En "Lo que el viento se llevó" se decía, más o menos veladamente, si mi mala memoria no me falla, que Rhett Butler, el personaje de Clark Gable, era rico gracias a la Guerra (de Cecesión) y al contrabando. Han pasado más de 150 años y ahora, sin Guerra pero con COVID, nuestra sociedad sigue llena de listillos sin conciencia ni alma que se siguen aprovechando de la coyuntura para sacar rédito. Gentuza.
▬
La lucha contra el virus supuso un gasto de 6.440 millones. Empresarios sin escrúpulos se enriquecieron gracias a la falta de controles por la situación de emergencia: el precio de las mascarillas en China durante los primeros meses de la pandemia osciló entre 1,3 y dos euros, pero estos contratistas consiguieron venderlas muchas veces por encima de los cinco euros.
ELENA REINAJULIO NÚÑEZFERNANDO PEINADO
Madrid - 19 MAY 2024 - 05:40 CEST
https://elpais.com/espana/2024-05-19/radiografia-de-una-colosal-estafa-en-un-mercado-sin-reglas.html
El pánico se instaló en España como una niebla cuando el coronavirus golpeó con fuerza a primeros de marzo de 2020. Mientras millones de españoles daban la vida por ayudar, por curar en condiciones penosas en hospitales y en centros de salud, un puñado de empresarios y gestores sin escrúpulos aprovechó aquella emergencia sanitaria para especular con el negocio más rentable aquellos días: la venta de mascarillas y todo tipo de material sanitario de protección frente al virus. Tras el eslogan de “saldremos más fuertes”, un puñado de empresarios ya estaban seguros de que ellos saldrían más ricos de ese agujero. La ley de la selva que se impuso desde el 13 de marzo —un decreto del estado de alarma permitía contratar sin reglas material anticovid— permitió adjudicar más de 6.440 millones de euros sin apenas controles. Más de 120.000 personas murieron en el hospital, en las residencias o en sus casas. En medio de aquella bruma, España sufrió un virus mortal, la covid, y otro muy nocivo: la avaricia que esquilmó las arcas públicas.
El Congreso y el Senado han arrancado dos comisiones para averiguar qué sucedió realmente durante esos meses. Cuatro años después, la clase política investiga un rosario de escándalos que ha salpicado al asesor del exministro José Luis Ábalos, a la pareja y al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a empresarios de varias autonomías. Las comisiones parlamentarias han tenido, hasta ahora, escaso eco, opacadas por las elecciones vascas, catalanas y por la amenaza del presidente Pedro Sánchez de abandonar La Moncloa.
La verdad de cómo se permitió un saqueo de esas dimensiones a las arcas públicas, quiénes fueron los culpables (además de algunos señalados) y cómo evitar que se repita, sigue estando muy lejos tras las primeras comparecencias en el Congreso y en el Senado, donde se han celebrado una decena de sesiones con explicaciones a medias y con los parlamentarios más preocupados en obtener un rédito electoral atacando al adversario antes que hacer un diagnóstico de la tragedia.
Pero, ¿qué ha sido del resto, de esos que dieron el pelotazo de sus vidas, que especularon con la tragedia?, ¿cómo —más allá de si era o no legal— se permitió que eso sucediera y cómo se puede evitar en un futuro?
Para llevar a cabo esta investigación, que traza una radiografía de los peores meses de la pandemia, EL PAÍS ha analizado las bases de datos de cientos de contratos públicos que se firmaron en 2020, las actas de los consejos interterritoriales de Salud que se celebraron aquel año, una decena de informes del Tribunal de Cuentas que destacaron los errores cometidos por diferentes administraciones (estatales, autonómicas y municipales de las principales ciudades españolas), los sumarios de los casos de corrupción más conocidos que siguen en curso y otros que han sido cerrados: el caso Koldo y los relacionados con el hermano de Ayuso, Tomás Díaz Ayuso, y con la actual pareja de la presidenta, Alberto González.
También, otro escándalo que sacudió al Ayuntamiento de Madrid, una estafa por la que dos miembros de la élite madrileña, Luis Medina (hermano del duque de Feria) y Alberto Luceño colocaron material anticovid a un precio disparatado por el que ganaron seis millones de euros en comisiones. Este diario ha entrevistado además a altos funcionarios encargados de perseguir este tipo de delitos, responsables de supervisar la calidad del material, funcionarios públicos que aprobaron adjudicaciones, empresarios mencionados en algunos de los sumarios más conocidos y ha cruzado la información con datos del Portal de Contratos del Sector Público y con la base de datos de Fundación Civio, que recoge las más de 25.000 adjudicaciones de emergencia que se realizaron durante 2020...
No es el mercado, es la avaricia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario