Leo este interesante y oportuno artículo que comparto, pero antes una pequeña reflexión sobre la foto que lo ilustra. En ella podemos ver la ingente masa de manifestantes, a un lado, y al otro, como si de una metáfora se tratase y ajenos al bullicio, una imagen arcaica de unos sujetos, aprendices de maltratadores, en lo que parece una clase de tauromaquia. Las dos caras de la misma moneda, las dos España de Machado.
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Construir o regular más: el debate de la vivienda entra en la urna del 29-N
La dificultad de encontrar casa es el mayor problema de España para ciudadanos de todas las tendencias políticas, pero los partidos confrontan con las fórmulas para solucionarlo.
José Luis Aranda, 13.11.2026
Incluso en los controvertidos barómetros del CIS, hay un dato que casi nadie rebate: la vivienda es ahora mismo el problema que más preocupa a los españoles. Casi un 56% de las personas que fueron encuestadas en octubre lo citaron en primer, segundo o tercer lugar. Posiblemente en el porcentaje concreto hay algo de coyuntural, al calor de la contienda política por los decretos del Gobierno y del debate social tras el desahucio de Maricarmen Abascal. Pero, con más o menos intensidad, es indiscutible que el asunto se situó en lo más alto de la lista en diciembre de 2024, hace casi dos años.
Esa inquietud no solo la capta el instituto demoscópico público. “Es una preocupación que ha ido a más”, constata Belén Barreiro, directora de 40db., citando estudios propios de la agencia que realiza encuestas para EL PAÍS. La preocupación, añade la experta, es “transversal”. “Diría que es el asunto que menos divide a los electorados y, en general, a la sociedad”, desarrolla. Aunque eso no evita diferentes acentos: “La izquierda lo ve como problema más urgente, en torno al 30%, mientras que entre los simpatizantes de Vox lo ve así el 10%”.
Seguramente eso explica el diferente peso que los partidos políticos dan a la vivienda en sus discursos y al tipo de medidas que proponen. Simplificando mucho, la izquierda apuesta por una regulación más estricta del mercado, particularmente en los aspectos que inciden con el alquiler, mientras la derecha fía la solución sobre todo a construir más.
En el programa del PP, el más temprano entre las principales fuerzas, la primera de las 14 medidas sobre vivienda que contiene aboga por levantar un millón de casas, un objetivo que parece imposible en una legislatura con las cifras actuales (el año pasado se acabaron en España 80.000 viviendas libres y unas 13.000 protegidas). Para ello se propone agilizar el urbanismo simplificando trámites y flexibilizando la planificación, promover la vivienda industrializada (la que se construye modularmente en fábrica y luego se ensambla) o impulsar un plan de formación y empleo para el sector. Igualmente, se apuesta por una bajada de impuestos a los jóvenes que compran primera vivienda y la ampliación de los avales públicos para la parte de la entrada que no cumplen los bancos.
El principal partido de la oposición también habla de derogar la ley de vivienda, un objetivo en el que coincide Vox. El líder de la formación ultra, Santiago Abascal, vinculó esta semana en su paso por La Revuelta de TVE los problemas para encontrar casa con la inmigración y las políticas de género. En su propuesta electoral insiste en que “el punto de partida de todo programa de vivienda es el control férreo de las fronteras”. El segundo punto es la “prioridad nacional” en la materia, llegando a diferenciar impositivamente los hogares españoles del resto y abogando por prohibir “el arrendamiento a inmigrantes ilegales”. Las bajada de impuestos (aunque apuesta por “una fiscalidad agravada y disuasoria para compradores no comunitarios y operaciones especulativas”) y el fomento de la construcción (“volver a ver grúas en los cielos”) centran otras propuestas.
Para PSOE y Frente Amplio los decretos que este jueves votó, con resultado desigual, la Diputación Permanente suponen una declaración de intenciones: refuerzan el poder de los inquilinos y, en el texto que fue rechazado, proponían hacer indefinidos los contratos. Esta es una medida que se aplica en algunos países europeos y una reivindicación recurrente a la izquierda del partido socialista, de hecho su defensa en el Congreso corrió a cargo del ministro Pablo Bustinduy (Sumar).
