Hablaba esta tarde con mi amigo Jose a colación de todas estas leyes pseudofascistas (¿pseudo?) que más recuerdan a nuestra época anterior que a una democracia europea. Y mientras, la alcaldesa de Madrid, la de las manzanas con las manzanas y las peras con las peras, Ana Botella, pidiendo a gritos una nueva Ley de Huelga.
Todos ponen el grito en el cielo; ahora va a resultar que nadie ha votado al PP.
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Ley de Seguridad Ciudadana
La oposición tacha de antidemocrática y represiva la ley de Seguridad
Ciudadana. Colectivos sociales y partidos ya avanzan que estudian impugnar la norma.
Interior ve apresuradas las críticas a esta versión preliminar.
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/oposicion-tacha-antidemocratica-represiva-ley-seguridad-ciudadana/csrcsrpor/20131119csrcsrnac_46/Tes
El PSOE rechaza las medidas incluidas en el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, un proyecto
que, a su juicio, es más de "represión" ciudadana y que considera propio de
"regímenes no muy democráticos". Izquierda Plural asegura que debería llamarse
"ley de la patada en la boca a la democracia" porque lo que pretende es
abrir una "ofensiva brutal contra los derechos civiles". Colectivos sociales
denuncian que la ley está "hecha a medida de las protestas que han surgido desde
el 15-M"
En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Soraya Rodríguez ha
defendido que el PSOE no considera necesaria una nueva ley en esta materia, pero
ha dejado claro que si el proyecto del Gobierno tiene el contenido que se está
conociendo, el PP no podrá contar "para nada" con los socialistas. La
dirigente socialista ha mostrado su "preocupación" y "asombro" por la propuesta
del Ministerio del Interior y ha censurado que el Ejecutivo pretenda castigar
a los ciudadanos por conductas que los jueces "no consideran delictivas" en
tanto en cuanto no están contempladas en el Código Penal. En este sentido,
Rodríguez ha abundando que en el PSOE se opondrá de forma "muy firme, clara y
rotunda" a que se "restrinjan" los derechos ciudadanos "por vía
gubernativa". "Eso se hace en otros regímenes que precisamente no son
muy democráticos", ha concluido.
Por su parte, la Izquierda Plural califica el proyecto de "ley
de patada en la boca a la democracia" porque lo que pretende es abrir
una "ofensiva brutal contra los derechos civiles". Así lo ha resumido el
diputado de ICV y portavoz adjunto de Izquierda Plural, Joan Coscubiela, quien
sostiene que el Gobierno del PP, después de haber llevado a cabo una
"contra-reforma contra los trabajadores" a través de la reforma laboral,
pretende ahora "criminalizar a los movimientos sociales e impedir que ejerzan su
función de canalizar los intereses de los ciudadanos".
A su juicio, la suma de este anteproyecto más la anunciada reforma de la Ley
de Aborto y el proyecto de Código Penal, van a transformar España de un
"sistema autoritario" a un "régimen totalitario". "Si la Ley de Seguridad
Ciudadana del ministro José Luis Corcuera en los ochenta se conoció como la
'patada en la puerta', ésta es la ley de la patada en la boca a la democracia",
ha añadido. Coscubiela ha garantizado que su grupo hará lo posible por lograr
que ese proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana "nazca muerto", para lo cual ha
animado a promover "movilizaciones preventivas" en su contra. Además, espera que
le ocurra lo que pasó con aquella 'Ley Corcuera', que anulada en parte por el
Tribunal Constitucional.
Colectivos social ponen el grito en el cielo
Los diferentes colectivos y organizaciones ligados al movimiento 15-M
consideran que con el anteproyecto de ley del Gobierno pretende "imponer la ley
del miedo" y "criminalizar cualquier acto de protesta" como ya ocurría en la
"época de la represión franquista". "Es una vuelta de tuerca. Intentan
amedrentarnos e imponer la ley del miedo. Es una salida autoritaria. El PP
tiene un problema con la democracia y los Derechos Humanos y lo están
acreditando en la legislación. Es una ley mordaza para callarnos la boca", ha
asegurado el asesor jurídico de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Rafa
Mayoral.
En este sentido, el miembro de Democracia Real Ya Kike Castelló ha denunciado
que la norma "recuerda a las peores épocas de la represión franquista" así como
que supone "un ataque directo" a los "modus operandi" y las nuevas formas de
protesta puesta en práctica por los movimientos sociales surgidos a raíz del
15-M hace dos años y medio, como es, por ejemplo, el uso que hacen de las redes
sociales o las protestas en torno al Congreso. "Se criminaliza no solo la
protesta sino también la difusión. Estamos yendo a un Código Penal y a leyes de
un sistema totalmente autoritario. Podría atentar incluso contra el derecho de
manifestación. Quieren cambiar las leyes para que cualquier cosas que no sea
votar al PP sea radical y violento", ha sentenciado Castelló.
Según el redactado del anteproyecto de la citada norma, entre otras
medidas, las concentraciones no autorizadas frente a la Cámara Baja
supondrán multas de hasta 600.000 euros, e insultar a un policía
conllevará una sanción de hasta 30.000 euros.
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