Una madre que ha denunciado violencia sexual contra su hija en el colegio Waldorf de Zaragoza: “Contarlo puede ayudar a otras personas”
Diez familias han denunciado agresiones sexuales y físicas a menores de entre 0 y 6 años en ese centro privado. El caso está en instrucción desde septiembre y la investigación a cargo de la Policía Nacional.
Isabel Valdés, 30.04.2026
Llega con un clasificador azul lleno de fundas de plástico transparente y un bloc de pintura el mismo día que su hija cumple 7 años. Dentro está todo lo que ha ido guardando desde hace meses: las transcripciones de las conversaciones con ella, de los vídeos y los audios que le ha grabado mientras la niña le explicaba cosas que recordaba, dibujos que ha hecho en los que hay un hombre con sangre en la boca y al que se le distingue claramente la bragueta del pantalón que parece semiabierta, otro en el que aparece una mujer con una soga, o uno con una niña en una jaula, u otra rodeada de medicamentos y utensilios médicos. Están también todos los documentos policiales, médicos, judiciales y legales, todo lo que esta mujer de poco más de 40 años y su marido han entregado a su abogada, a la policía y al juzgado.
Esta pareja son una de las 10 familias que, desde septiembre pasado y hasta ahora, han denunciado agresiones sexuales contra sus hijos e hijas por parte de un trabajador del colegio privado Waldorf Munay de Zaragoza, un centro fuera de la red institucional, de enseñanza alternativa ―más centrada en la libertad del alumnado que en objetivos cerrados― con entre 20 y 30 menores de entre 0 y 6 años por curso desde que abrió, en 2017. Una docena de ellos, cuyos padres y madres ya han denunciado, han contado en los últimos meses a agentes policiales y distintos especialistas no solo violencia sexual, sino también física, y han hablado de momentos en los que los grababan con un móvil.
“A veces creo que todo eso no ha pasado, que es irreal”, dice la madre sentada en una cafetería de la capital aragonesa. En una conversación con este periódico, hace un relato pormenorizado de las violaciones y abusos que han denunciado los familiares de estos niños. “He escuchado muchas cosas estos meses que me ha costado semanas y semanas asimilar”, reconoce.
El caso está en el Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza y la investigación a cargo de la Unidad de Familia y Menores de la Policía Nacional. El extrabajador fue detenido el 5 de septiembre y puesto en libertad provisional tras prestar declaración. Él es la pareja de una de las dos fundadoras y profesoras del centro, que son hermanas.
En octubre, ambas emitieron un comunicado en el que alegaron “sorpresa”, informaron de que habían “colaborado activamente” desde un primer momento con las autoridades, aseguraron que contaban con “protocolos de cuidado y supervisión” que iban a ser “revisados y reforzados”, y desmintieron que el colegio fuera a ser clausurado. La escuela cerró un mes después. El pasado 26 de marzo, tras meses de trabajo policial, una de esas dos profesoras fue llamada a declarar como investigada.
Pese a que una de las familias que denunció el caso pidió prisión provisional y otra alejamiento, según José María Bayod, el abogado de una de las maestras y el otro investigado, a él, el juez le retiró el pasaporte con la condición de ir cada 15 días a firmar por considerar que no existe “riesgo de fuga ni de reincidencia”. Mientras que, para la educadora, “aún no ha tomado ninguna decisión”. Además, aseguró que ambos “han abandonado su casa por acoso”.
Fuentes cercanas a la investigación, que dura ya ocho meses, explican que aún quedan muchas pruebas que practicar y testigos por declarar. La edad de los menores, y lo que narraban o lo que presentaban a través de distintos síntomas, hizo que a finales de enero se desplazara desde Madrid hasta Zaragoza un equipo de la Sección de Análisis de Conducta de la Policía Judicial ―la Guardia Civil cuenta con otra―, un grupo de especialistas en psicología criminalista que se ocupa de los casos de mayor gravedad y complejidad. Pasaron muchas horas durante varios días entrevistando a los niños y niñas y a sus familias.
