''Se seguían instrucciones de la concejal'' Ángela Mena
SCTF / CASO DE LA FUNCIONARIA ACOSADA. Según García de León, no se aplicó el protocolo para evitar la situación de la denunciante “porque no se aprobó hasta diciembre".
SANTA CRUZ DE TENERIFE. - BELÉN MOLINA
“Se seguían instrucciones de la concejal”, en referencia a Ángela Mena, responsable del área de Mujer entre 2007 y 2011 en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Así lo declaró el jefe de Recursos Humanos del Consistorio, Miguel Ángel García de León, en el juzgado de Instrucción 4, en el que se investiga el posible acoso laboral sufrido por una funcionaria de carrera en el Centro Municipal de la Mujer de la capital tinerfeña en esos años.
La denuncia penal por mobbing se sustenta en una sentencia de lo contencioso administrativo que declaró nulo el trasladado de la funcionaria a una comisión de servicios que no había solicitado, y expresa “el trato discriminatorio” sufrido por la trabajadora.
En relación a esa sentencia, García de León declaró que acordó notificarla a la directora general de Recursos Humanos y presidenta del Comité de Seguridad y Salud, Nieves Pérez Marichal; al jefe de Servicio de Coordinación, Pedro Ramos, “y cree que a la concejal Ángela Mena”, ya que “en los informes, tanto de la directora general como de Pedro Ramos (jefe de servicio de Coordinación) se hacía constar que seguían instrucciones de la concejal, y al no estar la directora general, se le notificó a ésta para que lo supiera”.
García de León, jefe de Recursos Humanos desde 2006, y para quien la acusación pide dos años de cárcel e inhabilitación, declaró cerca de cinco horas como imputado en los posibles delitos de prevaricación y de acoso laboral.
Afirmó ante la juez Ángeles Lorenzo-Cáceres que “en agosto de 2010 y agosto de 2011 se reiteraron estos escritos, ya que los jefes de servicio son los responsables de organizar, distribuir y ejercer el mando directo sobre el personal que está adscrito a sus servicios, y en concreto se refiere a Pedro Ramos Izquierdo, Enrique Núñez Ruano (director general de coordinación) y a la concejal doña Ángela Mena Muñoz”.
“No aprecié arbitrariedad”
El imputado, sostuvo, sin embargo, que no abordó nunca directamente con Mena el problema generado con la funcionaria de carrera, a quien se le fueron quitando funciones a favor de una interina, Ana Belén Crespo, para quien se creó una plaza ex profeso al mes de que la afectada accediera a su plaza.
Pese a que participó en una reunión para abordar el vaciamiento de funciones de la denunciante en marzo de 2009, y pese a la contundente sentencia de lo contencioso a favor de la misma, el jefe de Recursos Humanos sostuvo que no tenía conocimiento del acoso laboral.
Por eso, dijo, apoyó la propuesta que le hizo llegar la directora de Participación Ciudadana, María del Cristo Díaz Méndez, para atribuir a la afectada funciones temporales en Educación y Juventud. “No aprecié arbitrariedad en la solución”, aunque admitió que a denunciante nunca había solicitado otras funciones, sino ejercer las que le correspondían por la plaza ganada en oposición.
Esa atribución de funciones temporales estaba motivada por una cuestión de urgencia por falta de personal, añadió García de León, pese a que cuatro años después, nadie se ha hecho cargo de las mismas.
Una plaza con efectos retroactivos
El jefe de Recursos Humanos insistió en que, pese al contenido de la sentencia de lo contencioso, en la que se ordena que se restituyan las funciones a la funcionaria de carrera, él no interpreta que haya habido un trato discriminatorio. A preguntas de la juez sobre que entiende por trato discriminatorio, García de León recalcó que no entendía que hubiese un trato discriminatorio por el que tuviese que actuar la Administración.
Asimismo, tampoco se activó el protocolo de acoso laboral porque según el imputado, “no fue aprobado hasta mediados de diciembre de 2011”, aunque sí había sido aprobado en noviembre de 2010 por el Comité de Seguridad y Salud. De cualquier manera, y desde su aprobación hasta la fecha, el protocolo sigue sin proteger a la afectada. El imputado admitió que no se ha adoptado ninguna medida para evitar el acoso.
El jefe de Recursos Humanos también reconoció que era la primera vez que había visto que a una interina se le diese una plaza con efectos retroactivos, que fue lo que ocurrió con Ana Belén Crespo, quien quedó sin trabajo entre el 18 de enero de 2007, cuando la denunciante ocupó su plaza, hasta febrero de ese año, cuando Crespo ocupó la que había sido creada para ella. En la actualidad, la funcionaria denunciante sigue sin poder ejercer sus funciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario