La aprobación en 2010 del nuevo catálogo de especies protegidas fue la mayor infamia que ha cometido el Gobierno de Canarias en toda su historia. La desprotección total o parcial -respecto al catálogo anterior de 2001- fue brutal, con más de 200 especies a las que se les rebajó o eliminó su protección. La avalancha de críticas y rechazos de instituciones y ciudadanos (ver en http://www.nodescatalogacion.org) no amedrentó al Gobierno canario, dado que detrás de esta desprotección masiva se escondía una burda liquidación de la legalidad vigente, con el objetivo de allanar la construcción de todo tipo de infraestructuras en Canarias, y en especial, el puerto de Granadilla, que ha sido permanentemente paralizado por su ilegalidad ambiental.
La principal especie existente en la zona de construcción de este proyecto, la seba (Cymodocea nodosa), pasó de ser una especie muy amenazada en el catálogo de 2001, a ser una especie simplemente protegida. Y eso que la comunidad científica coincide que es una especie en recesión. Además, y esto es lo peor, su mínima protección actual sólo es válida si está dentro de un espacio natural protegido. Previamente, ya se había encargado el propio Gobierno canario que el sebadal sobre el que se va a asentar el proyecto de Granadilla (uno de los más importantes de Canarias) quedase fuera del espacio natural protegido “Sebadales del sur de Tenerife”.
Este ejemplo y centenares de otros similares demuestra la repugnante actitud del anterior Gobierno canario, ya que tanto el Presidente (Sr. Rivero) y como el máximo responsable en materia ambiental (Sr. Berriel) han sido, sin duda, los mayores enemigos de la valiosa naturaleza canaria en toda su historia.
Ahora se nos presenta un nuevo Gobierno autonómico, y el área ambiental ha caído en manos del máximo líder del Partido Socialista Canario (PSC). Este partido hizo de su oposición al catálogo la máxima bandera política al final de la legislatura pasada. Denunció reiteradamente la inconstitucionalidad del nuevo catálogo. Incluso, hizo algo sin precedentes: oponerse al PSOE a nivel estatal, cuando el Gobierno central consensuó con el Gobierno canario la retirada del recurso de inconstitucionalidad que tenían preparado contra el catálogo, a cambio del apoyo de Coalición Canaria a los presupuestos estatales.
Además, afirmaron que si llegaban a gobernar, derogarían el actual catálogo en vigor y realizarían uno nuevo con el respaldo de los propios técnicos del Gobierno canario, de la comunidad científica y con la participación ciudadana, tres aspectos claves y básicos en cualquier sistema democrático digno, de los que adolece el catálogo de 2010 de CC+ PP.
Exige a José Miguel Pérez, responsable de Medio Ambiente del Gobierno canario, la inmediata derogación del catálogo de especies de 2010 y la redacción y aprobación de uno nuevo que realmente responda a criterios estrictamente científicos.
Al firmar la petición estarás enviando esta carta:
Destinatario: Sr. D. José Miguel Pérez, responsable de medio ambiente del Gobierno de Canarias
Estimado Sr. Pérez:
Tal como su partido afirmó reiteradamente durante el año 2010, el catálogo de especies protegidas de Canarias, aprobado por el anterior Gobierno de CC + PP, es claramente inconstitucional.
Su partido a nivel estatal, el PSOE, no utilizó la única opción que había para poder anular esta aberrante ley, esto es, presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Ni los 50 parlamentarios necesarios del Congreso o el Senado ni el Gobierno central se atrevieron a hacerlo, y éste último incluso teniendo informes técnicos ambientales del Ministerio que avalaban dicho recurso.
No obstante, ahora la situación ha cambiado por completo, y es Ud., máximo responsable del partido que se opuso con contundencia al catálogo, el responsable también de la Consejería competente en la conservación de las especies.
Por todo esto le exigimos que de manera inmediata, inicie los trámites para la redacción de un nuevo catálogo de especies que tenga en cuenta a los informes técnicos de la propia Consejería, el asesoramiento de las Universidades y organismos de investigación, y finalmente, la obligatoria participación ciudadana
La queja recientemente admitida por el Defensor del Pueblo contra dicho catálogo manifiesta, bien a las claras, la ilegalidad de esta ley, por lo que Ud., en la situación actual, no tiene otra opción que liquidar esta aberración ilegal o convertirse en nuevo cómplice directo del mayor atentado contra la democracia acontecido en Canarias, el actual catálogo de especies protegidas.
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