viernes, 4 de mayo de 2012

A MI QUE ME LO EXPLIQUEN

Hace ya unos años, coincidiendo con el comienzo de la crisis, empezamos los arquitectos a tener problemas con la cantidad de proyectos y por ende con los ingresos anuales. Por surrealista que parezca Hacienda me hizo una inspección porque les parecía, según me dijeron, que había ganado poco dinero el año anterior, así que me revisaron cada una de las facturas, me quitaron gastos de difícil justificación y, entre una cosa y otra, acabaron poniéndome una multa que logré fraccionar y pagar a duras penas tiempo después. Imagino que esta historia se habrá repetido innumerables veces con otros profesionales y que, de una forma u otra, terminarían pagando también. En el caso particular de los arquitectos, por lo menos hasta hace poco, se suponía que éramos profesionales "transparentes", pues todos los trabajos iban precedidos de contratos visados por el Colegio de Arquitectos y cobrados a través de esta entidad, por lo que defraudar era prácticamente imposible. Al menos nuestro estudio ha trabajado siempre así.
Por esto que cuento no deja de sorprenderme, indignarme e intrigarme, toda esta condescendencia oficial con los actos (supuestamente) delictivos de Urdangarín y de su socio y ahora examigo. ¿Qué hubiera pasado si en la ecuación no hubiese estado su socio? ¿nos hubiésemos enterado del tamaño de la chorizada o se hubiera corrido un tupido velo, parte de la familia real viviendo en Washington y todos tan felices y contentos con fotos en el ¡HOLA!? Pues no, gracias a dios existe y a base de sacar e-mails, faxes y demás documentos el cerco se ha ido estrechando hasta que, según parece, "todos" se han puesto algo nerviosillos. Pero no olviden los próceres que manejan los hilos que esta vez está toda España con la vista fija en este Duque de guantes blancos y que no será tan fácil que salga por la puerta trasera de rositas. Que pague, por supuesto, faltaría más. Habrá que ver en qué queda todo.
Diego Torres avisa de que detallará al juez los negocios con Urdangarin
Suspendidas las reuniones entre los abogados y la fiscalía.
Jesús García / Andreu Manresa Barcelona / Palma de Mallorca 
 
Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos, añade más presión a las negociaciones que ambos mantienen para alcanzar un acuerdo que les permita reparar el daño causado al erario público y evitar, con el beneplácito de la fiscalía, su ingreso en prisión. En su declaración como imputado del próximo 22 de mayo, Torres está dispuesto a explicar con detalle todos los negocios en los que participó junto al yerno del Rey.
Torres decidió permanecer en silencio en su primera comparecencia ante el juez José Castro. Pero cuando Urdangarin intentó descargar en él toda la responsabilidad sobre la gestión de Nóos, decidió mover ficha y pidió declarar. La entidad facturó diez millones con Administraciones públicas, la mayoría en manos del PP.
Aunque la tesis del duque de Palma ha sido desacreditada por otros imputados y testigos, Torres quiere acabar de darle la puntilla. El exsocio del duque explicará que, en fechas posteriores a 2006 —cuando la Casa del Rey aconsejó al esposo de la infanta Cristina que dejara los negocios con Administraciones públicas—, Urdangarin siguió liderando proyectos como el de los Juegos del Mediterráneo, que nunca llegaron a celebrarse.
El abogado de Torres, Manuel González Peeters, y el de Urdangarin, Mario Pascual Vives, tenían previsto reunirse esta semana, cada uno por separado, con la fiscalía anticorrupción para tantear un posible pacto. Pero las reuniones han sido suspendidas temporalmente para mantener la discreción sobre el caso. El abogado de Urdangarin negó ayer cualquier clase de contacto “formal o informal” con la fiscalía en ese sentido. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, advirtió por su parte que “no va a haber ningún trato de favor”.
Urdangarin y Torres están dispuestos a asumir algunos de los hechos investigados y a devolver el dinero malversado, 3,5 millones. A cambio de reparar el daño y colaborar con la justicia (un atenuante), aceptarían penas de prisión no superiores a los dos años.

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