Ayer aprobaban que el Consejo de RTVE pudiera comprobar y controlar el contenido y la duración de las noticias de los telediarios antes de emitirse. Sin explicación vuelve la censura después de tantos años.
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El Consejo de RTVE revocará la injerencia en los telediarios
Los trabajadores de informativos exigen la dimisión de los consejeros que no votaron contra la propuesta del PP para controlar la edición de noticias.
R. G. GÓMEZ / I. GALLO - Madrid - 23/09/2011
Los partidos políticos no alcanzarán su ansiado objetivo de supervisar los contenidos de los telediarios de la televisión pública antes de su emisión. El Consejo de Administración de RTVE revocará hoy el insólito acuerdo alcanzado el miércoles para que los miembros de ese organismo tengan acceso al sistema de edición iNews, una red interna que emplean los editores para seleccionar los temas de los telediarios y con el que los redactores elaboran las noticias. La propuesta, considerada por los profesionales de TVE como una clara agresión al derecho a la información, fue presentada por el PP y obtuvo cinco votos a favor (los cuatro populares y el del consejero de CiU), dos en contra (IU y UGT) y cuatro abstenciones (dos del PSOE, una de ERC y otra de CC OO). Los consejeros son elegidos por los partidos y los sindicatos mayoritarios y nombrados por el Congreso y el Senado. Pese a la reciente ley que consagra la independencia de la televisión pública, el Consejo sigue funcionando como un miniparlamento que obedece a posiciones partidistas.
En la práctica, entrar en el sistema electrónico de iNews se asemeja a tener la llave para ejercer la censura previa. O, al menos, conocer de antemano los textos y vídeos de los telediarios. A dos meses de las elecciones legislativas, conocer anticipadamente los contenidos es una tentación para los partidos políticos. De ahí las prisas de los consejeros del PP para que se votara.
Aprovecharon, por un lado, el desgobierno de RTVE. Desde la dimisión de anterior presidente, Alberto Oliart, el pasado julio, la corporación está descabezada. El Consejo de Administración se ha hecho con las riendas de manera colectiva y, cada mes, uno de los consejeros actúa como presidente.
Por otro lado, los cuatro consejeros del PP se han sumado a la estrategia de los dirigentes populares de poner a RTVE en la picota. Su secretaria general, María Dolores de Cospedal, dio el pistoletazo de salida hace pocos meses, cuando en el programa Los desayunos de TVE cuestionó la independencia de la televisión pública.
El intento de toma de control de los políticos fue respondido de forma contundente por los trabajadores de la corporación. Durante las asambleas celebradas ayer en las sedes de los informativos de Madrid y Barcelona, exigieron la dimisión de los consejeros que no rechazaron la propuesta. Eso incluye a nueve de los 11 vocales. El Consejo de Informativos de TVE reconoció la "unidad y firmeza" de los trabajadores. También el de RNE expresó su solidaridad, al tiempo que manifestó su oposición a "cualquier intento de injerencia política" en la elaboración de los noticiarios.
La consejera Rosario López Miralles, autora de la propuesta, eludió ayer entrar en el debate. "Yo no hablo. Respeto lo que el Consejo hace y no comento sus decisiones", se limitó a decir poco después de que el gabinete de prensa del partido que la nombró enviara un comunicado firmado por los cuatro consejeros del PP según el cual habían "reconsiderado" la decisión de poder controlar desde sus ordenadores los telediarios. Añaden que hoy solicitarán su anulación durante la reunión que celebrará el Consejo.
Argumentan que este cambio de rumbo se produce como consecuencia de "la oposición y el malestar" que la decisión ha suscitado entre los trabajadores de RTVE y en la opinión pública. El escándalo ha alcanzado tal magnitud entre los trabajadores de los servicios informativos y entre las principales organizaciones profesionales que los consejeros desharán el acuerdo en una nueva votación. Lo harán, en parte, obligados por los partidos que les eligieron. También la Confederación Sindical de CC OO llamó a capítulo a su representante, Héctor Maravall, para que cambiara el sentido de voto en la reunión de hoy.
"No vale todo" fue el lema que eligieron ayer numerosos profesionales de informativos de TVE para transmitirse entre ellos el malestar que les ha suscitado el polémico acuerdo. Desde primera hora de la mañana, circularon con ese eslogan un gran número de correos internos de protesta. Pero la crítica "al control político", propiciado por el Consejo fue unánime en toda la profesión. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) consideró que la propuesta "anticipa un objetivo de censura previa que creíamos desterrada", una pretensión que, en su opinión, supone "instaurar un Gran Hermano en la elaboración de los telediarios". La organización Reporteros Sin Fronteras se declaró "escandalizada" y asociaciones de consumidores, como CEACCU, calificaron de "ataque grave al derecho de la información".
Pero la gran indignación se vivió en el seno de la televisión pública. Ana Blanco, presentadora del TD-1, escribía en Twitter: "Después del comunicado del Consejo de RTVE, la redacción se ha unido con un 'No vale todo". Juan Ramón Lucas, al frente del magacín de RNE En días como hoy, incluyó la sintonía del noticiero franquista NO-DO a modo de denuncia.
Yolanda Sobero, presidenta del Consejo de Informativos de TVE, se congratuló de que "las asociaciones de prensa y la sociedad en su conjunto" hayan expresado "un rechazo rotundo". El órgano de representación profesional de RNE reclamó la intervención del Parlamento para que "depure las responsabilidades".
Fran Llorente, director de los Servicios Informativos de TVE desde 2004, transmitió el "apoyo incondicional" a los trabajadores en "la defensa de la independencia y la libertad de información, un derecho recogido en la Constitución". En la misma línea, el director de RNE, Benigno Moreno, hizo una "defensa rotunda del ejercicio libre de la profesión periodística", mientras que Santiago González, director de TVE, manifestó su preocupación por que se pueda "vulnerar el trabajo" de los profesionales de la cadena.
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