El relato de “un infierno”
La madre que ofrece este relato ―a la que este periódico va a preservar tanto su identidad como la de su hija― empieza a hablar y lo hace, sin parar, durante dos horas y 38 minutos. Al por qué quiere hacerlo, contesta: “Para que no se vuelva a repetir. Creo que contarlo puede de alguna forma ayudar a otras personas. Voy a dedicar mi vida a que ella y mi otro hijo estén lo mejor posible y a intentar hablar de esto para que otros estén más seguros”. No usa en ningún momento ningún eufemismo. Sabe que lo que va a relatar “es un infierno” que quiere, y necesita, que “la sociedad entienda”.
Empieza por el principio porque, si no, dice que va saltando de una cosa a otra. El principio es el 30 de agosto de 2025, cuando una madre de otro menor de ese colegio le llamó para contarle que se habían producido episodios de violencia sexual: “Pensé que mi hija se había librado. Ella estuvo en ese colegio entre 2022 y 2023, entre los 3 y los 4 años”.
Pero también, de forma inmediata, recordó por qué solo había durado un curso en ese centro del barrio zaragozano del Arrabal: “Entró en septiembre de 2022 y en diciembre tenía ansiedad y su carácter había cambiado completamente. Ya no quería ir; me contaba que había un monstruo en el baño y que nunca iba porque le daba mucho miedo. Cuando íbamos a recogerla, lo primero que hacía al salir era hacerse pis encima”. Y ella, que sabe que hay sonidos que le molestan mucho, pensó que quizás era el ruido de tirar de la cadena o de tuberías lo que la asustaba. Ahora sabe que no.
Empezaron a multiplicarse los cambios: pesadillas, se mordía las uñas, la camiseta, mordía piedras, lloraba durante horas, no hablaba. Cuenta que le preguntaron a la profesora si sabía qué estaba pasando, que les respondió que “era una niña sensible y que seguro que tenía celos porque ella iba al cole y su hermanito, que era un bebé, se quedaba con su papá y su mamá”.
Al poco de aquello, les contó “que no le gustaba cómo limpiaban a los bebés”, sin dar ningún otro detalle. Y un día, volviendo a casa, les narró una situación con otras dos compañeras en el patio; le preguntó por qué no había pedido ayuda a su profesora y le contestó que su profesora le daba miedo.
“Ahí dije: ‘Hostia, algo pasa, pero no contaba nada más”, narra mientras ojea el clasificador para comprobar que las fechas que va dando son correctas. Cuenta que empezaron incluso a no dormir de la preocupación que les provocaba saber que algo ocurría, pero no saber qué: “El día que nos dijo que si lloraban los sacaban al patio y que ya no quería volver más, la profesora nos volvió a negar todo. Decidimos que la creíamos a ella. Y la sacamos de allí. Fue en junio de 2023. Otros padres nos miraron como si estuviésemos locos. Y una vez fuera, fue volviendo a ser ella”.
“He escuchado cosas que me ha costado semanas asimilar”
Para de hablar y coge aire. Vuelve a 2025, al momento en el que esa otra madre la llamó. Ella, como el resto de familias, pensaba que el extrabajador investigado era “el cocinero, pero no alguien en contacto con los niños y las niñas”, separados en dos grupos: uno de 0 a 3 años y el otro de 3 a 6 años, a los que daban clase las dos profesoras.
Empezó entonces a intentar preguntarle cosas con cuidado. La niña, que en septiembre ya tenía 6 años, le daba respuestas sueltas que la mantenían en alerta constante: “Me dijo que a veces ya no se quería acordar, que la mente, cuando algo duele mucho, pues lo olvida. Ahí llamé a la psicóloga, porque, ¿por qué mi hija de 6 años me estaba dando la definición perfecta de trauma?”. La llevó a la especialista, que le ayudó con la gestión de los recuerdos que pudieran seguir apareciendo. Y aparecieron. Poco a poco, en casa o cuando iban en el coche, la niña fue recordando cosas que su madre intentaba siempre grabar.
