...y el porqué de la desafección política, la pérdida de la fe en la justicia, en el sistema. Revilla decía ayer en su tan compartido vídeo que "estaban jugando con fuego", y anoche, hablando con un íntimo amigo, me dijo que las cosas estaban cambiando, que no lo dudara. A ver cómo se van desarrollando los acontecimientos.
PD. Ironía de la vida, la salida de la Audiencia de Palma, después de la vista que desembocó en la puesta en libertad de Urdangarin hasta que la sentencia sea firme y su consiguiente residencia en Ginebra, tuvo lugar ayer, 23 de febrero, triste aniversario de nuestro Golpe de Estado en 1981.
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Inaki Urdangarin sale libre de la Audiencia de Palma, el 23 de febrero.
Ruido judicial y fiscal
La discutible decisión sobre
Urdangarin se agrava por las sospechas sobre la fiscalía.
Iñaki Urdangarin no ingresará en
prisión. Es lógico que así sea, pues el fiscal no solicitaba tal medida y
tampoco había razones que aconsejaran desviarse de lo que es habitual en estos
casos: que el ingreso en prisión no tenga lugar hasta que la sentencia sea
firme.
Más anómalo parece, sin embargo,
que se le permita continuar residiendo en Suiza y se le autorice a comparecer
una vez al mes ante la autoridad judicial competente de ese país, al tiempo que
se le indica que habrá de comunicar todo desplazamiento que realice “fuera del
espacio de la Unión Europea”. Precisamente ocurre que Suiza no forma parte de
la UE. Iñaki Urdangarin es un español que vive en ese país no por especial
arraigo en el mismo, sino por una decisión personal y familiar adoptada hace pocos
años vinculada con los procesos abiertos contra él y su deseo de salir del foco
público. Por eso, el efecto práctico de la medida judicial es el de una ventaja
difícil de justificar a quien ha sido condenado a seis años y tres meses de
cárcel, por recurrible que esta sea.
Es verdad que en España se abusa
de la prisión provisional en otras muchas causas y es correcto que las jueces
de Palma no hayan seguido ese camino. Además rechazan de plano la fianza que
había pedido Pedro Horrach, el fiscal del caso, que en los días previos se
había prodigado ante los medios de comunicación en titubeos y en los “no
descarto” sobre cuál iba a ser su actitud, en vez de guardar la discreción que
habría convenido tras su polémica conducción del caso Nóos.
El contexto en que se ha
producido la decisión sobre Urdangarin añade gravedad a lo sucedido ante la
opinión pública. Acaba de producirse el relevo de 28 titulares de órganos clave
del ministerio público, entre ellos el fiscal jefe de Murcia, Manuel López
Bernal, que se había querellado contra el presidente de esta comunidad por
presuntos delitos cometidos en el caso Auditorio y que ahora denuncia en
público las intimidaciones y presiones vividas en coincidencia con la
investigación de casos de corrupción y el desamparo del que han sido víctima él
y algunos de sus compañeros.
El propio relevo de tantos
titulares de fiscalías clave, algunas tan sensibles como la de Anticorrupción y
la jefatura de la fiscalía de la Audiencia Nacional, exige una explicación. El
fiscal general, José Manuel Maza, está obligado a dar cuenta de las razones de
tales cambios, más allá del argumento formal de que habían vencido los plazos
para hacerlo y que nombrar a otras personas entra dentro de sus competencias.
El ministerio público es un órgano constitucional que depende jerárquicamente
del fiscal general —a su vez nombrado por el Gobierno—, que debería ser una
garantía para los ciudadanos. Lejos de ello se ha convertido en una fuente de
desconfianzas, dadas las continuas sospechas sobre intervenciones del
Ejecutivo.
La justicia debe expresarse a
través de la solidez de sus procedimientos y sentencias, no a través de los
medios de comunicación ni de las opiniones personales de aquellos que tienen
encomendada impartirla o instar la investigación desde el Gobierno. El ruido
continuo y las interferencias políticas en nada contribuyen a prestigiarla ante
la ciudadanía.
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