Venganza y el que pueda hacer que haga: lo que no esperabas leer hoy sobre la imputación de Zapatero
Anónimo (o de autor desconocido)
Mientras muchos se apresuran a seguir retirando sus apoyos al expresidente, yo hoy voy a bucear en la historia de nuestra judicatura porque creo que hay un relato que necesita y merece ser contado.
Para eso nos tenemos que remontar a los años 90.
25 de Febrero de 1997. Gobierna el Partido Popular en la primera legislatura de Aznar desde hace un año.
El Juez Javier Gómez Liaño acepta a trámite en solo 24 horas, sin más pruebas que unos recortes de prensa, la denuncia contra a la empresa Sogecable por apropiación indebida de las fianzas de los decodificadores de Canal+, acordando incoar acciones penales en un tiempo récord.
Liaño, convertido en el ariete de la derecha mediática, ordena una persecución implacable contra el grupo PRISA, propietaria de Sogecable. Es necesario recordar la obsesión de Aznar por acabar con PRISA, el mayor grupo de comunicación español y totalmente afín a la izquierda del país.
Durante la instrucción se observan algunas irregularidades como la solicitud de penas y multas exageradas al presidente de PRISA Jesús de Polanco o amenazas injustificadas de prisión preventiva.
El Tribunal Supremo interviene e investiga al juez Liaño para acabar condenándolo a 15 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación al considerar probado que el magistrado ha filtrado de forma sistemática a los medios hostiles con PRISA de datos confidenciales de la investigación para que se genere un juicio paralelo.
El Supremo constató que el juez dictó hasta tres autos procesales con el único fin de infligir el máximo daño económico y reputación a la cúpula del grupo de comunicación, recordemos, afín al PSOE.
Para que la sentencia fuese posible, fue muy importante la intervención del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Cebrián, consejero delegado de PRISA recusó a Liaño alegando enemistad manifiesta y Garzón denunció públicamente la existencia de una trama político-judicial ideada por Gómez de Liaño para destruir a Jesús de Polanco y el Grupo PRISA.
Solo unos meses después de la sentencia, Aznar indultaría a Liaño.
Ahora bien… ¿Qué tiene que ver todo esto con el juicio a Zapatero por la causa Plus Ultra?
Poneos cómodos que ahora empieza el cine.
Estamos en esos años 90. La fiscal María Dolores Márquez de Prado y el juez estrella Liaño comparten trabajo y sumarios. Durante el año 1993, ella se separa del también magistrado Andrés Martínez Arrieta, y meses más tarde inicia una relación con Liaño. Qué bonito es el amor.
¿Alguien adivina qué magistrado juzgó a Liaño como parte del Tribunal Supremo? Exacto, Martínez Arrieta.
¿Y alguien adivina quién defendió en el juicio a Liaño de las acusaciones de Arrieta? Exacto, la pareja del primero y ex del segundo, María Dolores Márquez de Prado.
Pero lo mejor es el timing:
20 de febrero de 1999: se casan.
Julio de 1999: asume su defensa.
15 de octubre de 1999: su Ex condena a su marido.
Tras el indulto de Aznar, ambos fundarían el despacho de abogados que lleva su nombre: Gómez de Liaño & Márquez de Prado Abogados, serían felices y comerían perdices… hasta hoy.
Pero toda historia no se convierte en legendaria sin un gran final, y créanme, esta lo tiene.
Es de bien nacido ser agradecido y Liaño le debía literalmente la vida a Aznar.
26 de mayo de 2026.
José María Aznar al estallar el sumario del juicio con Zapatero lanza un vídeo en sus redes sociales: “el que pueda hablar, que hable; el que pueda hacer, que haga”.
28 de mayo de 2026.
Nuestra amiga y esposa de Liaño, asume la defensa de Julio Martínez y cambia su estrategia abandonando su silencio y tirando de la manta.
Todos los nombres, hechos, y afirmaciones realizadas en este texto no son figuraciones ni licencias poéticas, están basadas en hechos y personas reales, así que cualquier parecido con la realidad no es una coincidencia.
No nos vamos a callar y personalmente voy a seguir apoyando a nuestro presidente Zapatero, porque la presunción de inocencia es la mayor garantía que nos concede nuestro código penal.
Epílogo: Todo el mundo sabe cómo acabó el juez Baltasar Garzón.
NOTA. El autor de ese texto es muy crítico con el procedimiento y defiende a Zapatero, posicionándose en contra de las acusaciones vertidas en su contra.
Aunque el mensaje adopta la forma de una revelación periodística o de un "hilo explicativo", utiliza la ironía, los antecedentes judiciales históricos y una narrativa política para sugerir que la investigación judicial responde a una maniobra de venganza de la derecha político-judicial.
¿Por qué el texto es favorable a Zapatero?
Defiende la presunción de inocencia: Cierra el texto declarando explícitamente: "No nos vamos a callar y personalmente voy a seguir apoyando a nuestro presidente Zapatero, porque la presunción de inocencia es la mayor garantía que nos concede nuestro código penal".
Construye una teoría sobre la conspiración: El hilo vincula las llamadas públicas de José María Aznar a la acción política ("el que pueda hacer, que haga") con la entrada de la abogada María Dolores Márquez de Prado —esposa de Javier Gómez de Liaño— en la defensa de uno de los imputados clave (Julio Martínez) para sostener que el cambio de estrategia de la defensa responde a una operación para debilitar a Zapatero y al PSOE.
Cuestiona la neutralidad judicial: Recupera el caso Sogecable de los años 90 para retratar al entorno judicial del juez Gómez de Liaño como parte de una "trama político-judicial" opuesta a la izquierda.
El escrito toma datos reales de la actualidad y del pasado y los conecta para construir una narrativa:
La vertiente judicial actual: En julio de 2026, el empresario Julio Martínez (imputado en la causa que investiga el rescate a la aerolínea Plus Ultra) ha cambiado de estrategia judicial al contratar como abogada a la exfiscal María Dolores Márquez de Prado, pasando a colaborar con la justicia en el juzgado de la Audiencia Nacional.
Los antecedentes de los años 90: La abogada María Dolores Márquez de Prado está casada con el exjuez Javier Gómez de Liaño, quien instruyó el célebre caso Sogecable contra el grupo PRISA antes de ser inhabilitado por prevaricación a finales de los 90.
El origen de la teoría: La cadena contrapone el mandato de José María Aznar con los procesos judiciales actuales para argumentar que la causa contra el expresidente responde a una maniobra política y no a hechos delictivos.
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