Las peleas de gallos enfrentan a los animalistas, criadores y el Gobierno canario
La ofensiva judicial y administrativa de Pacma y la defensa de la raza por parte de la Federación Gallística reactivan un conflicto abierto desde 1991.
Flora Marimón, 21.02.2026
Las peleas de gallos han regresado al foco político y jurídico en Canarias tras la denuncia presentada por el Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma) ante la Fiscalía y un recurso de alzada interpuesto contra el Gobierno autonómico, que se ha declarado incompetente para intervenir en las riñas.
La controversia, lejos de ser nueva, vuelve a enfrentar tradición y normativa estatal y autonómica. Para Pacma, la ley nacional de 2007 prohíbe cualquier pelea de animales y convierte la práctica en delito. Para la Federación Gallística de Canarias, la ley autonómica de 1991 sigue vigente y delimita con claridad dónde y cómo puede celebrarse la actividad. El Gobierno, por ahora, evita pronunciarse sobre el fondo de la colisión.
Iris Sánchez, coordinadora provincial del partido en Las Palmas, explica que Pacma ha llevado el asunto a la Fiscalía al considerar que las liguillas y torneos que se celebran en distintas islas vulneran la Ley 32/2007 estatal, que prohíbe la utilización de animales en peleas en todo el territorio nacional. En su denuncia describe el corte de crestas, la colocación de espolones artificiales y enfrentamientos hasta el desfallecimiento, encuadrando la práctica en el delito de maltrato animal agravado.
La portavoz del partido sostiene que no existe excepción válida que permita estas peleas y que la norma estatal posterior prevalece sobre la ley autonómica canaria de 1991. En paralelo, la formación dirigió un escrito a la Consejería de Presidencia del Gobierno canario solicitando que actuara contra la Federación Gallística de Canarias y otras asociaciones inscritas en el Registro de Asociaciones. A su juicio, estas entidades figuran registradas bajo epígrafes culturales, recreativos o deportivos que no reflejan su actividad real, lo que constituiría un uso indebido del registro.
Argumenta que, si existen indicios de ilícito penal, la Administración está obligada a trasladarlos al Ministerio Fiscal y a revisar la cobertura administrativa de estas entidades. También cuestiona el uso de instalaciones municipales para la celebración de torneos.
La Viceconsejería de Administraciones y Transparencia, que dirige Antonio Llorens, respondió mediante una carta en la que señala que carece de competencia para intervenir, pues sus funciones en materia de protección animal están circunscritas a animales de compañía. Al no considerar al gallo de riña dentro de esa categoría, entiende que no puede instruir ni resolver actuaciones relacionadas con esta actividad.
Tras esta misiva, Pacma ha presentado un recurso de alzada para que se actúe en estos casos, mientras que la Viceconsejería mantiene que su respuesta no es «una resolución administrativa», sino una comunicación informativa, por lo que no ve procedente que se presente un recurso de alzada contra una carta.
Gallo combatiente español
Frente a estos rifirrafes, la defensa gallística gira en torno a la raza. Jorge Padrón, presidente de la Federación Gallística de Canarias, explica que la actividad se centra en la conservación de la variante canaria del ‘gallo combatiente español’, una línea genética seleccionada durante generaciones en las Islas por su carácter territorial y su instinto de combate. Sostiene que, si se prohibieran las riñas, la raza se extinguiría, ya que el gallo nace con ese instinto de pelea.
Según Padrón, el comportamiento del animal no se adiestra. «Un gallo que no quiere pelear, no pelea», repite. El diseño de los recintos, con vallas de solo un metro de altura y abiertas por arriba, «permite huir» al animal si no quiere combatir. Esas vallas son un elemento distintivo que no se encuentra en otros sitios, asevera. Y si el animal resulta herido, se para la pelea, explica, aunque a veces el gallo muere. Solo Canarias y Andalucía permiten las riñas de gallos.
Padrón recalca que los gallos deben alojarse individualmente porque su territorialidad les lleva a enfrentarse de manera espontánea si conviven juntos. José Luis Martín, expresidente de la Federación, sostiene que la práctica se ajusta a la Ley 8/1991 de Protección de los Animales de Canarias, que es una norma autonómica, en opinión de los gallistas, superior a la estatal.
Martín señala que esta ley autonómica permitió la continuidad de las riñas en municipios con tradición histórica en peleas y en recintos ya existentes antes de su entrada en vigor. La norma prohíbe abrir nuevos locales, aunque permite sustituir uno antiguo por otro dentro del mismo municipio si el primero deja de utilizarse. Por tanto, pueden usarse algunos recintos municipales, asevera.
En Canarias existen unas 40 asociaciones de todas las islas integradas en la federación y alrededor de 1.500 personas vinculadas.
Los criadores describen a los gallos como deportistas: los cuidan de forma individual desde que empiezan a cantar. La dieta incluye fruta como kiwi, carne, pescado, verduras y suplementos específicos.
Los gastos corren de su bolsillo. Un criador puede tener hasta 300 gallos y gallinas de esta especie. El «atusado», el corte de plumas tradicional en Canarias, es para ellos un gesto de cuidado y un rasgo etnográfico único del mundo gallístico.
En cuanto al desarrollo de las peleas, aseguran que existen reglamentos internos claros, que algunos ejemplares utilizan espolones «de plástico» menos agresivos que los naturales. Recalcan que la organización prohíbe apuestas dentro de su estructura; otra cosa es que dos personas apuesten, pero eso ya no es cosa de la Federación. Los eventos son de acceso restringido a federados mayores de 16 años. Su orgullo es ganar las liguillas y torneos.
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