En España no hay una ley nacional de protección animal. En 2009, 1.300.000 firmas reclamaron su creación ante el Congreso, pero nuestros representantes se escudaron en la falta de competencias para hacer caso omiso: la protección animal está transferida a las comunidades autónomas. De modo que solo hay leyes autonómicas, distintas entre sí y, por supuesto, insuficientes. Por no hablar del Código Penal, que ese sí es de ámbito estatal pero que resulta ridículamente benigno ante estos delitos. Por ejemplo, torturar hasta la muerte a un animal (como hizo hace poco un repugnante imbécil con un perrito de dos meses) solo tiene una pena de tres meses a un año de cárcel; y, para más escarnio, si el maltratador no tiene antecedentes, solo ha de pagar una mísera multa. Los animales lo tienen verdaderamente mal en nuestro país, y su sufrimiento constante es un clamor silenciado. De ti depende que ese silencio termine.
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