El PP borra cualquier resto de zapaterismo en solo un mes
La necesidad del Gobierno de eludir la economía destapa una agenda muy conservadora.
Carlos E. Cué / Rafael Méndez Madrid 4 FEB 2012 - 19:30 CET
El PP ha llegado al poder con ganas de que se note. Y ya no queda prácticamente nadie que no lo haya notado. Hace solo dos semanas, en la primera comparecencia parlamentaria de Soraya Sáenz de Santamaría, Ramón Jáuregui, un histórico del PSOE siempre moderado y con buenas relaciones con la vicepresidenta, buscaba puntos de encuentro. Trataba de convencer al PP de que, por ejemplo, no revolucione RTVE y tampoco frene el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica.
En la bancada del PP, como si aún estuvieran en la oposición, empezaron los rumores. Cada vez estaban más enfadados. “¿Están ustedes diciendo que RTVE no es ahora neutral?”, se preguntaba Jáuregui. “Cierto”, le contestaba Federico Trillo, un genuino representante del PP, que lo ha sido todo en el partido y ahora camina hacia la Embajada en Washington. Molesto con la sesión, Trillo salió un momento al pasillo. “¿Pero esto qué es? ¿Ahora nos van a contar que hay que seguir con la memoria histórica y que RTVE es neutral? ¿Para esto hemos ganado las elecciones con mayoría absoluta?”, comentaba en los pasillos con su conocida ironía. Una muestra más de las ganas que tiene el PP de darle la vuelta a todo lo que pueda.
Y puede mucho. En las últimas dos semanas, los ministros han anunciado una catarata de reformas, muchas de ellas pensadas para satisfacer a la parte más conservadora del partido, como la del aborto, la sustitución de Educación para la Ciudadanía o el replanteamiento de la píldora del día después, que acabarán rápidamente con algunos avances en cuestiones sociales del zapaterismo. Otros, como el cambio de la política ambiental y la Ley de Costas, la prórroga de vida de las nucleares y el anunciado cambio en el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, van mucho más allá de lo que Aznar hizo en ocho años de Gobierno.
El PP sigue creyendo en la construcción en la costa para salir de la crisis. Ya lo dijo Javier Arenas, en presencia de Rajoy, en Málaga: “Cuánto daño se ha hecho con eso de la guerra contra el ladrillo. Esta tierra sigue teniendo un enorme potencial urbanístico, y lo vamos a desarrollar”.
En esa línea, Miguel Arias Cañete solo necesitó dos semanas en el cargo para anunciar una reforma “muy profunda” de la norma para permitir que las casas construidas sobre la playa legalmente antes de 1988 y autorizar nuevos usos en primera línea para “poner en valor” el litoral.
En ocho años, Aznar solo realizó una reforma menor sobre la norma, ya entonces muy polémica. Los ecologistas recuerdan con entusiasmo la gestión de su primer director general de Costas, Fernando Marín. “Incluso pidió que se parara la construcción en La Manga del Mar Menor”, recuerda Pedro García, de la Asociación de Naturalistas del Sureste, un histórico defensor del litoral.
En 2002, el PP pactó con el PSOE y con CiU el cierre de de Zorita con 38 años
El anuncio no solo supera lo realizado entre 1996 y 2004, sino que va más allá de lo que personas relevantes del PP sostuvieron en la oposición (el programa electoral ni mencionaba la norma). En diciembre de 2010, Jaime García-Legaz, secretario general de FAES, escribió un artículo en La Verdad de Murcia: “La Ley de Costas, aprobada en 1988, es una de las pocas normas que en España han concitado consenso político. Aprobada por un Gobierno del PSOE y refrendada por el Gobierno del PP, ha servido y debe seguir sirviendo para preservar y mejorar el litoral español”. Según García-Legaz (hoy secretario de Estado de Comercio), el problema era cómo aplicaba la ley el Gobierno de Zapatero, pero dejaba claro: “Los objetivos de la Ley de Costas eran y siguen siendo los correctos: liberar el litoral español de construcciones que han deteriorado nuestro patrimonio natural”. Nada de eso vale ya.
Hay más ejemplos en los que Rajoy pasa por la derecha a Aznar (al menos a la gestión de Aznar). El 13 de septiembre de 2002, el Consejo de Seguridad Nuclear acordó que la nuclear de Zorita debía cerrar en 2006, con 38 años de funcionamiento. El secretario ejecutivo de Economía del PP, Vicente Martínez-Pujalte, resaltó que la decisión se había tomado por “un acuerdo entre el PP, el PSOE y CiU”. “Temía a los ecologistas y por eso cerró Zorita. Arriola le decía: ‘Presidente, presidente, que la nuclear no vende’. Ahora en FAES es el más pronuclear, pero tiene gracia que diga que él prorrogó la vida de las nucleares porque no fue así”, recuerda una fuente que vivió aquella negociación. El 19 de enero, Aznar reivindicó la prórroga de las nucleares como un invento suyo.
