En su discurso en el debate sobre el estado de la nación, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció un paquete de medidas para proteger a quienes no pueden hacer frente al pago de las hipotecas. En la tercera jornada del debate, PSOE, PP y CiU han pactado una propuesta de resolución, aprobada por unanimidad, que eleva la cantidad de la nómina que no podrá ser embargada por impago hipotecario, y aumenta, desde el "exiguo" 50%, el porcentaje de valoración de los inmuebles embargados que se quedan las entidades financieras cuando no se subastan.
El objetivo de la segunda medida es mantener el valor real de los bienes en los procedimientos de ejecución hipotecaria, "evitando cualquier posibilidad de abuso sobre el deudor o de malabaratamiento de los bienes". Con este fin, propone también acelerar la introducción de las subastas judiciales electrónicas, que permiten que más postores puedan pujar por las viviendas.
El objetivo de la segunda medida es mantener el valor real de los bienes en los procedimientos de ejecución hipotecaria, "evitando cualquier posibilidad de abuso sobre el deudor o de malabaratamiento de los bienes". Con este fin, propone también acelerar la introducción de las subastas judiciales electrónicas, que permiten que más postores puedan pujar por las viviendas.
La parte del sueldo que las entidades financieras no podrán embargar en los procesos de ejecución hipotecaria se elevará un 50% por encima del salario mínimo interprofesional y un 30% adicional por cada miembro de la familia que no disponga de ingresos propios. La cantidad pasa así de 641 a 961 euros y puede alcanzar los 1.350 euros para quienes tienen a cargo a dos personas.
La resolución, aprobada en la tercera jornada del debate sobre el estado de la nación, también insta al Gobierno a supervisar las condiciones para la concesión de créditos para evitar otras cláusulas abusivas, como las de suelo y techo, que marcan los tipos de intereses variables en función de la evolución de los tipos. La de suelo, por ejemplo, establece un mínimo por debajo del cual los intereses no bajarían incluso si el Euribor se sitúa por debajo.
El pleno del Congreso no ha aprobado, sin embargo, y pese a las propuestas de algunos grupos como BNG, IU-ICV y ERC -y las demandas de organizaciones de consumidores y plataformas ciudadanas como el movimiento 15-M-, implantar la dación en pago, es decir, que la entrega del piso hipotecado sirva para saldar la deuda.
Lo que sí ha aprobado la Cámara por unanimidad es incentivar que la banca ofrezca la constitución de hipotecas denominadas de responsabilidad limitada, en las que la obligación garantizada se realiza únicamente sobre la vivienda. Esta es la única modalidad de dación en pago reconocida en la actual legislación hipotecaria.
El consejero delegado del BBVA, Angel Cano, advirtió ayer al Gobierno de que responder a "presiones populistas" está bien, siempre que no se estropee un mercado hipotecario como el español, que es "referencia internacional".
En el extremo opuesto a la opinión de la banca, que considera que la dación pondría en peligro la solvencia del sistema financiero, el catedrático de Fundamentos del Análisis Económico (Universidad Pablo de Olavide) e investigador del Instituto Valenciano de Investigación Económica, Antonio Villar, apuesta por un mecanismo de dación parcial y progresivo, con ciertos requisitos, y de carácter retroactivo.
Su fórmula consiste en fijar un valor mínimo de rescate de la vivienda como porcentaje del importe del préstamo obtenido (por ejemplo, el 85% si el préstamo cubriera el 100% de su precio), que iría subiendo con el tiempo –en la medida que las cuotas de la hipoteca se fueran pagando- hasta llegar a un valor garantizado del 100% de la hipoteca restante a partir de un cierto año (propone un tercio de la vida del préstamo).
Para proteger a los hipotecados, durante la constitución de y durante la vida del préstamo hipotecario, la iniciativa prevé el desarrollo de un sistema de información, mediación y resolución de conflictos en el que participarán los agentes sociales, económicos y financieros.
Estos acuerdos, que serán elevados a la subcomisión parlamentaria contra los abusos hipotecarios, incluyen también una redefinición de la línea ICO moratoria de hipotecas, impulsar acuerdos de colaboración público-privado para dar salida al parque de viviendas vacías a precios asequibles, y revisar los estímulos a la rehabilitación de viviendas y edificios, como reducir los trámites para solicitar las ayudas y ampliar el concepto fiscal de rehabilitación.
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