Las tabacaleras pierden el pulso judicial contra la ley antitabaco de Australia
Se convierte en el primer país que obliga a que los paquetes de cigarrillos sean homogéneos y pongan en letra pequeña el nombre de la marca y sin el logotipo característico.
EFE Sidney 15 AGO 2012 - 09:41 CET
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La industria tabacalera ha perdido hoy su pulso con el Gobierno de Australia al desestimar el Tribunal Superior de Canberra el recurso de las multinacionales contra la ley antitabaco que obliga a que los paquetes de cigarrillos sean de color verde oliva, con tipografía homogénea, con la marca en letra pequeña y sin el logotipo característico y sin publicidad de promoción del tabaco. Además, las advertencias sobre los riesgos del tabaquismo para la salud -con imágenes de tumores cancerígenos o bebés enfermos- ocuparán el 75% de la parte frontal de las cajetillas y el 90% de la posterior. Australia se convierte así en el primer país del mundo en adoptar una medida de esta índole, mientras que otros países como Gran Bretaña, Canadá o Nueva Zelanda estudian iniciativas similares.
El tribunal ha dictaminado que la ley, que se aplicará a partir del 1 de diciembre, no contraviene la Constitución ni infringe los derechos de propiedad intelectual como denuncian las tabacaleras. "Al menos una mayoría de este tribunal opina que la ley no es contraria [a la Constitución de Australia]", sostienen los jueces, que presentarán sus argumentaciones en una fecha posterior.
Encabezados por la británica British American Tobacco (con marcas internacionales como Lucky Strike), entre los demandantes figuran también Japan Tobacco International, Imperial Tobacco (Cohiba o Golden Virginia) y Philip Morris (Marlboro, L&M o Chesterfield). Las compañías no podrán recurrir la sentencia.
Uno de los más firmes defensores de la ley es la fiscal general australiana, Nicola Roxon, exministra de Sanidad y cuyo padre murió de cáncer de esófago provocado por el tabaco cuando ella tenía 10 años. "Es un hito para el control del tabaco en el mundo. Otros países podrían considerar ahora tomar medidas parecidas", ha manifestado Roxon. El presidente del Consejo de Tabaco y Salud, Mike Daube, ha declarado tras conocer el veredicto que es "una victoria masiva para la salud pública". Daube, que dirigió el comité que asesoró al Gobierno sobre la norma, ha aseverado que "es además la peor derrota de la industria tabacalera mundial", y ha subrayado que "las multinacionales se han opuesto al empaquetado homogéneo con más ferocidad que contra cualquier otra medida".
Las empresas tabacaleras alegan que la ley les causará pérdidas millonarias y que viola sus derechos de propiedad intelectual al prohibirles utilizar sus logotipos. El portavoz de British American Tobacco, Scott McIntyre, se ha mostrado "extremadamente defraudado" con la decisión del Tribunal Superior. No obstante, ha indicado que cumplirán con la normativa, aunque consideran que "el Gobierno no tiene derecho a sustraer la propiedad intelectual de las compañías". Para Sonia Steward, portavoz de Imperial Tobacco, "la legislación facilitará el trabajo de los contrabandistas al abaratar sus costes" y ha precisado que el Estado debería compensar a las empresas por privarles de su imagen de marca.
Algunos países como Honduras, República Dominicana y Ucrania se han opuesto en la Organización Mundial del Comercio (OMC) a la normativa australiana al considerar que vulnera los derechos de propiedad intelectual. Según las autoridades hondureñas, la legislación elimina "la función básica de una marca, que es permitir a los consumidores distinguir productos de distintas compañías". Los denunciantes también alegan que la ley australiana pondrá restricciones al comercio al regular el empaquetado del tabaco, aunque de hecho sus exportaciones a Australia tienen un volumen poco significante.
En los años 90, Australia prohibió la publicidad del tabaco en cualquier medio de comunicación y soporte, así como el patrocinio de eventos. Unos 15.000 australianos mueren cada año como consecuencia de dolencias relacionadas con el tabaquismo, un hábito que, según fuentes oficiales, cuesta cada año a la arcas del Estado australiano 31.871 millones de dólares (25.848 millones de euros). El Gobierno aspira a recortar el número de personas fumadoras del 15% de la población actual al 10% en 2018.
El pulso judicial entre la industria tabacalera y el Gobierno de Australia ha sido seguido muy de cerca por otros países como Gran Bretaña, Canadá o Nueva Zelanda, que estudian medidas parecidas a la adoptada por Australia.
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