En cambio, nada más llegar a Industria, José Manuel Soria ha impulsado la prórroga de vida de la nuclear de Garoña hasta 2019, pese a que cumplió los 40 años de vida para los que fue inicialmente diseñada en 2011 y a que Zapatero fijó su fecha de cierre en 2013. La apuesta coincide con una moratoria a las primas de las renovables (el sistema de incentivos lo ideó el PP en 1997).
Los motivos políticos para esta catarata de anuncios son varios. Por una parte dar satisfacción a un colectivo, el más conservador, el más genuino del PP, indignado con las primeras medidas del Gobierno, las subidas de impuestos, un incumplimiento flagrante de sus promesas. El Gobierno empezó con muy mal pie con su electorado. Así lo admiten en privado diversos dirigentes. Hasta Rajoy lo dijo en público. “Y ya verás cuando nuestra gente empiece a mirar su nómina”, suelen añadir.
El Gobierno necesitaba cuanto antes dar satisfacción a su gente. Y parece que lo ha logrado, de momento: los medios conservadores están exultantes con las últimas reformas anunciadas. Las críticas tampoco preocupan demasiado. “Nos critican por hacer cosas los mismos que nos decían que no teníamos programa”, se defienden los populares ante el rechazo de la izquierda.
El segundo motivo de fondo son las malas noticias económicas. En la oposición, Rajoy siguió una estrategia clarísima: solo hablaba de economía. Era el paro y la crisis lo que más preocupaba a los ciudadanos, y lo que iba a llevarle a La Moncloa. Y, pese al enfado de los sectores más conservadores, sobre lo demás o no hablaba o se mantenía ambiguo. Ni siquiera quería prometer abiertamente que derogaría la ley del aborto. Las cosas han cambiado. Rajoy sigue hablando de economía, pero ya no puede dar más que malas noticias. Ahora el monotema de la oposición perjudica al Gobierno. Recortes, subidas de impuestos, malos datos de paro…
El Ejecutivo necesita ampliar el debate, meter otros asuntos en la agenda, intentar diversificar para moverse con más comodidad. En realidad, Rajoy sigue concentrado casi exclusivamente en la economía, pero la agenda pública, con sus ministros desplegados, se difumina y eso le beneficia, analizan en su entorno.
Cuando estaba en la oposición, el PP aseguraba que los socialistas sacaban estos asuntos —lo dijeron sobre todo del aborto— para “distraer la atención de la crisis”. Ahora es el Gobierno del PP quien se apunta a esa estrategia. Cuestión de necesidades.
Por último, hay una cuestión no menos importante. Durante las primeras semanas, los ministros no económicos estaban desfigurados. No tenían aún perfil, aunque la mayoría son muy conocidos, como Alberto Ruiz-Gallardón. Y todos han aprovechado sus comparecencias parlamentarias y sus primeras apariciones en los medios para buscar ese espacio.
El ejemplo de Gallardón es el más evidente. Nada más llegar ha sacado la artillería del aborto o ahora de las bodas ante notario. Y tiene más, como la reforma total de la forma de elección del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. El ministro ha anunciado que la elección de los 12 vocales Poder Judicial volverá a ser competencia de los jueces. Así, será el propio sector (mayoritariamente conservador) quien elija a los vocales del organismo. Ese sistema estuvo en marcha hasta 1985 y en 1980, en las primeras elecciones, la Asociación Profesional de la Magistratura (conservadora) copó los 12 cargos. Ni Aznar volvió a la elección únicamente por los jueces. En 2001, PP y PSOE pactaron un modelo en el que los jueces proponían a 36 candidatos y las Cámaras elegían a 12. Ángel Acebes lo calificó como “ideal”.
Gallardón también ha anunciado la reforma de la ley del aborto para volver a un modelo como el de 1985, en el que las mujeres tendrán que alegar motivos para justificar su decisión. “Probablemente lo más progresista que yo vaya a haber hecho en mi vida política es defender el derecho a la vida”, declaró el ministro.
Esa necesidad de buscar perfil se ha visto en todos los ministros con ganas de marcar su agenda política. Ana Mato, Miguel Arias Cañete, José Ignacio Wert… Todos han logrado ya un protagonismo que en las primeras semanas, cuando la agenda estaba totalmente centrada en la economía, no tenían.
Mato ha encargado un estudio para ver si la píldora del día siguiente tiene efectos secundarios (si los tiene, la Agencia del Medicamento del Ministerio de Sanidad no los ha detectado en los 11 años que lleva a la venta en España). En 2000, cuando Sanidad tramitaba el registro del fármaco en España, la Conferencia Episcopal advirtió a la entonces ministra, Celia Villalobos, de que la píldora era “tan inmoral como el recurso al aborto por medio quirúrgicos”. El medicamento fue aprobado, aunque no lo financiaba la sanidad pública. En 2003, el mismo ministerio aceptó la investigación con embriones humanos.
Desde el Gobierno, la versión oficial es que lo que está pasando no es más que el normal cumplimiento del programa electoral que ha ganado las elecciones con mayoría absoluta. Y en parte es cierto. Sin embargo, el programa contenía la filosofía, pero era ambiguo para evitar perder votos por el centro. Un ejemplo es el aborto. En 212 páginas, esto es todo lo que se dice: “Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”. Nada se decía de cambiar la ley de plazos, la habitual en Europa.