El decreto que sí salió adelante, que Feijóo ha asegurado que derogaría si gobierna, limita la compra de casas por parte de fondos o grandes tenedores hasta 2030 (inclusive), impidiendo que adquieran inmuebles por menos del 70% del valor de mercado. Esta regla no se aplica si los pisos tienen una finalidad social o se van a destinar a alquiler asequible. Y supone una conquista para fuerzas como Podemos, ya que llevan años intentando poner el acento de las políticas de vivienda sobre las inversiones “especulativas” y los denominados “fondos buitre”.
Entre esas dos visiones se mueve de alguna manera el PSOE. Defiende las medidas que la oposición tacha de “intervencionistas”, como los topes a los alquileres, y a la vez insiste en la necesidad de aumentar los recursos para construir más, pero supeditándolo a que esa inversión aumente el parque público y asequible de vivienda. El partido de Pedro Sánchez y de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, trata de defender el balance de estos años entre quienes le afean que ha sido timorato y quienes le acusan de haber ido demasiado lejos. El legado incluye el plan estatal 2026-2029, aprobado hace meses y que trata de blindar a perpetuidad las nuevas viviendas protegidas para que no puedan descalificarse y pasar al mercado libre. También la creación de la empresa estatal Casa 47, que todavía está dando sus primeros pasos y corre el riesgo de quedar en mera anécdota en función del color del futuro ejecutivo.
Quizás el mayor punto en común entre los dos grandes partidos es la necesidad de reformar la ley de suelo. De hecho, estuvieron a punto de hacerlo en 2024 con un texto que el Gobierno retiró a última hora del Congreso. Cuando parecía asegurado el apoyo del PP, que había presentado en el Senado una propuesta muy similar, la principal fuerza opositora cambió de opinión para no dar una victoria parlamentaria al Ejecutivo. El PSOE intentó rescatar el proyecto con los decretos de vivienda, pero desistió por la amenaza de Podemos de retirar su respaldo, así que las modificaciones para aligerar la burocracia o impedir que cualquier defecto formal tumbe un proyecto completo (obligando a iniciarlo desde cero) se han quedado en el tintero.
Y el suelo es precisamente para el economista Ignacio Ezquiaga la clave de bóveda para empezar a solucionar el problema. Cita cálculos según los cuales hay bloqueados en España solares sobre los que se podrían levantar 2,5 millones de casas, una cifra que supera holgadamente el déficit de 750.000 unidades (y subiendo) que ha calculado el Banco de España. Pero los dueños de esas parcelas, muchas veces obtenidas a precio de saldo tras la explosión de la burbuja, “no son promotores sino inversores, que los tienen ahí aparcados y no tienen aliciente a venderlos más que al precio actual de mercado”, dice Ezquiaga. Traducido: esa condición impide construir inmuebles que pueda pagar la mayoría y a un ritmo que alivie el embudo actual.
“La llave la tienen los ayuntamientos”, sigue el economista, “que en realidad tienen dos llaves: su propio suelo y la edificabilidad forzosa”. Se refiere a la posibilidad de que construyan vivienda protegida en solares municipales y de que obliguen a desarrollar las parcelas ociosas. Pero la gran paradoja de estas elecciones en las que la vivienda ocupa el primer puesto en la mayoría de agendas es que no se vota a los ayuntamientos ni tampoco a las comunidades autónomas, que son las Administraciones competentes en materia de vivienda conforme al artículo 148 de la Constitución. El Estado, eso sí, “puede contribuir declarando por ejemplo la emergencia nacional en vivienda para obligar a hacer casas en un suelo vacío”, concluye Ezquiaga.
José Luis Aranda es redactor de la sección de Economía de EL PAÍS, diario donde entró a trabajar en 2008. Escribe habitualmente sobre temas de vivienda y referentes al sector inmobiliario. Es licenciado en Historia por la Universitat de València y Máster de Periodismo de EL PAÍS.
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