Reparto de los inmigrantes menores: un circo que solo beneficia a la extrema derecha
PSOE y PP podían haber negociado discretamente la distribución geográfica sin permitir que Vox la llevara a la conversación pública.
Soledad Gallego-Díaz, 14.07.2024
Los psicólogos explican que la vergüenza es una emoción que se debe superar. Pero también existe una vergüenza que aparece cuando uno es consciente de que está contemplando hechos que deshonran la dignidad humana, y entonces esa vergüenza contiene un mínimo de esperanza. Esa es la vergüenza que deberíamos sentir frente al circo que se ha montado respecto a la acogida de los menores inmigrantes que llegan a nuestras costas. Deberíamos sentir vergüenza por el espectáculo que se ha montado en torno a esos niños y adolescentes. España tiene recursos, capacidad, y usos democráticos suficientes como para haber resuelto la situación de manera discreta y razonable. Si no se ha hecho así es porque la extrema derecha consigue imponer su discurso y los partidos tradicionales, o bien no son capaces de esquivar ese escenario, o bien creen que también pueden sacar provecho político del circo. En realidad, el único provecho es para la extrema derecha que consigue normalizar un discurso que no deberá formar parte de la conversación pública.
Es verdad que una isla como Fuerteventura, con 120.000 habitantes, o El Hierro, con 11.000, no tienen instalaciones ni medios razonables para acoger la llegada, en un periodo de tiempo demasiado corto, de varios miles de menores, procedentes en su mayoría de Marruecos y, en menor medida, de otros países africanos. Pero España tiene 48 millones de habitantes, y en una lista de 200 países de la OCDE ocupa el número 15 por PIB. Somos el quinto país de Europa en riqueza. España tiene 62 ciudades con más de 100.000 habitantes, así que repartir 3.000 (que es lo que pide Canarias) supondría aceptar 48 menores en cada una de ellas. Todo el circo montado sobre dónde acogerles de manera eficiente y humanitaria sólo tiene una explicación: se está utilizando como arma en un enfrentamiento político asqueroso y deshonesto, basado en mentiras con objetivos bastardos.
España acogió en pocos meses a más de 200.000 refugiados ucranios, como debe hacerse, sin polémica, aprovechamiento sectario ni escándalo. Obviamente, fueron repartidos por diferentes puntos del país. Con discreción y eficacia. ¿Por qué 3.000 menores obligan a múltiples reuniones públicas y broncas variadas en radios, televisiones y redes? Porque así lo quiere Vox y porque el PP y el PSOE (que gobiernan en prácticamente todas las comunidades autónomas) no han sido capaces de reunirse y solucionar el tema con sensatez y tacto. Como muy bien ha explicado el portavoz de la extrema derecha, Jorge Buxadé, “la inmigración es un asunto esencial” (para Vox), pero nunca lo fue para el Partido Popular, autor, cuando estaba en el Gobierno, de dos regularizaciones de inmigrantes sin papeles, y de un programa político sin trazas de racismo ni xenofobia. Intentar asimilar al PP y Vox en el tema de la inmigración es una de las peores ideas que se le puede ocurrir a la izquierda. Todos los esfuerzos deberían ir en dirección contraria, encontrar la manera de apoyar al sector del Partido Popular que quiere dejar ese tema fuera del debate público. Alberto Núñez Feijóo aseguró esta semana que las comunidades gobernadas por el PP (11, con más de 30 millones de habitantes) aceptarán el reparto de 400 menores como si fuera una heroicidad, cuando la línea normal que ha seguido el PP durante muchos años le hubiera llevado a aceptar 2.000. Y si sinceramente quiere evitar que este circo se reproduzca en el futuro, debería ser el primer interesado en reformar la ley para hacer esos repartos obligatorios y automáticos.
Los ciudadanos deberían estar mucho más atentos a las condiciones en que se acoge a esos menores que a su reparto geográfico. Es imprescindible poner toda la atención en la vigilancia de los centros de acogida, gestionados muchas veces por empresas u organizaciones que firman contratos muy razonables y que reciben de 2.000 a 3.000 euros por menor y mes, pero que no cumplen ninguna de las condiciones pactadas. Bastaría con que las comisarías más cercanas se encargaran de elaborar un informe trimestral para conseguir poner fin a ese verdadero escándalo de maltrato y falta de interés.
España es uno de los pocos países donde no se organiza y alienta otra forma de acogida de menores que es la familiar, más frecuente en Estados Unidos y Europa. Es un sistema que exige también una red de control, pero la mayoría de los especialistas asegura que ofrece resultados de integración mucho más interesantes.
Si nada de eso es posible, sólo nos quedará confiar en que la selección nacional de futbol gane la Eurocopa y el Mundial de 2026.
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