Bruselas abre expediente a España por no enviarle el informe sobre el estado del lobo y otras especies protegidas
El Gobierno, que debería haber enviado esta evaluación el verano de 2025, asegura que el documento “no ofrece todavía una base científica solvente”.
Esther Sánchez, 30.01.2026
Bruselas ha abierto un expediente a España por el retraso en la remisión del informe sexenal (2019-2024) que evalúa el estado de conservación de las especies en peligro, que el Gobierno debería haber enviado antes del 31 de julio de 2025. Este documento valora cómo se encuentran las especies y sirve de base para determinar las actuaciones de gestión que pueden aplicarse sobre ellas. La situación del lobo, una de las especies más controvertidas, es la que está provocando la demora: una evaluación desfavorable sobre el número de ejemplares —como la que defiende el Ministerio para la Transición Ecológica— dificultaría su caza. Por el contrario, un dictamen favorable avalaría el control letal de la especie, un procedimiento que ya se está aplicando y que es precisamente el objetivo de las comunidades autónomas con presencia de lobo.
Tras la apertura del expediente, la Comisión ha informado este viernes de que enviará una carta de emplazamiento a España, que dispone “de dos meses para responder” y subsanar las deficiencias. “De no recibirse una respuesta satisfactoria, la Comisión podría optar por emitir un dictamen motivado”, algo que en último término podría desembocar en un procedimiento judicial contra España.
El ministerio responde a EL PAÍS que el informe, “en su estado actual, no ofrece todavía una base científica solvente”, debido a que se han producido “cambios sustanciales” en los últimos meses en las poblaciones de lobo. Entre ellos, la eliminación de ejemplares por parte de algunas comunidades autónomas, además de las muertes y desplazamientos causados por los grandes incendios forestales.
Además, la entrada en vigor de la ley de desperdicio alimentario en marzo de 2025 por la que el lobo salió del listado de especies protegidas, obliga a que los informes sexenales sean aprobados por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente ―un órgano político donde participan los consejeros autonómicos―. Este extremo está siendo “analizado por el Tribunal Constitucional [fue denunciado por el Defensor del Pueblo]”, recuerda el ministerio, por lo que van a esperar a que se resuelva para que el dictamen no afecte a la tramitación del informe sexenal.
Unos razonamientos que tacharon de “excusa” este viernes siete comunidades autónomas (País Vasco, Galicia, Cantabria, La Rioja, Aragón, Madrid y Castilla y León) en una reunión mantenida en Santander sobre el lobo. Exigen al Gobierno central en envío del informe sexenal a Europa, que en su opinión muestra que la situación del lobo es buena. En todas estas comunidades viven lobos, todas están gobernadas por PP (algunas con apoyo de Vox), excepto el País Vasco, donde el ejecutivo está formado por PNV y los socialistas. En el comunicado emitido tras el encuentro aseguran que también cuentan con el apoyo de otras tantas que no tienen población del cánido.
Asturias, gobernada por el PSOE, se ha desmarcado de la reunión a la que considera “electoralista”, aunque también está abatiendo ejemplares de sus 45 manadas. Castilla y León, con 193 manadas ―la región que más lobos tiene―, aún no ha aprobado ningún plan para eliminar a ejemplares, mientras que en Galicia los jueces han paralizado de forma cautelar la concesión de autorizaciones para su caza.
Sin embargo, Cantabria ―la comunidad que ha convocado el encuentro de este viernes― ha cazado 35 lobos en controles oficiales desde que se desprotegió por la ley de marzo, entre ellos hay tres hembras recién paridas y otra preñada. El plan actualmente en vigor permite la captura de 41 individuos.
Matar a estos animales ha generado un profundo rechazo en asociaciones conservacionistas y en científicos. El biólogo Juan Carlos Blanco, uno de los mayores expertos en la especie, considera que “matar lobos en época de cría es una brutalidad que no se veía desde las campañas de alimañas de los años cincuenta y sesenta del siglo pasado”.
El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico ha denunciado tras analizar las necropsias que matar a esas hembras podría haber provocado la muerte de entre 11 y 16 cachorros. Por su parte, la asociación para la conservación del lobo ASCEL advierte de que Cantabria había matado entre un 60% y un 77% de la población, una actuación que “está comprometiendo seriamente” la viabilidad de la especie en este territorio.
El último censo del lobo, utilizado para elaborar el informe sexenal, se publicó el año pasado y contabiliza 333 manadas (entre 1.300 y 1.600 individuos), lo que supone un aumento de 36 manadas con respecto al recuento anterior de hace más de una década.
El Ministerio para la Transición Ecológica considera que esta cifra no es suficiente para garantizar la viabilidad genética del mamífero ni su supervivencia a largo plazo. Según los criterios científicos serían necesarias 500 manadas en la península Ibérica ―incluidas las 60 que existen en Portugal― según los criterios científicos. Por ello, el ministerio concluye que el estado de conservación del lobo sigue siendo desfavorable.
Una posición totalmente contraria a la de las comunidades autónomas con presencia de lobo (y las que las apoyan), que consideran imprescindible el control letal de la especie para reducir los daños que sufren las explotaciones ganaderas.
La organización ecologista WWF ha pedido a las comunidades autónomas que han participado en el encuentro que no utilicen a la especie como un arma política y que apuesten por una gestión basada en criterios científicos, que permitan una coexistencia con la ganadería. Algo que, de momento, parece difícil.
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