Todos los que conocen bien al presidente saben que es un pragmático pero desde el punto de vista ideológico, es profundamente conservador. Dejará hacer a sus ministros pero no les frenará ninguna propuesta muy conservadora siempre que no tenga una gran contestación social, auguran en el PP. El matrimonio homosexual es un ejemplo. Rajoy no lo toca de momento porque sabe que la mayoría de la sociedad lo aprueba, pero apoyó que se recurriera ante el Constitucional y espera ahora a su sentencia para poder actuar.
El PP es un partido pensado para el poder. La inesperada derrota de 2004 nunca fue asimilada del todo. Los sectores más a la derecha del partido construyeron una imagen absolutamente consolidada ya en su mundo: Zapatero fue una especie de mal sueño al que hay que darle la vuelta cuanto antes. Salvo las grandes decisiones económicas —los expertos insisten en que ahí la política de Rajoy es continuista con la de Zapatero, en línea con la senda marcada por la UE— y tal vez la política antiterrorista, con matices, nada parece estar a salvo del deseo de acabar rápidamente con las huellas del zapaterismo.
Cuando le preguntaban a Rajoy en la oposición qué ha hecho bien el presidente, siempre citaba la política de Tráfico. Se pensaba, y Rajoy lo dejó caer, que el presidente tendría un gesto y mantendría a Pere Navarro al frente de la DGT.
Hasta hace un año, Rajoy decía que haría un Gobierno con gente de todo tipo, incluido alguno proveniente de la izquierda, modelo Sarkozy. Quería evitar la imagen de un Ejecutivo “puro PP”. Pero ese discurso empezó a desaparecer tras las municipales, en las que Rajoy ya dio por hecha la mayoría absoluta para las generales. Cuando llegó esa aplastante victoria, Rajoy llenó el Gobierno de amigos personales y políticos muy fieles.
Los ministros tienen bastante autonomía. Al presidente le gusta concentrarse en pocas cosas y dejar que cada uno asuma su responsabilidad. Si algo sale mal, siempre está a tiempo de cambiarlos. Porque ese es otro de los ejes de las reformas anunciadas estos días. La catarata de novedades son solo eso, anuncios. Cuando empiecen a plantearse en serio, muchas de ellas caerán si generan demasiada polémica.
El PP ha optado por la celeridad para que no le ocurra como a Aznar, que se dejó sin culminar algunas de sus reformas. “Cuanto antes, si puede ser, para que entre en vigor el próximo curso”. Así respondió un portavoz del Ministerio de Educación a la pregunta de cuándo se producirá el cambio, anunciado por el ministro Wert, en la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Se trata, dijo el ministro, de limpiarla de aquellos contenidos que, según las tesis de los sectores más conservadores encabezados por los obispos y asumidas por el Gobierno, adoctrinan a los alumnos y se meten en un terreno que corresponde a la familia.
Wert también ha dicho que quiere tener lista este mismo año la profunda reforma en los institutos, con lo que cambiará el sistema educativo vigente desde hace 20 años al quitarle un curso al bachillerato. El PP aún tiene clavada la espina por que la ley educativa que diseñó y aprobó su Gobierno en diciembre de 2002, la LOCE, no llegó a entrar en vigor salvo en algunos pocos detalles, pues Zapatero paralizó su aplicación en una de sus primeras medidas en el Gobierno a primeros de 2004. La LOCE, por cierto, no tocaba la estructura actual del sistema educativo.
El presidente, al contrario que Aznar con la guerra de Irak, no es un hombre dispuesto a enfrentarse al 90% de la opinión pública. Pero ahora, con la oposición desaparecida, sus ministros deseosos de tener perfil, su electorado con ganas de ver al PP en acción, y la bula que dan los 100 primeros días de Gobierno, era el momento. Y lo ha aprovechado.
Con información de Juan A. Aunión.
Medidas para cinco ministros
Alberto Ruiz-Gallardón. El ministro de Justicia ha anunciado que la ley del aborto y la elección del Consejo Poder Judicial volverán al sistema de 1985. Aznar en ocho años no cambió la primera norma y pactó con el PSOE la segunda.
Miguel Arias Cañete. Medio Ambiente ha anunciado una reforma “muy profunda” de la Ley de Costas, norma que el PP aplicó entre 1996 y 2004, para permitir nuevos usos en primera línea y alargar las concesiones.
José Ignacio Wert. El ministro Wert ha decidido eliminar la asignatura de Educación para la Ciudadanía y quiere tener en un año una profunda reforma en los institutos. La reforman de Aznar no llegó a entrar en vigor.
Ana Mato. Ha encargado un estudio para ver si la píldora del día siguiente tiene efectos secundarios, pese a que la Agencia del Medicamento no los ha detectado en los más de 10 años que lleva a la venta en España.
José Manuel Soria. Ha comenzado el proceso para prorrogar la vida de Garoña hasta 2019, más a allá de los 40 años para los que estaba diseñada. Ha dictado una moratoria para las nuevas primas a las renovables
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