Al borde del colapso
La situación de las pensiones
exige un debate global inmediato sobre su futuro.
La propuesta del PSOE de crear
una nueva tasa impositiva para financiar las pensiones ha despertado la
inquietud ciudadana sobre el futuro de la protección social en España. Buena
parte del debate sobre esta cuestión habido hasta el momento arroja
conclusiones que avalan esa intranquilidad. En primer lugar, la mal llamada
reforma de las pensiones aplicada por el Gobierno es solo un parche
ridículamente pequeño para el tamaño de la brecha abierta en la financiación actual
del sistema; quien dude de esta aseveración, solo tiene que comprobar cómo el
Ejecutivo ha tenido que ir extrayendo dinero de la llamada hucha de las
pensiones para ir pagando las aportaciones anuales a los pensionistas. Por
desgracia, la reforma solo contribuyó a disfrazar y aplazar el problema con un
diagnóstico erróneo y un remedio de compromiso.
El diagnóstico más ajustado es
que el modelo de financiación basado en el principio de que los cotizantes de
hoy pagan a los pensionistas de hoy (contando además con la reserva de la hucha) está
totalmente desbordado por la crisis del empleo y, sobre todo, porque ha
aumentado el periodo de tiempo —y el coste que acarrea— que va desde del
momento en que un trabajador se jubila y el momento de su fallecimiento. Esta
es la variable que socava las pensiones actuales y que obliga a reconsiderar
seriamente el sistema.
Por una parte, la población
envejece y percibe sus retribuciones durante más tiempo; por otra, disminuye la
población activa, y la población ocupada ni aumenta al ritmo necesario para
cubrir las consecuencias del envejecimiento ni sus rentas crecen a la velocidad
con la que deberían aumentar los ingresos por cotizaciones para cubrir el gasto
presente.
La hipótesis de Mariano Rajoy,
según la cual bastaría con aumentar el empleo para disolver el problema, es
ingenua y temeraria. Ni con la mejor proyección histórica de empleo podría
compensarse el aumento del coste del modelo producido por la elevación de la
esperanza de vida. En consecuencia, la propuesta del PSOE no debe ser
despachada como alarmismo injustificado. Es hora de reconocer que una parte del
sistema tiene que ser pagado a través del presupuesto para conjurar el riesgo
de colapso a medio plazo. Quizá la fórmula más adecuada no sea una tasa
finalista, sino integrar una parte de las pensiones en el cuadro de necesidades
presupuestarias globales.
Pero ni siquiera la financiación
parcial vía presupuestos evita la tarea política de afrontar una reforma en
profundidad del sistema. En ella deben participar todas las instituciones del
país, para decidir cuestiones tales como si el método de reparto debe ser
corregido con medidas presupuestarias, hasta qué límite, si bastaría con
aumentar las cotizaciones (al coste de gravar la creación de empleo) o si es
oportuno recurrir a sistemas de capitalización, con el Estado como depositario.
Y, a continuación, pactar las decisiones con los agentes sociales. En lugar de
parches coyunturales, esta es la reforma que, si las condiciones políticas lo
permiten, necesita y merece la sociedad española.
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