Me pregunto cada mañana al leer el periódico hasta cuándo va a llegar la sumisión general en la que estamos todos (o casi) sumergidos. En estos tiempos en los que los políticos desde sus tribunas no hacen sino pedir austeridad, austeridad y más austeridad, nos encontramos noticias como la de hoy del Presidente del Tribunal Supremo, las correrías del Rey, la oscura visita del Papa a Valencia (económicamente hablando) o el culebrón de Urdangarín y su socio, sólo por poner algunos ejemplos. ¿Cómo tienen la poca vergüenza de pedir que nos apretemos el cinturón (lo de pedir es un eufemismo, claro está) mientras dan este espectáculo? Pero es que ni siquiera disimulan; y encima, si perdemos la fe en la Justicia, ¿qué nos queda?
Bueno, siempre nos quedará París...
Un vocal del Poder Judicial denuncia al presidente del Supremo por malversación
Gómez Benítez acusa a Dívar ante el fiscal general del Estado de gastar 5.658 euros de dinero público en viajes privados de fines de semana a hoteles de lujo. Divar, a EL PAÍS: "Tengo los recibos". GRÁFICO: Gastos de los viajes privados de Dívar.
José Yoldi Madrid 8 MAY 2012 - 21:56 CET
El vocal del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez denunció ayer ante la Fiscalía General del Estado a Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, por considerar que ha podido cometer un delito de malversación de caudales públicos al cargar a los presupuestos de este último organismo gastos de viajes privados, siempre coincidiendo con fines de semana, muchos de ellos ampliados a cuatro días, en hoteles de lujo de Puerto Banús (Marbella, Málaga) y restaurantes caros.
El citado vocal, que ya propuso hace varias semanas un plan de austeridad para evitar despilfarros del organismo en los viajes, presentó ayer un escrito ante el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en el que explica que el presidente Carlos Dívar endosó al Consejo las facturas de al menos seis viajes no oficiales, todos ellos realizados en fines de semana entre septiembre de 2010 y noviembre de 2011 por importe de 5.658,88 euros y todos con el mismo destino: uno de los hoteles de lujo de Puerto Banús.
Gómez Benítez recuerda en su denuncia que el presidente Dívar “no tiene su domicilio en Málaga, sino en Madrid, y no consta en los expedientes [cuyos datos ha puesto a disposición de la Fiscalía] actividad oficial alguna que los motive, y que estas actividades no suelen tener lugar los fines de semana”.
Señala también Gómez Benítez que los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de los escoltas del presidente del Consejo General del Poder Judicial (entre cinco y siete agentes) por estos viajes ascendieron a 26.741,85 euros y que, aunque “deben legalmente ser cargados al presupuesto del Consejo, se incluyen en el escrito porque son indicativos del gran costo que estos desplazamientos de fines de semana con tan elevado número de escoltas suponen para la Hacienda Pública”.
El escrito de Gómez Benítez precisa que la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado solo abarca a estos seis viajes, no porque no haya más desplazamientos de fin de semana a la ciudad de Marbella entre septiembre de 2008 y septiembre de 2010 y posteriores a noviembre de 2011, sino porque, a pesar de que el vocal solicitó formalmente a los órganos del Consejo la documentación correspondiente, todavía no le ha sido proporcionada.
Si el fiscal general del Estado considera que los hechos denunciados son constitutivos de delito, deberá presentar una querella ante la Sala Segunda del Supremo, que es la competente para instruir un proceso contra el presidente del propio Supremo y del Consejo del Poder Judicial.
Los hechos descritos podrían constituir un delito del artículo 433 del Código Penal, que sanciona con multa de 6 a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público entre 6 meses y 3 años a la autoridad que destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones.
Los viajes a los que hace referencia la denuncia se efectuaron entre abril de 2010 y noviembre de 2011. Las estancias lo son por al menos cuatro días, esos amplios fines de semana que en el Consejo del Poder Judicial se conocen ya como “semana caribeña” y alguno de sus vocales ya ha denunciado antes.
Además, llama la atención que aunque Carlos Dívar se desplaza en AVE, clase club, de Madrid a Málaga y de nuevo regreso a Madrid, luego llega a emplear en su séquito hasta tres coches oficiales en Marbella, que obviamente se habían desplazado previamente por carretera.
También es muy llamativo que prácticamente todas las noches durante esos fines de semana, Dívar tiene cenas protocolarias o de representación y que siempre son únicamente para dos personas en restaurantes de lujo.
Aunque desde Presidencia se incorporó al expediente una nota con los supuestos motivos de los viajes, Gómez Benítez señala en el escrito que tanto la nota como los justificantes de esos gastos han sido retirados.
El vocal hace constar que “tan solo la imposición de la Cruz de San Raimundo de Peñafort al entonces presidente de la Audiencia de Málaga, que tuvo lugar el viernes 25 de marzo de 2011, y la III Ronda de Talleres de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que inauguró el presidente el lunes 14 de noviembre de 2011, responden a actos oficiales acreditados. Las Jornadas Jurídicas Malacitanas, que tuvieron lugar el jueves y viernes 10 y 11 de noviembre, son un evento privado, cuyos gastos fueron costeados, según consta en la nota, por la entidad patrocinadora”.
Este periódico preguntó a Gómez Benítez la razón de que presentase ahora esta denuncia. “Lo he puesto en conocimiento del fiscal general del Estado porque tengo la obligación legal de hacerlo”, respondió. “Y no quiero que nadie sospeche que estoy encubriendo este tipo de conductas una vez que se sabe que tengo conocimiento de las mismas”, precisó.
El vocal aseguró: “En mi denuncia hay datos que ponen de relieve conductas más propias de personajes de una monarquía bananera que de un país moderno que se encuentra además en serias dificultades económicas”.
