Una concentración por Juan Carlos, el trabajador del SEPE de Mérida expedientado por atender a ciudadanos que no conseguían cita previa
El empleado se enfrenta a una posible sanción por ayudar a usuarios fuera del sistema de reserva mientras denuncia el colapso de la atención y la falta de personal en la oficina extremeña.
José Emiliano Barrena, 02.06.2026
Atender a ciudadanos que no han conseguido cita previa en una oficina pública se ha convertido en el origen de un expediente disciplinario para Juan Carlos Nieto, funcionario del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Mérida (Badajoz). El trabajador, de 56 años, acumula casi cuatro décadas de experiencia en la administración y asegura que su única intención ha sido prestar ayuda a personas que, por diferentes circunstancias, no lograban acceder a los servicios básicos del organismo encargado de gestionar prestaciones y subsidios por desempleo. Eso le ha acarreado una sanción que ha soliviantado a la ciudadanía. El miércoles, 3 de junio, habrá una concentración de protesta frente a las puertas del SEPE, que pertenece al Ministerio de Trabajo.
La dirección del SEPE ha abierto un procedimiento disciplinario contra este empleado por una supuesta falta grave derivada de la atención a usuarios sin cita previa y por la expedición de certificados de prestaciones necesarios para tramitar ayudas sociales. “Es una situación difícil de entender. Me notificaron la apertura de un expediente por atender a personas que no conseguían cita y por facilitar documentación que necesitaban para solicitar ayudas en entidades sociales”, explica Nieto. Según relata, estas actuaciones se realizaban únicamente cuando ya había atendido a todos los ciudadanos citados o cuando existían huecos libres en la agenda diaria.
El funcionario sostiene que la medida disciplinaria es consecuencia de un problema estructural que afecta al servicio desde hace años. Según denuncia, los tiempos de espera para obtener una cita se han incrementado de forma notable. “Hace unos años la demora era de dos o tres días. Ahora hay trámites que pueden tardar semanas en conseguir una cita disponible”, asegura.
A juicio de Nieto, parte de esta situación se debe a la reorganización del sistema de atención en la provincia de Badajoz, donde la implantación de un modelo de distrito único obliga en ocasiones a los usuarios a desplazarse a oficinas alejadas de su lugar de residencia. “Hay personas de Mérida que han tenido que acudir a localidades situadas a más de 100 kilómetros para resolver una gestión administrativa. No todo el mundo dispone de medios económicos o de transporte para hacerlo”, afirma.
La dificultad para conseguir una cita se agrava, según el trabajador, por la brecha digital que afecta especialmente a personas mayores, desempleados de larga duración o ciudadanos con escasos conocimientos tecnológicos. Muchos usuarios intentan obtener una reserva a través de internet o mediante los sistemas telefónicos automatizados sin éxito y terminan desplazándose directamente a las oficinas para pedir información.
“Hay personas que llegan desesperadas porque necesitan resolver un trámite relacionado con una prestación, una ayuda social o una documentación urgente. Cuando la oficina está prácticamente vacía y tienes capacidad para atenderlas, resulta muy difícil decirles que vuelvan otro día o que lo intenten por internet”, explica.
La oficina de Mérida también ha visto reducido su personal en los últimos años. Según los datos aportados por el trabajador, el número de empleados habría pasado de ocho a cuatro debido a jubilaciones, bajas prolongadas y cambios de destino que no han sido cubiertos. Esta reducción de plantilla coincide con una elevada demanda de atención por parte de los usuarios.
Pese a ello, Nieto insiste en que la asistencia prestada a personas sin cita nunca ha perjudicado el funcionamiento normal del servicio. “Las citas están programadas cada 15 minutos y muchas gestiones se resuelven antes. Además, existe un porcentaje significativo de ausencias. Hay momentos durante la jornada en los que la oficina está vacía o semivacía y es entonces cuando ayudamos a quien lo necesita”, sostiene.
El funcionario rechaza que sus actuaciones hayan provocado retrasos o incidencias en la atención ordinaria. Por el contrario, considera que han servido para aliviar situaciones urgentes y evitar problemas administrativos a ciudadanos especialmente vulnerables. Entre los casos más frecuentes menciona consultas sobre subsidios, jubilaciones, rentas mínimas o certificados imprescindibles para acceder a ayudas de organizaciones como Cáritas o Cruz Roja.
La apertura del expediente ha generado preocupación en el trabajador, que podría enfrentarse a sanciones relevantes si prosperan las acusaciones. Según explica, la falta grave que se le atribuye podría conllevar desde una suspensión de empleo y sueldo hasta un traslado forzoso a otra localidad.
“Llevo casi 37 años trabajando en la administración y nunca había vivido una situación así. Evidentemente, me preocupa por mí y por mi familia, pero también porque siento que estoy siendo cuestionado por intentar prestar un servicio público”, señala.
Nieto asegura que durante años este tipo de atenciones informales se realizaron con relativa normalidad en diferentes oficinas y que el cambio se produjo tras una modificación en la dirección provincial del organismo. Según su versión, desde el pasado otoño se prohibió expresamente atender a ciudadanos sin cita previa, incluso cuando únicamente solicitaban información.
Mientras se resuelve el procedimiento disciplinario, diversas organizaciones sociales extremeñas han mostrado su respaldo al funcionario. El Sindicato 25 de Marzo y Campamento Dignidad han convocado una concentración frente a las dependencias del SEPE en Mérida el próximo miércoles para expresar su apoyo y reclamar mejoras en la atención a los desempleados.
Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social trasladan a EL PAÍS que el expediente abierto a este trabajador del Servicio Público de Empleo Estatal en Mérida no se sustenta “en la cuestión planteada, es decir, en la atención a personas usuarias sin cita previa. Concurren múltiples motivos que, por razones de confidencialidad y de respeto a todas las garantías del procedimiento no se pueden hacer públicos”, aseguran.
También inciden en que el expediente se plantea por la Inspección de Servicios y será el órgano competente, la Subdirección general de Recursos y Organización el que tendrá que determinar finalmente si se han cometido las presuntas irregularidades que se están estudiando.
En cuanto a la calidad del servicio, Trabajo asegura que en la oficina del SEPE en Mérida no se están produciendo retrasos en las citas y tampoco a la hora de reconocer las prestaciones. “En caso de que puntualmente hubiera demoras, la simple solicitud de la cita sirve como justificante de que la persona usuaria ha iniciado la tramitación de la prestación y, por tanto, no computaría a efectos de plazos”, trasladan estas fuentes del ministerio.
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