REFORMA A LA AMERICANA

Obama firma la reforma financiera como reivindicación de su política económica. El presidente afirma que la ley "representa la mayor protección de la historia a los consumidores" y celebra que el pueblo americano nunca más tendrá que pagar la factura por los errores de Wall Street.
ANTONIO CAÑO - Washington - 21/07/2010

Vota Resultado 161 votos Comentarios - 104 Barack Obama ha convertido hoy la solemne ceremonia de firma de la ley de reforma financiera -histórica por su dimensión y por su significado- en un acto de reivindicación de su política económica, discutida por los expertos, incomprendida por la opinión pública y abiertamente rechazada por la clase empresarial.
Para esta gran oportunidad se invitó a una extensa representación del Congreso y del mundo económico -desde las víctimas de la especulación a los banqueros que crearon el desastre de 2008- y se escogió, paradójicamente, el gigantesco edificio Ronald Reagan de Washington. Allí donde se recuerda el nombre del presidente que identificó al Estado como el principal obstáculo para el desarrollo y procedió a una masiva desregulación, Obama ha convertido en ley la más invasiva intervención del Gobierno en Wall Street en 70 años.
Es una ley que no solo constituye una gran victoria política de Obama, sino que ejemplifica perfectamente su pensamiento económico. "Esta reforma representa la mayor protección de la historia a los consumidores de productos financieros", ha dicho el presidente en el acto. "Los reguladores", ha añadido, "solo tendrán una misión: proteger a los ciudadanos, no a los grandes bancos, no a los prestamistas, no a las firmas de inversión. El pueblo americano nunca más tendrá que pagar la factura por los errores de Wall Street".
La ley, entre otras medidas, recorta considerablemente la capacidad de los bancos de hacer inversiones de riesgo, otorga mayores poderes a las autoridades para actuar en una entidad financiera a fin de prevenir su colapso, impone mayores controles sobre los créditos hipotecarios y reduce el margen que las empresas tenían hasta ahora para imponer tasas en las tarjetas de crédito.
Es el manifiesto de un presidente y de un equipo económico que confían en los recursos del Gobierno para crear las condiciones que eviten una repetición de la crisis que el sistema financiero, por sí solo, fue incapaz de resolver hace dos años. Es, en definitiva, el manifiesto de un político que cree en el papel del Estado.
Sus principales decisiones desde que llegó a la Casa Blanca confirman esa visión: un plan de estímulo económico de 800.000 millones de dólares, una reforma sanitaria que crea una nueva y enorme burocracia pública para proteger a los pacientes y, ahora, esta reforma financiera. Eso, sin contar, con la intervención en las empresas automovilísticas -antes al borde de la quiebra, ahora en beneficios- y con el proyecto de reforma energética que ahora mismo se debate en el Congreso y que abrirá otro extenso campo para la actuación pública.
Todo eso le ha merecido el aplauso de los economistas de izquierdas -Paul Krugman que le decía el pasado fin de semana que haga oídos sordos a las críticas-, pero no el reconocimiento general. Un 56% de los norteamericanos, según una encuesta hecha pública ayer por la universidad de Quinnipiac, desaprueba la gestión económica de Obama mientras que solo un 39% la apoya.
La explicación a esas cifras seguramente está más vinculada a la timidez del ritmo de crecimiento y de la creación de empleo que al debate sobre el modelo económico. Pero lo cierto es que todos esos logros legislativos no han servido, en parte porque sus efectos no son de repercusión inmediata, para fortalecer su figura frente a quienes sí se le han puesto enfrente como verdaderos rivales: los empresarios.
Obama "está llevando a cabo un programa que está enterrando a los negocios de Estados Unidos en una nueva generación de regulaciones y que está creando más incertidumbre para los empresarios, lo que significará más destrucción de empleo", declaró el presidente de la Cámara de Comercio, Tom Donahue, en una conferencia celebrada a principios de este mes que fue, probablemente, el mayor acto de condena al presidente que se ha visto en esta ciudad desde su llegada al poder. Ivan Seidenberg, el presidente de la compañía Verizon y de Business Roundtable, una importante asociación de empresarios, insistió la pasada semana en que la política de la Administración "está creando un clima crecientemente hostil para la inversión y la creación de empleo".
El Gobierno se defiende con el argumento de que lo único que ha hecho hasta ahora ha sido, en realidad, reparar los daños causados por una Administración conservadora y antirreguladora. "Queremos seguir trabajando estrechamente con las empresas, pero trabajar estrechamente no significa que tengamos que desentendernos de las medidas correctoras que son necesarias", ha declarado el principal asesor político del presidente, David Axelrod.
Esas medidas tienen un claro norte: el crecimiento económico. La oposición republicana y una parte de la opinión pública presionan a favor de reducir el déficit presupuestario federal por encima de cualquier otro objetivo. Pero la Casa Blanca sigue creyendo necesaria la apuesta por el estímulo puesto que, al ritmo actual, la economía se ve impotente para crear empleos en la proporción necesaria. Esta misma semana el Senado ha aprobado una iniciativa del presidente para extender las ayudas a los desempleados -otra forma de estímulo, en realidad- y están en discusión otras propuestas en esa misma dirección.
Un grupo de destacados economistas, entre ellos Joseph Stiglitz, Robert Reich y Laura Tyson, firmaron el lunes una declaración animando al presidente a continuar por esa vía ya que, a su juicio, el declive en la demanda y la pérdida de confianza del consumidor son de tal dimensión que no pueden compensarse solo con actuaciones monetarias.