Ahora, la función de investigación le corresponde al fiscal general del Estado y él deberá decidir si los indicios son suficientes para iniciar una causa penal. El caso podría llegar a provocar el cese de Dívar, bien por renuncia o por decisión de tres quintos de los miembros del Consejo.
Gómez Benítez es vocal del Poder Judicial elegido a propuesta del PSOE. Dívar es presidente del Consejo y del Supremo a propuesta del Gobierno socialista que presidía José Luis Rodríguez Zapatero previo acuerdo con el Partido Popular.
El cese de un presidente del Supremo y del Poder Judicial se puede producir, según establece el artículo 126 de la ley que regula el funcionamiento de este organismo, “a propuesta del pleno del Consejo, por causa de notoria incapacidad, o incumplimiento grave de los deberes del cargo, apreciada por tres quintos de sus miembros”.
Por otro lado, el pleno del Consejo General del Poder Judicial rechazó el jueves pasado un plan de austeridad propuesto por el vocal José Manuel Gómez Benítez para poner un poco de orden en los abusos en los que, según el citado vocal, incurren continuamente algunos de sus vocales y el propio presidente, Carlos Dívar. Los gastos por viajes durante el último año se elevan a casi medio millón de euros, de los que una gran parte se atribuyen a desplazamientos particulares que se financian con cargo al presupuesto del Consejo.
José Manuel Gómez Benítez considera un escándalo que no pocos vocales duerman en sus domicilios de provincias prácticamente todos los días, adonde viajan en primera clase con cargo al contribuyente, y que algunos pasen hasta dos semanas sin aparecer por la sede del Consejo en la madrileña calle de Marqués de la Ensenada.
Además, critica que la gran mayoría viaje a su lugar de residencia el jueves en lugar del viernes por la tarde y regrese el martes, en lugar del lunes por la mañana, lo que se conoce en la sede del organismo con la expresión “semana caribeña”.
Por último, denuncia los desplazamientos del presidente, que siempre viaja con numeroso séquito, más el personal de seguridad, lo que considera un dispendio. Especialmente, varios viajes de fin de semana al sur de España, es decir, fuera de su lugar de residencia. Gómez Benítez sostiene que la mejor medida para la austeridad en los viajes es que estos gastos tengan que ser publicados. Por ese motivo, Gómez Benítez propuso en ese mismo pleno del órgano de dirección de los jueces un plan de ocho puntos en el que pretendía que en la documentación sobre desplazamientos del presidente y de los vocales con cargo al presupuesto del Consejo se hiciera constar expresamente la actividad concreta que motivaba el viaje.
Igualmente, reclamaba que, “salvo en circunstancias personales o familiares excepcionales”, la obligación de dejar constancia en el expediente de la actividad concreta motivo del desplazamiento fuera “aplicable a los viajes al lugar del domicilio fuera de la Comunidad de Madrid (...) cuando el desplazamiento tenga lugar en días que no coincidan con los fines de semana (de viernes por la tarde a lunes por la mañana) o con días festivos”.
Muchos vocales argumentan que viajan en jueves porque los viernes los dedican a visitar juzgados o sedes judiciales en su comunidad. Y que eso lo hacen también algunos lunes. Pero el vocal Gómez Benítez considera que simplemente realizan la llamada “semana caribeña” y que, por tanto, si no acuden a la sede del Consejo los lunes o viernes deben justificar su ausencia indicando el lugar y la actividad que estaban realizando. Gómez Benítez proponía que, para reducir el gasto en desplazamientos, los vocales concentraran las visitas a las sedes judiciales en determinados días del mes.
Además, en caso de que los desplazamientos no fueran en automóvil, instaba a que los vocales y el personal de los servicios técnicos viajaran en clase económica o similar cuando lo hicieran con cargo al presupuesto. Únicamente se permitiría viajar en clase preferente en vuelos internacionales de duración superior a dos horas y media.
Otra de las medidas propuestas hacía referencia a que los puntos y bonificaciones sobre precios que conceden las compañías aéreas y ferroviarias por los viajes realizados con cargo al Consejo deberían revertir al organismo —para reducir o amortizar el coste de otros viajes oficiales— y no a los vocales y a sus esposas, como ocurre ahora.
También se proponía que los viajes del presidente y de los miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales se deberían realizar con propuestas razonadas de presupuesto y limitar los viajes y el personal que se desplaza a lo imprescindible, además de estar justificado el desplazamiento del personal auxiliar.
La propuesta fue acogida con mucha frialdad, y algunos vocales pretendieron que se votara por separado cada uno de sus puntos. Uno de los vocales anunció que estaba dispuesto a votar a favor del acuerdo propuesto, pero que era contrario al punto relativo a que se especificase a qué se dedicaban los vocales durante los lunes y los viernes en los que no estaban en la sede del Consejo.
Nadie quiso hacer más observaciones, pero puesto el acuerdo a votación fue rechazado por 15 votos en contra y cuatro a favor. Dos ya se habían marchado. Los cuatro votos favorables fueron los del propio Gómez Benítez, Margarita Robles, Claro José Fernández Carnicero y el presidente Carlos Dívar. Curiosamente se produjo entonces una explicación de voto sucesiva de todos los vocales. Todos defendieron que hubieran votado aspectos concretos, pero no todo el bloque de reformas.
Otros vocales han calificado de “insultante” y de “planteamiento infumable” la propuesta de Gómez Benítez y han dejado claro que los cuatro que votaron a favor son residentes en Madrid. Gabriela Bravo, la portavoz del Consejo, aseguró que se han rebajado un 35% los gastos de desplazamientos. Los vocales del CGPJ ganan unos 112.000 euros al año y el presidente 130.000.
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