Urgencia e intransigencia
El rechazo a reformar la ley de extranjería supone negar a Canarias una ayuda en la acogida de menores migrantes que no puede esperar.
El Partido Popular, Vox y Junts tumbaron este martes con sus votos en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de la reforma de la ley de extranjería, presentada por PSOE, Sumar y Coalición Canaria. El plan era sustituir el actual sistema de acogida de menores migrantes no acompañados, al que se adhieren voluntariamente las comunidades autónomas y cuyo ritmo de reparto está muy por debajo del que necesitan actualmente Canarias, Ceuta y Melilla. El Gobierno canario y el Ejecutivo central pactaron una solución legal —la rechaza este martes— que pretende fijar una serie de cupos obligatorios de reparto cuando cualquier autonomía sobrepase su capacidad de acogida en un 150%. En Canarias ese porcentaje está ampliamente superado, con cerca de 6.000 menores en precarias condiciones asistenciales cuando su capacidad máxima ronda los 2.000. La reubicación se haría teniendo en cuenta una combinación de criterios como la renta, el desempleo y el número de menores ya acogidos, un modelo ya aprobado por las comunidades autónomas para los citados repartos voluntarios.
El no de Vox era de esperar por su rechazo frontal a la mera acogida de menores migrantes, algo que le llevó a romper hace dos semanas sus coaliciones regionales con el PP cuando los populares aceptaron distribuir por la Península a tan solo 347 niños extranjeros no acompañados alojados en Canarias y Ceuta. En su intervención de este martes en el Congreso, la formación ultraderechista volvió a deshumanizarlos y a desplegar la habitual panoplia de bulos sobre la identificación entre inmigración e inseguridad.
Más preocupante es que el Partido Popular votara también en contra de la mera consideración del proyecto, supeditando al desgaste del Ejecutivo de Pedro Sánchez los intereses de una comunidad en la que cogobierna. Esta semana, además, el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, hizo suyos parte de los postulados de Vox en la Junta Directiva Nacional del lunes. “Los españoles tienen derecho a salir tranquilamente a la calle”, dijo, aunque ningún dato respalda la perversa relación incriminatoria establecida por PP y Vox. Al rechazo de ambos hay que sumarle el de Junts, que disfraza su insolidaridad y su coincidencia con las derechas españolas con argumentos manidos de supuesta lejanía —en kilómetros— de la toma de decisiones. Para kilómetros, los que han recorrido los menores que esperan acogida.
En un momento, el verano, proclive a la llegada de migrantes a las costas españolas, propuestas como la de convocar una Conferencia de Presidentes llevarían la discusión hasta septiembre sin ninguna garantía de que se produzca un acuerdo cuando el tacticismo reina en nuestra vida política. El pasado viernes, otras 66 personas (dos de ellas menores) llegaron a Gran Canaria en un cayuco, en un estado de agotamiento que llevó a 13 de ellas al hospital y cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo.
Este es un problema cuya solución duradera requiere de la intervención tanto del Gobierno central como de las comunidades y ciudades autónomas. Convóquese la Conferencia de Presidentes para la fecha que sea menester, abórdese la política migratoria en profundidad como reclama la oposición. El Gobierno haría bien a atender la reclamación. Pero mientras tanto, Canarias —y más de 6.000 niños, de momento— necesitan con dramática urgencia una respuesta que no puede esperar. Y ayer PP, Vox y Junts se negaron siquiera a considerar la discusión sobre cómo responder.
No hay comentarios:
Publicar un comentario