Desbloquea el móvil y busca uno de esos vídeos. Se inclina sobre la mesa para explicar qué está apareciendo y enlaza, sin pausa, con muchas otras cosas que no salen en ese vídeo, pero sí en otros.
Ella —avisa antes de contarlas— sabe que son de una violencia sexual extrema: “Se fue a buscar una muñeca, y me dice: ‘Mira, me sujetaba así’, y en una hora, del tirón, me cuenta varias violaciones, de él y también de su profesora. Tú tienes que darle seguridad y no llorar y no gritar y escucharla”, confiesa. Esas son las cosas que le cuesta asimilar.
Cosas como que “les introducía objetos, que él se bajaba los pantalones en el baño porque decía que iba a hacer caca, pero que la sentaba encima de él, con el pene fuera, y frotaba, y luego la manchaba y le echaba un líquido dentro de la vagina. Me habló de jeringas, de que le decían que, si no se portaba bien, le iban a dar la medicación de dormir hasta que llegaran los papis. Que les hacían hacer pis en botecitos y en tiras de papel. Que él le daba besitos en la boca: ‘Así, mami: muack, muack’. Y que tenía una herida en el pene que había que curar, y después abrazarlo y darle besitos todos los días”.
“De la profesora, contaba también que los zarandeaba tan fuerte que los tiraba al suelo. Que les hacían fotos cuando les castigaban o les hacían daño. Les enseñaban en el móvil imágenes de cuerpos desnudos, con heridas; hacían como espectáculos de teatro que les daban miedo, y se ponían máscaras con sangre para asustarlas. Creo que de ahí los dibujos que hace de ellos, con sangre en la boca”, cuenta.
Todo ese relato consta en la ampliación de la denuncia que esta madre y su pareja, el padre, hicieron el 19 de enero con lo que la niña había ido recordando en esos meses. Y la ratificaron. Solo dos días después les tocó la entrevista con la Sección de Análisis de Conducta (SAC) de la Policía Nacional. Ella estuvo tres horas y media, tres su pareja: “Y mi hija estuvo otras tres hablando sin parar con dos mujeres a las que no conocía de nada. Es un equipo de la hostia”. Una semana después, el 28 de enero, fue el turno para la cámara Gesell, en el Instituto de Medicina Legal de Aragón.
Esa cámara es una sala preparada para tomar declaración a menores o mujeres en situación de extrema vulnerabilidad, con todos los especialistas necesarios presentes para formar lo que se llama prueba preconstituida, un testimonio que sirve para el juicio sin que las víctimas tengan que volver a declarar. Y fue dura: “Desde fuera, veía cómo tenía que explicarles con su propio cuerpo lo que le habían hecho, aunque yo le había dado la muñeca para que contara sobre ella lo que tuviese que contar. Yo solo pensaba: ‘Que acabe esto ya’. Vi que no quería estar allí, que no estaba cómoda. Me sentí como el culo, la verdad”. Ambos informes, tanto el de la SAC como el del Instituto de Medicina Legal, llegarán, previsiblemente, en los próximos días.
Estos últimos ocho meses han servido, cree, “para ir aceptando y asimilando, para pasar por toda esta mierda que hay que pasar”. Todos en esa casa van a terapia y ella sabe “el privilegio” que supone poder pagarla. La niña, que ya tiene 7 años, sigue teniendo ataques de pánico y pesadillas, vomita la comida, tiene flashes y miedo recurrente a ir al baño.
¿Lo que ella querría? “Que esto jamás hubiese pasado”. ¿Lo que va a hacer? “Pase lo que pase con la investigación, con el juicio, nosotros vamos a luchar por ella hasta el final. Aunque mi única reparación va a ser que mi hija esté bien, que pueda tener una vida normal. Yo sé que no le puedo prometer que nunca más va a estar en peligro, pero sí que voy a estar con ella. Que la voy a escuchar y la voy a acompañar. Ahora, cuando tenga 15 y cuando tenga 30. Siempre”.
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