El problema no es solo climático, sino también democrático
La propuesta de pacto de Estado frente al calentamiento convive con una crisis de legitimidad de la gobernanza medioambiental.
Fernando Valladares y Rafael Jiménez, 21.08.2026
Más de 250 organizaciones se han adherido ya al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. Es una movilización que merece reconocimiento. Pero convive con un silencio llamativo sobre algo que este verano se ha vuelto imposible de ignorar: la crisis de legitimidad democrática que atraviesa la gobernanza medioambiental, y que el Pacto no aborda. Lo decimos como parte interesada, no como espectadores: uno de los firmantes defendía hace tres años, en estas mismas páginas, un pacto de este tipo. Desde 2021, plataformas como Marea Deliberativa vienen insistiendo en que ese pacto necesita un componente ciudadano y no solo una base institucional.
Durante años, la transición ecológica descansó en una premisa: la evidencia científica, la voluntad política y la mediación de las organizaciones producirían por sí solas la legitimidad necesaria. Los científicos identificaban los problemas, los expertos diseñaban las soluciones, las ONG movilizaban apoyos y las administraciones ejecutaban. A la ciudadanía se le reservaba el papel de destinataria, cuando no de figurante en consultas cuya influencia real rara vez era visible. Esto ha creado un problema de base: la exclusión democrática de muchas personas afectadas por las políticas ambientales que nunca participaron en definirlas y, lógicamente, no las sintieron como propias, y llegan a considerarlas hostiles.
Ese modelo tiene los pies de barro y por ello está siendo fácilmente demolido con el ariete de la desinformación organizada sobre temas como la agricultura, los incendios, el agua o la energía. Pero la desinformación, que miente persiguiendo intereses privados, cala precisamente donde existe un déficit de participación y de apropiación de las políticas medioambientales y de sus objetivos. Y lo que se erosiona no es solo la confianza en esas políticas, sino la credibilidad de las fuentes de autoridad de una democracia liberal: de la ciencia, los medios, las administraciones, las organizaciones sociales, e incluso del sector agrícola, de los bomberos o de los gestores forestales.
Sería simplista decir que la no adhesión del PP al Pacto responde solo a este déficit participativo y democrático. Pesan también sus vínculos con el sector agrario y energético y su competencia con Vox. Pero el vacío de legitimidad “desde abajo” le da cobertura: le permite presentar al ecologismo institucional como una élite desconectada de la España rural.
Por tanto, el problema no es solo climático, sino también democrático. Por eso resulta difícil de entender que la movilización de 250 organizaciones no vaya acompañada de una reivindicación igual de firme de mecanismos permanentes de participación, mecanismos que están ausentes del Pacto. España ya ha ensayado varias asambleas ciudadanas por el clima —a nivel estatal, en Cataluña y en Baleares—, pero ninguna fue vinculante y sus recomendaciones apenas tuvieron recorrido posterior.
Darles continuidad institucional e integridad democrática es justo lo que reclamó, el 29 de enero de 2025, una jornada en el Congreso de los Diputados convocada por Greenpeace, Oxfam Intermón y otras tres organizaciones dedicadas al clima y la participación ciudadana, bajo el título Hacia un Parlamento Climático Ciudadano Permanente.
¿Qué ocurre cuando la ciudadanía deja de reconocerse en las instituciones, los expertos y los intermediarios que pretenden actuar en su nombre? De momento, la única gran organización ambiental que propone una respuesta a este problema es Greenpeace España. La pregunta es incómoda especialmente para el tercer sector, que, bajo el modelo de gobernanza actualmente en proceso de demolición por el populismo de extrema derecha, se acostumbró a hablar en nombre de la ciudadanía más que a compartir poder con ella. La crítica que Arundhati Roy formuló hace dos décadas a la “ONGización” de la resistencia nació en un contexto poscolonial muy distinto, pero su diagnóstico sigue dando en el clavo: cuando las ONG se convierten en árbitros e intérpretes entre el poder y la ciudadanía, terminan volviéndose incapaces de articular una solución política.
El problema del ecologismo organizado es que, mientras ganaba la discusión científica, perdía la democrática. Se enfrenta hoy a una ciudadanía que no necesariamente niega los problemas, pero que ya no confía en quienes dicen resolverlos en su nombre. Ese vacío de confianza es el mismo terreno fértil donde el incendio de la desinformación avanza tan rápido como las llamas en verano. Ninguna transición ecológica puede imponerse indefinidamente sobre una sociedad que no participó en definirla.
El incendio no es una metáfora. Mientras el Pacto climático sigue encallado en el mismo callejón sin salida político de siempre —sin el respaldo del PP, sin mecanismos vinculantes, sostenido más por la adhesión de organizaciones que por un consenso real entre partidos—, se han quemado ya en España más de 220.000 hectáreas este año y sigue sin los recursos de prevención necesarios. Por eso ha surgido, al margen de las grandes organizaciones, una petición ciudadana —Todos contra el Fuego— que exige, además de ese Parlamento Ciudadano Climático, redirigir las ayudas públicas hoy tóxicas para el medio ambiente hacia el pastoreo, la ganadería extensiva y unas condiciones dignas para quienes producen lo que comemos, en lugar de sostener los modelos industriales que vacían el territorio. Es exactamente el tipo de exigencia concreta y verificable que a los pactos institucionales les falta.
Si las organizaciones que hoy respaldan el Pacto no sitúan un mecanismo así en el centro del debate, seguirán firmando acuerdos mientras el país sigue ardiendo, y el incendio democrático que lo alimenta seguirá sin apagarse.
Fernando Valladares es doctor en Biología e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Rafael Jiménez Aybar es responsable de Democracia Ambiental y Participación en la Westminster Foundation for Democracy (WFD).
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