No ceder al marco extremista
El PP impulsa las ideas y las guerras culturales de Vox al homologar términos falaces como “prioridad nacional” o “concebidos no nacidos”.
EL PAÍS, 12.06.2026
España era, hasta finales de la década pasada, una excepción entre muchos de sus vecinos europeos porque, al culminar el proceso de Transición, no quedaba rastro de la extrema derecha en el Parlamento. Pero, desde que Vox irrumpió en la Cámara autonómica de Andalucía en 2018 y luego en el Congreso, la representación institucional de la corriente nacionalpopulista no ha parado de crecer, sincronizada con la derechización más o menos intensa de casi todas las principales democracias del mundo e impulsada por los tecnoligarcas y la segunda presidencia autoritaria de Donald Trump. Y aunque este giro reaccionario no haya llegado aún al centro de mando de muchos gobiernos, lo indiscutible, y preocupante, es que sus marcos conceptuales calan en la cotidianidad por medio de una batalla cultural que coloca a la defensiva a un progresismo que acaba pareciendo entre anticuado y acartonado. No es solo una cuestión de votos, principios o persuasión electoral; es un proceso, ensayado con éxito desde hace décadas en Estados Unidos, que mediante la manipulación del lenguaje delimita el terreno de juego y determina la manera de pensar y ver el mundo. El propósito esencial de la extrema derecha es normalizar el discurso que sostiene que la modernidad ilustrada está en decadencia para imponer, envuelta en una idea tergiversada del sentido común, una agenda de valores y políticas regresivas presentadas a la opinión pública como una forma de transgresión.
Lo ejemplifican las recientes declaraciones del líder de la oposición, cuando afirmó que, si llegase a La Moncloa, impulsaría una ley para dar ayudas al “concebido y no nacido”. Esta norma destila activismo contrario al derecho al aborto al ignorar el consenso tradicional sobre el tratamiento del embrión mientras apunta al control político del cuerpo de la mujer. Hace tres años Alberto Núñez Feijóo no lo contemplaba. En su programa para las elecciones de 2023, el presidente del PP incluyó medidas de apoyo a la maternidad asumidas por las sociedades del bienestar avanzadas: desde un pacto de Estado para la conciliación a la gratuidad de la educación de 0 a 3 años. No se hablaba del “concebido no nacido”, un concepto que sí patrimonializaba Vox en su programa con prueba de paternidad: la proposición no de ley que la ultracatólica, y exdiputada popular Lourdes Méndez Monasterio defendió en la Comisión de Igualdad con la pregunta “¿por qué ese interés en matar a los nuestros?”. No deja de ser significativo que en 2019 Isabel Díaz Ayuso sí defendía estas medidas cuando se presentó por primera vez a las elecciones, pero, sin el apoyo de los liberales de Ciudadanos, tuvo que descartarlas. Este julio ha aprobado una ley que define como “una defensa de la vida”. A Vox le parece bien pero insuficiente.
La contaminación de los marcos conceptuales del nacionalpopulismo –en el caso español, con elementos de un nacionalcatolicismo actualizado– en la política democrática y la conversación cívica opera en dimensiones como la memoria histórica y los discursos revisionistas sobre la Hispanidad o el origen de la guerra civil. Pero a la vez impacta en asuntos tan sensibles como el que se desprende de la “prioridad nacional” cuando la cuestión inmigratoria es uno de los principales factores de tensionamiento de las democracias occidentales. Al PP del primer Feijóo esa noción no le cabía en el programa, mientras el punto 125 del de Vox era meridianamente excluyente: “Estableceremos la prioridad nacional en las ayudas sociales y los programas de acceso a la vivienda”. Tras las últimas elecciones autonómicas, más o menos incomodado, al partido de estado que es el PP le ha tocado consentir dicho concepto en los acuerdos para revalidar los gobiernos regionales. Es otro ejemplo claro de cómo el uso falaz de expresiones con una profunda carga ideológica desliza el terreno del debate al extremo y, en vez de desactivarlas, se asumen como aceptables. El problema, en estos pactos autonómicos, no está solo en las políticas discriminatorias que puedan surgir. Lo más inquietante es que sectores crecientes de la sociedad integren en su día a día, desde la escuela a los hospitales, que unos ciudadanos tienen prioridad sobre otros.
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