¡QUÉ BONITA LA TELE!

El fiscal pide 447 años de prisión para el paparazi Gustavo González por el ‘caso Sálvame’

El ministerio público limita su acusación por revelación de secretos y no atribuye la autoría de delitos a la productora, La Fábrica de la Tele.

J.J. Gálvez, 29.04.2026

https://elpais.com/espana/2026-04-29/el-fiscal-pide-447-anos-de-prision-para-el-paparazi-gustavo-gonzalez-por-el-caso-salvame.html

El caso Sálvame entra en una nueva dimensión. La Fiscalía de Madrid ha presentado su escrito de conclusiones provisionales sobre la presunta trama de revelación de secretos urdida entre el paparazi español Gustavo González y el policía Ángel Jesús Fernández Hita, que le proporcionaba información confidencial de famosos que sacaba de las bases de datos del Cuerpo para desvelarla en el desaparecido Sálvame —emitido en Telecinco y producido por La Fábrica de la Tele—. Pese a que el magistrado instructor Marcelino Sexmero consideró que se podía atribuir delitos a varios empleados del programa de prensa rosa y a la productora, el ministerio público limita su acusación a González (para quien reclama 477 años de cárcel), al policía Fernández Hita (555 años de prisión) y a un segundo agente implicado, Iván Caveda (16 años).

Las penas exigidas resultan astronómicas para los dos principales procesados porque el fiscal Fidel Solera Guijarro atribuye 127 delitos de revelación de secretos al paparazi; y 142, a Fernández Hita —ya que hay decenas de afectados—. Sin embargo, en su propio escrito, el ministerio público recuerda que, como mucho, cumplirían el “triple del tiempo” de la mayor pena que se les imponga por cada uno de esos delitos por separado. Es decir, de triunfar la tesis de la acusación pública, Gustavo González pasaría entre rejas 15 años como máximo; y, su amigo policía, 12 años.

Pero las pretensiones de la Fiscalía no acaban ahí. Reclama que González pague una multa de más de 600.000 euros y se le inhabilite durante cinco años para el “ejercicio de la profesión de director, colaborador de agencias y medios de comunicación; paparazzi, periodista, redactor y guionista”. Por su parte, exige una sanción de 62.400 euros para Fernández Hita. Y ambos, según el escrito de acusación, deberían hacer frente a más de 400.000 euros de indemnizaciones a los famosos afectados. En esa línea, el ministerio público añade que La Fábrica de la Tele debe responder como responsable civil subsidiario por parte de esa cantidad.

El caso Sálvame comenzó en abril de 2017, cuando la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional detectó que Sálvame estaba ofreciendo en directo datos confidenciales recogidos en atestados policiales. Sus indagaciones los llevaron hasta Ángel Jesús Fernández Hita, un agente raso destinado en la Brigada Móvil de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Madrid. La Fiscalía subraya que, desde 2009 a 2018, se aprovechó de su cargo para “apoderarse” de daros reservados de carácter personal de decenas de famosos (como antecedentes, números de matrículas, direcciones de domicilios...), que facilitaba a dos colaboradores del programa de televisión con quienes había tejido una relación: Gustavo González; y la comentarista Mila Ximénez, fallecida en 2021.

Al concluir sus pesquisas, el juez Sexmero calculó que la trama había accedido a información reservada de, al menos, 182 personas: entre ellas, cantantes como Isabel Pantoja, Francisco González, Omar Montes o Àlex Casademunt; personajes públicos como Belén Esteban, Ángel Garó, Aramís Fuster; deportistas como Arantxa Sánchez Vicario, Miguel Torres y Alfredo Di Stefano; o concursantes de programas de telerrealidad como Gran Hermano.

El magistrado ya archivó la causa contra Óscar Cornejo y Adrián Madrid, directores y dueños de La Fábrica de la Tele (que fue adquirida en su totalidad por Mediaset en 2024); Alberto Díaz, exdirector del programa; y otros antiguos trabajadores de Sálvame por “no constar de manera clara que conocieran el origen de la información obtenida”. Sin embargo, procesó a otros periodistas por delitos de revelación de secretos, como David Valldeperas, exdirector del programa; a la productora; y la actriz porno María Pasqual, alias María Lapiedra, expareja de Gustavo González. Para todos ellos, la Fiscalía pide el archivo —solo mantiene a La Fábrica de la Tele como responsable civil subsidiario—.

