de cómo se efectúen los retornos”, explica Lena Riemer, de la Universidad de Europa Central en Viena. Ese es el consenso entre media docena de voces consultadas. Soner Barthoma, de la Universidad de Uppsala, añade que ese tipo de pactos “incumplen la normativa internacional, socavan los principios democráticos y los fundamentos del Estado de derecho” y suponen “un disparo en la línea de flotación de los famosos valores europeos, que están de capa caída”.
El debate migratorio se ha ido transformando en los últimos tiempos: de discutir sobre derechos y economía se ha pasado a hablar únicamente de seguridad. Y por el camino se suspende el argumento de los valores europeos, más aún cuando Alemania lidera ese grupo. “Ruanda es un problema porque despierta serias dudas sobre su Estado de derecho”, añade Chiara Catelli, de la plataforma Picum, “pero el problema va mucho más allá de Ruanda, ya hay multitud de sentencias relativas a esos traslados a países que les son completamente ajenos a los migrantes, que a menudo pueden llevar años en Europa, han formado una familia y han rehecho su vida aquí. En esencia, la UE está haciendo todo lo contrario de lo que ha defendido siempre”, subraya Catelli.
Zeynep Mencütek, de la Universidad de Osnabrück, ve “más que posible” que los tribunales consideren ilegal ese esquema. “Las experiencias del pasado demuestran que, además de las dudas legales, esa fórmula no es efectiva. Y si aun así se pone en marcha es por su valor simbólico. El único problema es que lo que simboliza es el miedo de los partidos centristas ante el debate migratorio: han comprado el marco de los partidos ultras”, añade Mencütek. Gemma Pinyol, de la Universitat Pompeu Fabra, es aún más rotunda: “Esos centros debilitan los principios democráticos y el Estado de derecho. Normalizan la vulneración de derechos y no nos hacen más seguros. Europa le abre la puerta a algo muy feo”.
Claudi Pérez, es corresponsal político y económico. Ex director adjunto de EL PAÍS y ex redactor jefe de política nacional. Antes fue corresponsal en Bruselas durante toda la crisis del euro y especialista en asuntos económicos internacionales. Premio Salvador de Madariaga. Madrid, y antes Bruselas, y aún antes Barcelona.



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