Cuando la natalidad es lo que la nación espera de las mujeres, vuelve la vieja tentación de mirar nuestros cuerpos desde las necesidades de la patria.
Máriam Martínez-Bascuñán, 22.11.2026
Esta semana, Cayetana Álvarez de Toledo explicó que nuestro país necesita “inmigración que trabaje mientras los españoles se ponen a tener bebés”. Ese mismo día, cinco países europeos acordaban impulsar un centro de deportación en Ruanda, iniciativa que Xavier García Albiol calificó de “fantástica”. No era una ocurrencia aislada, el programa del PP se compromete a impulsar centros de retorno en terceros países. Pero hay más. Parecería que no tiene nada que ver con todo esto, pero ese programa, llamado de “Reconstrucción nacional”, propone que el concebido no nacido compute para determinar las ayudas y beneficios a las familias. Vistas juntas, estas propuestas dibujan un modelo social donde la pertenencia empieza en el vientre de la mujer y su cuerpo se convierte en el lugar donde el Estado reconoce a sus miembros. Reproducción, pertenencia y utilidad se piensan juntas para el futuro de la comunidad, y por eso hay que calcular cuántos extranjeros (y extranjeras) hacen falta, y establecer mecanismos para expulsar a quienes dejen de servir.
La frase de Álvarez de Toledo dice más de lo que parece. Habla de “españoles” teniendo bebés, como una tarea de la nación, borrando lo único que de verdad importa para que haya o no hijos: la decisión de las mujeres y sus condiciones (precariedad, reparto de cuidados, etc.). Ese borrado no es un descuido, es coherente con la ley del concebido no nacido, pues el Estado deja de dirigirse a nosotras como personas que decidimos sobre nuestras vidas, para mirarnos como el recipiente del próximo español. El borrado no consiste en nuestra ausencia, sino en un desplazamiento que va del género —que nombra una relación de poder— a la idea de la mujer reducida a su papel familia: la madre, la gestante cuyo concebido computa, la hija de 16 años cuya decisión de abortar queda dentro de la familia. La mujer deja de ser tratada como ciudadana que pertenece a la comunidad por sí misma para ser considerada reproductora de la nación, a la que pertenece por lo que aporta al colectivo: su continuidad. Conquistamos derechos precisamente para dejar atrás ese reparto de papeles y, sin embargo, cuando la natalidad es lo que la nación espera de las mujeres, vuelve la vieja tentación de mirar nuestros cuerpos desde las necesidades de la patria. Las mujeres se vuelven más visibles como madres potenciales, y menos como personas que deciden.
La otra mitad de la historia está en quienes llegan, pues la nación que desea volver a reproducirse necesita que otras mujeres la cuiden. Ahí es donde Europa se vuelve el siguiente eslabón y la baja natalidad y la inmigración se cuentan como caras de una misma moneda. Lo que Europa está construyendo, y la extrema derecha aplaudiendo, es una forma de estar sin pertenecer, una ciudadanía condicional en la que hay que demostrar cada día que se sigue siendo útil, pues el examen nunca se aprueba del todo. La deportabilidad a Ruanda es uno de los mecanismos que separan el hecho de estar aquí con el derecho a pertenecer. No está pensado para expulsar a muchos, tiene capacidad para un centenar de personas: basta que los que cuidan y trabajan aquí entiendan que lo hacen de prestado, que hay un lugar lejano donde pueden ser enviados si caduca la necesidad que los trajo. ¿Qué clase de comunidad es esa en la que unos pertenecen por su origen, otros son admitidos por su utilidad y otros viven bajo el miedo de ser expulsados? La respuesta empieza por observar qué lugar reserva a las mujeres. Lo curioso es que esa vieja expectativa vuelva ahora de la mano de una marquesa que se dice amazona, pero insinúa que la independencia de las mujeres termina donde empiezan las necesidades reproductivas de la nación.

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