Obama libra al Gran Cañón del Colorado de la minería de uranio
La Casa Blanca revierte una decisión de Bush y veta durante 20 años nuevas perforaciones. Los ecologistas denuncian contaminación del aire y el agua.
David Alandete Washington 11 ENE 2012 - 02:00 CET
El Gobierno norteamericano ha aprobado una moratoria de 20 años sobre la apertura de nuevas explotaciones mineras de uranio en la zona del Gran Cañón del Colorado, en el suroeste del país, para evitar la contaminación del aire y el agua en las inmediaciones de uno de los parques naturales más visitados de Estados Unidos. La Administración del presidente Barack Obama revierte así una decisión de última hora de su predecesor en el cargo, George W. Bush, que en los últimos días de su Gobierno emitió una orden por la que le retiraba al Congreso la potestad de detener explotaciones mineras que pudieran resultar nocivas para el medio ambiente y la salud humana.
“Esta moratoria es la decisión más correcta para este valioso paisaje norteamericano”, dijo ayer en conferencia de prensa el secretario de Interior [ministro de Medio Ambiente] Ken Salazar. “Personas de todo el país y de todo el mundo acuden a visitar el Gran Cañón. Numerosas tribus de indios nativos americanos consideran este magnífico icono como un lugar sagrado. Millones de personas en la cuenca del Colorado dependen del río para agua potable, riego y uso industrial y medioambiental. Se nos ha votado para cuidar y proteger nuestros valiosos recursos ambientales y culturales, y hemos elegido el camino de la responsabilidad en beneficio de las generaciones presentes y futuras”.
Los republicanos niegan que las explotaciones afecten
al medio ambiente, pero sí al empleo
La zona protegida es de un millón de acres, 404.600 hectáreas. Se la conoce por ser un área rica en reservas de uranio. Hasta tal punto que, según el Gobierno norteamericano, a lo largo de los años se han aprobado allí 3.200 solicitudes de exploración minera. De ellas, el Departamento del Interior calcula que solo habrá 11 en funcionamiento a lo largo de los próximos 20 años. Y ese será el número máximo que permitirá el Gobierno. En ese espacio de tiempo, no se concederá un solo permiso adicional.
Diversos políticos republicanos, en el Capitolio y en Arizona, han criticado duramente la moratoria. Muchos de ellos consideran que los altos niveles de uranio en diversas zonas adyacentes al Colorado obedecen a causas naturales, y no a las explotaciones mineras. Consideran, además, que la moratoria afectará negativamente al empleo en Arizona.
“La prohibición de la Administración de Obama es un golpe devastador para la creación de empleo”, dijo ayer el senador por Arizona John McCain. “Esta decisión está impulsada por una campaña para manipular el afecto que la ciudadanía le tiene al Gran Cañón, y crear rechazo a una forma moderna de minería de bajo impacto ambiental, que se produce a muchos kilómetros de las paredes del Cañón y que de ninguna manera afecta a la calidad del agua potable que se obtiene del río Colorado”.
En junio de 2008, el Congreso aprobó una moratoria de tres años sobre la misma superficie ahora protegida. Sin embargo, en diciembre de aquel año, a un mes de abandonar la Casa Blanca, Bush emitió una orden por la que contravenía la del Congreso. Este tiene la potestad de paralizar explotaciones mineras que supongan un riesgo para la salud y para el medio ambiente. Ha recurrido a esos poderes en seis ocasiones en los últimos 35 años.
Bush le dejó en herencia a Obama un Gran Cañón abierto a las perforaciones de uranio. El nuevo Gobierno demócrata, sin embargo, abrió un estudio de impacto medioambiental, cuyos resultados publicó en octubre. “Bajo todas las alternativas consideradas, las operaciones mineras emitirían contaminantes a la atmósfera”, se decía en el informe. “La duración del impacto es de largo efecto para los yacimientos subterráneos de agua y de entre corto y largo efecto para el agua en superficie”, añadía.
Salazar, el secretario de Interior, ya aprobó previamente dos moratorias de corto alcance, de dos años y de seis meses, desde que tomara posesión de su cargo en 2009. Un grupo medioambiental, el Centro para la Diversidad Biológica, ha denunciado que un arroyo en el parque nacional protegido, que discurre cerca de una explotación conocida como Mina Huérfana, registra niveles de uranio 10 veces superiores a los límites que permite el Gobierno federal norteamericano. “Esta crucial decisión cierra la puerta a la industrialización rampante de los acuíferos del Gran Cañón”, dijo ayer Roger Clark director de Calidad de Aire y Energía de la organización Grand Canyon Trust.
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