El Partido Popular y el ministro
del Interior, Jorge Fernández Díaz, han hecho oídos sordos ante el rechazo
social generado por las reformas del Código Penal y la Ley de
Seguridad Ciudadana. Unas reformas que tendrán graves repercusiones sobre
varios derechos fundamentales. Han decidido permanecer sordos ante el rechazo
de las organizaciones y movimientos sociales, de instituciones internacionales
de protección de los derechos humanos, de asociaciones de abogados, jueces y
fiscales, de partidos políticos o hasta de sindicatos policiales. No solo no escuchan, sino que
siguen insistiendo en que no se recortan los derechos fundamentales.
El ministro Fernández sigue en su
mundo irreal donde existe un grave problema de seguridad ciudadana y donde
estas leyes nacen como respuesta a una demanda social. Imaginan una
historia de ficción de calles que se llenan de violentos. Por eso hay que detener
a quien cometa un delito... y también a quien se sospeche que podría cometerlo
o, por qué no, a quien merodee por los alrededores. Hasta 30.000 euros por
concentrarse frente a un parlamento autonómico o hasta 600.000 euros por
convocar una marcha a una central nuclear sin comunicación previa.
En Greenpeace no se nos escapa
que esta ley será una herramienta para que el Gobierno y sus
"amigos", que dirigen las políticas ambientales y energéticas en
nuestro país, lo tengan más fácil para aplicar sus objetivos sin la acción
incómoda de la sociedad civil.
Greenpeace ha estado esta mañana
ante el Congreso para mostrar su rechazo a la nueva Ley. Y vamos a seguir
luchando a todos los niveles para asegurar su derogación. Junto a otras
organizaciones seguiremos movilizándonos para exponer la
desproporcionalidad de las leyes, y, por supuesto,
continuaremos ejerciendo nuestra libertad de expresión mediante la
protesta pacífica.
GREENPEACE
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