Nueve años de rabia e indignación
Las familias del Yak-42 dicen que será el peor aniversario de la tragedia por el indulto del Gobierno a los únicos condenados y el cierre de la última causa abierta.
Miguel Ángel Sencianes no solía ir a recibir a su hermano, José Manuel, sargento primero, cuando regresaba de una misión. La única vez que lo hizo fue en la que no volvió. “Fui aquel 26 de mayo, porque me había dicho que quería hablar conmigo. Luego, supe que era para contarme que se casaba”, recuerda. “Mientras me preparaba para ir a buscarle vi en televisión la noticia de la muerte de 62 militares españoles que regresaban a España. Llamé a la base. Me dijeron que ese día solo volvía a casa un avión, el Yak-42. Mi hermano estaba muerto”.
Los familiares de las víctimas están convencidos de que el accidente pudo haberse evitado. También la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que lo consideró “previsible”, fruto de “una imprudencia grave” y de una “absoluta falta de diligencia”. El fiscal Fernando Burgos señaló como responsables al exjefe de la cúpula militar en la etapa de Trillo, el almirante Antonio Moreno, y al exjefe del Estado Mayor Conjunto, el teniente general Juan Luis Ibarreta. Pero la Audiencia ha confirmado definitivamente el archivo de la causa al entender que no hay responsables más allá de la fatiga y la falta de preparación de la tripulación.
Los familiares de las víctimas van a recurrir el archivo ante el Supremo. Decidieron desde el principio que llegarían hasta el final. Lo hicieron apenas un mes después del accidente, en la primera reunión que celebraron. Entonces todavía no sabían que los militares que repatriaron los cuerpos habían “sorteado” los cadáveres que ellos enterrarían convencidos de que eran sus hijos, hermanos o maridos. Pero ya sabían que el Yak-42 era un “avión basura” porque algunos militares se lo habían advertido e incluso habían presentado quejas oficiales a las que nadie hizo caso.
“El Yak tenía roto el indicador de combustible y el sistema que graba las conversaciones en cabina. Algunos militares ni tenían asiento y la carga no iba anclada, con lo que, ante cualquier movimiento brusco, habría actuado como un proyectil”, recuerda Sencianes. Nueve años de investigación y lucha en los tribunales les hacen a veces hablar como peritos. Han averiguado mucho, pero aún no lo saben todo.
Queda por saber quién dio la orden al general Navarro, ya fallecido, de regresar a España tras dedicar a la identificación de 30 cadáveres carbonizados, en el mejor de los casos, tres horas y 25 minutos, el tiempo transcurrido desde que firmó un documento diciendo que los cuerpos estaban sin reconocer hasta que los repatrió desde Turquía. Menos de siete minutos por cada cadáver. Había féretros con restos de tres personas. Los familiares, entre los que hay varios militares, saben que al final de la cadena de mando siempre hay un político. El exministro Trillo nunca ha respondido sobre las prisas por celebrar el funeral de Estado.
También queda por saber por qué Defensa contrató el vuelo a través de la agencia Namsa cuando hacerlo con Air Europa era más barato y seguro. O qué pasó con las comisiones: el Ministerio pagó 149.000 euros por aquel vuelo, pero la compañía que finalmente lo operó, tras cinco subcontratas que pasaron por Alemania, Rusia, Turquía, Líbano y Ucrania, solo recibió 38.442. O dónde están los contratos de los otros 42 vuelos firmados con Namsa entre 2002 y 2003 por 8,9 millones de euros, de los que más de tres, si se aplicó el mismo patrón que en el Yak, se fueron en comisiones.
“Mucha gente me dice: ‘No van a volver. Están muertos. ¿Por qué no lo dejáis?'”, cuenta Ripollés. “No lo dejamos porque queremos que nadie más tenga que pasar por este horror. Llevo nueve años indignada, pero no estoy cansada”. Sencianes añade: “Lo que nos mantiene en esta lucha es la rabia, la indignación y la fidelidad a los nuestros”.
“No pedimos dinero”, explica Paco Cardona, que aún no ha recibido la indemnización de las compañías. “Exigimos la verdad, que los culpables asuman su responsabilidad. No tener que ver cómo indultan a gente que no es digna del uniforme que llevaba mi hijo y que nunca ha pedido perdón. Mientras me quede aliento voy a seguir. Javier Jiménez Ugarte [número tres de Trillo] me dijo que mi hijo se avergonzaría de mí. Yo creo que estaría contento de que su padre defienda su memoria”.
Aquel día empezó un calvario que el próximo día 26 durará ya nueve años. “Y no es porque hayamos perdido un familiar. Si hubieran muerto en un ataque en Afganistán les hubiéramos llorado igual, pero no sentiríamos esta rabia. Ellos estaban dispuestos a morir, eran militares, y nosotros lo aceptamos, pero el Ejército traicionó los valores por los que ellos estaban dispuestos a dar la vida”, explica Sencianes, presidente de la asociación de víctimas.
Dicen que este va a ser el aniversario más triste porque nueve años después la justicia no ha señalado a ningún responsable, la Audiencia Nacional acaba de archivar por cuarta vez la causa por la contratación del avión y los dos únicos condenados vivos por falsear la identificación de los cadáveres, los comandantes sanitarios José Ramón Ramírez y Miguel Sáez, han sido indultados.
“Cada aniversario nos tienen preparada una nueva bofetada”, lamenta Granada Ripollés, hermana de José Manuel, comandante fallecido en el Yak-42. “Para nosotros, que se celebrara el juicio por las contrataciones del avión era más importante incluso que el de las identificaciones, porque si las autoridades hubieran hecho bien su trabajo ese avión destartalado nunca habría despegado. ¿Cómo es posible que afectados por un accidente de circulación tengan derecho a un juicio y 62 militares que mueren en un avión basura no? Detrás de todo esto está [Federico] Trillo [exministro de Defensa]. En el PP y en el Gobierno le deben muchos favores”.
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