Las claves de la reforma:

–Aumento de la supervisión gubernamental: se crea un consejo supervisor de 10 miembros que vigilará los principales problemas en el sistema financiero. El Departamento del Tesoro podrá imponer regulaciones más estrictas a las compañías de mayores dimensiones.

–Liquidación de bancos: los reguladores tendrán más atribuciones para liquidar las compañías bancarias que hayan crecido demasiado, pero sólo si alguna de estas firmas amenaza con desestabilizar el sistema financiero.

–Atribuciones para liquidar las firmas financieras: la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, en inglés) tendrá autoridad para liquidar las firmas financieras gigantes de la misma manera que puede hacerlo con los bancos. Las agencias reguladoras gubernamentales recuperarán cualquier pérdida generada por la clausura de instituciones financieras cobrándoles una tarifa a las firmas con más de 50.000 millones de dólares en activos.

–Seguro de depósitos: la legislación convierte en permanente la cifra de hasta 250.000 dólares en la garantía del Gobierno federal para los depósitos en bancos, cajas de ahorro y entidades de crédito mutuo, con retroactividad al 1 de enero de 2008. El Gobierno había incrementado la garantía desde los 125.000 a 250.000 para evitar el pánico de los ahorradores en 2008.

–Los bancos que forman “paquetes de especulación” deberán conservar un 5% del riesgo de crédito en sus hojas de balance: La legislación impide que las mayores firmas financieras especulen con sus propios fondos. Los bancos pueden hacer inversiones pequeñas en fondos de alto riesgo y fondos de títulos privados pero estas inversiones no pueden superar el 3% del capital del banco.

–Auditoría de la Reserva Federal: la legislación permitirá que el Congreso ordene a su Oficina de Contraloría una revisión de las actividades del banco central, excepto la política monetaria. Las auditorías podrán hacerse dos años después que la Reserva haga préstamos de emergencia y otorgue ayuda financiera a las firmas con problemas.

–Incremento de las reservas: las firmas que vendan títulos respaldados por hipotecas (titulización) deben conservar al menos un 5% del riesgo del crédito, a menos que los préstamos ya cumplan con las nuevas normas para la reducción del riesgo.

–Tarifa para el sistema financiero: se impondrá un gravamen a los bancos y firmas financieras para pagar por los 19.000 millones de dólares que costará la puesta en práctica de la reforma del sistema bancario y financiero en los próximos cinco años.

–Hipotecas: se establecerán normas mínimas nacionales para las hipotecas de vivienda. Los prestamistas, por primera vez, deberán asegurar que el prestatario puede pagar el préstamo verificando el historial de crédito y el empleo del solicitante.

–Regulación del mercado de derivados: intenta una mayor transparencia en las operaciones con complejos instrumentos de especulación, llamados “derivados”, que formaron parte importante del colapso de 2008. Con la nueva ley, la mayoría de los derivados deberán negociarse en cajas de compensación y mercados regulados.

–Las agencias calificadoras de riesgo: con esta ley las agencias que califican el riesgo deberán divulgar sus métodos, y la Comisión de Valores (SEC, en inglés) deberá elaborar un método independiente para la vinculación de la agencia calificadora y las firmas que buscan calificación de su crédito.

–Límites a las remuneraciones de los altos directivos: impondrá nuevas reglas sobre la forma en que todas las compañías cotizadas, y no sólo los bancos y otras firmas financieras, pagan a sus directivos. Los accionistas tendrán derecho a un voto de opinión, no vinculante, sobre la forma en que se paga a los ejecutivos, tanto en sus remuneraciones durante sus años de servicio como en los “paquetes de retiro”.

–Compañías de seguros: Crea dentro del Departamento del Tesoro una Oficina Federal de Seguros que supervisará a este sector financiero y recomendará qué aseguradoras deben considerarse como riesgos potenciales para todo el sistema financiero

–Protección del consumidor: la legislación establece una Oficina de Protección Financiera del Consumidor, que será una agencia independiente aunque esté dentro de la Reserva Federal. Esta agencia se financiará con tarifas pagadas por los bancos, y fijará las reglas para reducir las prácticas turbias en los préstamos a los consumidores y las tarjetas de crédito.