Sobre el paparazi, el ministerio público incide en que tenía la “intención de obtener ganancias a través de la información ilícitamente obtenida” tras conchabarse con Fernández Hita. Cuando no estaba en su puesto de trabajo, este policía echaba mano de su compañero Caveda para buscar datos confidenciales. “Accedieron, revelaron y se apoderaron de atestados y otros datos reservados de carácter personal y familiar”, remacha la acusación.

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Gustavo González, un conocido paparazi español y habitual del popular programa de televisión Sálvame, lanza la caña a primera hora de la mañana. Como siempre, a ver si pesca una noticia.

—Bon dia!!! [sic] Oye, ¿podrías mirar algo de Josep Santacana? El de Arantxa Sánchez Vicario. Y de paso, de ella.

Son las 9.31 del 20 de febrero de 2018 y, a kilómetros de él, el mensaje de WhatsApp salta entonces en el móvil de Ángel Fernández Hita, un policía corriente destinado en la Brigada Móvil de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Madrid. Un sexagenario agente con aires de mitómano que, en palabras de la propia Unidad de Asuntos Internos (UAI) del cuerpo, “disfruta de relacionarse” con los colaboradores de la prensa rosa. Para él, estos también son “ciertamente famosos”.

—Mándame los nombres completos —dice Hita a González, que se los facilita de inmediato, además de los DNI de la tenista española y de Santacana, que en febrero de 2018 había saltado a las primeras páginas de la prensa del corazón al conocerse su divorcio.

—A ver qué empresas salen. Según me dice el exdueño de Método 3 [una agencia de detectives], tenía muchas deudas. Y problemas con la primera mujer. A ver si sale algo de los otros hermanos Sánchez Vicario. Sergio [sic] y Emilio.

—Tengo una reseña en Guardia Civil por falsificación de documento oficial...

La relación entre González y Fernández Hita constituye la base de la bautizada oficialmente como Operación Luna, pero conocida popularmente como Operación Deluxe.

Un verso suelto de la policía, un colaborador hambriento de carnaza y un programa surfeando entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad marcan los límites de un sumario judicial de miles de páginas con decenas de famosos afectados. La UAI —la que investiga a los funcionarios de la Policía— rastrea desde hace cinco años la filtración de datos personales que ha puesto en la diana a Sálvame, a su productora (La Fábrica de la Tele), a su cadena (Telecinco) y al grupo de comunicación (Mediaset). Asuntos Internos acusa a los periodistas y al programa de “lucrarse” con la relación tejida por el paparazi, mientras estos defienden que Hita no era más que una fuente. A estas alturas, el magistrado no ha encontrado pruebas de cohecho —que se pagara al agente a cambio de los datos, como creía la UAI— y acota la causa solo a revelación de secretos.

El inicio del caso. Asuntos Internos dio un golpe sobre la mesa en abril de 2017. Según consta en el primer informe enviado al magistrado Marcelino Sexmero, titular del Juzgado de Instrucción 4 de Madrid que asumió el caso, los agentes observaron cómo una colaboradora de Sálvame, Mila Ximénez, ya fallecida, ofrecía en directo profusos detalles del arresto y enfrentamiento con la Policía de José Fernando Ortega, hijo del torero José Ortega Cano y la cantante Rocío Jurado. “Por la manera en que expone los hechos, parece que ha tenido acceso al atestado”, escribieron los investigadores, que comprobaron que los datos revelados coincidían con los del documento policial.

Comenzó entonces el recorrido por el laberinto. Los agentes comprobaron quién había consultado el atestado y dieron con Ángel Fernández Hita, al que pusieron bajo la lupa al constatar que consultaba “casi semanalmente a la mayoría de los personajes públicos que iban siendo actualidad”. También se pidió a las compañías telefónicas el tráfico de llamadas de su móvil y se identificaron contactos con 17 personas vinculadas a la prensa rosa y Sálvame, entre los que destacaba “notablemente” el paparazi Gustavo González. Entre enero de 2017 y mayo de 2018, se comunicaron más de 500 veces. El policía también había cruzado palabras con otras personas conocidas como Belén Esteban, María Patiño o Marlène Mourreau, según la UAI.