Los másteres sin control de quienes nos toman por tontos
El ‘caso Montón’ demuestra que las inspecciones educativas
no funcionaron en la Rey Juan Carlos.
Cada vez que un político español es señalado por conductas
irregulares intenta explicarse públicamente tomando por tontos a los
administrados. El caso más sangrante y que la justicia investiga es el del
presidente del PP, Pablo Casado. Llegó a decir que para obtener el título de un
máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) no se le exigió ni acudir a
clase ni hacer exámenes. Entonces, ¿qué hizo? En un país con tan alta
proporción de universitarios (por encima de la media europea) son demasiados
los que conocen los procedimientos de la enseñanza superior, razón por la cual
suenan también extravagantes las explicaciones de la expresidenta de Madrid,
Cristina Cifuentes, y la actual ministra de Sanidad, Carmen Montón.
Extravagantes y poco convincentes.
El caso de Montón es nueva y golosa munición para la
refriega política, pero es mucho más trascendente para el sistema educativo
español. Ayer mismo, Pilar Aranda, vicepresidenta de la Conferencia de Rectores
de las Universidades Españolas (CRUE), pretendió tranquilizar a los ciudadanos
asegurando que lo ocurrido en la URJC es “una práctica aislada” y que el
sistema, riguroso y transparente, dispone de “mecanismos de control”. Pero
creerla obliga a hacer un acto de fe.
Ahora sabemos —gracias a investigaciones periodísticas y no
a controles internos— que el Instituto de Derecho Público (IDP) de la URJC
llevaba diecisiete años impartiendo másteres en los que presuntamente se
falsificaban firmas, se cambiaban las notas arbitrariamente, se convalidaban
asignaturas de forma irregular y se regalaban títulos a la gente importante. Y
todo ello, sin fiscalización alguna, gracias a la dispensa otorgada al IDP por
el entonces rector Pedro González Trevijano, hoy magistrado en el Tribunal
Constitucional. ¿De qué controles habla Aranda? ¿Basándose en qué creer que
este era el único agujero negro del sistema?
La CRUE ha prestado inspectores propios para investigar todo
lo ocurrido en el IDP. El propio ministerio tiene su agencia de evaluación y
acreditación, ANECA. ¿Meses después del caso Cifuentes, no habían
detectado el caso Montón?Defender a la universidad pública es también
investigar lo ocurrido y dar a conocer el resultado de una indagación realizada
con el dinero público. Eso es transparencia. De no hacerlo, el daño es doble al
quedar en entredicho una institución y, de paso, esos mecanismos de control que
no funcionaron y no defendieron, por tanto, el prestigio y el valor de los
títulos de los que sí estudiaban, acudían a clases, se examinaban y elaboraban
de verdad su tesis final.
Los recortes educativos han perjudicado a nuestro sistema,
aunque, como explicaban los expertos este lunes en este peródico, no solo
importa cuánto se invierte; también el cómo. Las cosas mejorarían mucho si unos
cuantos responsables de la docencia y el control hicieran bien su trabajo.
De los políticos —los tres señalados son universitarios— que
se dejaron agasajar con un título académico solo cabe decir que son solo una
parte de la historia, pero que no deberían ocuparse de gestión pública alguna.
Ah, y que no nos tomen por tontos.
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