Me manda mi querida prima Mercedes, nieta de nuestro protagonista y antepasado, exsenadora y presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Tenerife, este artículo de elDiario.es que reproduzco raudo aquí.
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José Carlos Schwartz Hernández.
De la lucha contra el caciquismo a "desaparecer" en el Teide como último alcalde republicano de Santa Cruz de Tenerife
José Carlos Schwartz fue abogado en los llamados juicios de Hermigua tras una huelga protagonizada en 1933 por los obreros. Los historiadores ven una conexión entre estos sucesos de La Gomera con la represión de 1936, cuando se ejecutó la venganza contra los participantes. Schwartz desapareció en octubre de ese año y dejó una viuda y cinco hijos.
24 de julio de 2021 06:00h. @JENNIFERJJS
Eran las 7.00 de la mañana del 18 de julio de 1936 cuando a José Carlos Schwartz, entonces alcalde de Santa Cruz de Tenerife, lo sacaron de su casa y sin ningún motivo fue encerrado en la prisión del Castillo de Paso Alto. Su nieta, Mercedes Pérez Schwartz, explica que los cinco hijos de su abuelo y su esposa vivieron con horror aquella detención y que ya nunca más volverían a tener a su padre en casa. Tenía sólo 39 años, había estudiado Magisterio (llegó a dar clases en el norte de Tenerife) y Derecho, con un papel muy destacado como abogado en los llamados Juicios de Hermigua, en 1933. Era funcionario del ayuntamiento donde después fue alcalde y también fue presidente de las Juventudes Republicanas. De esa cárcel aquel verano de 1936 lo trasladaron al campo de concentración de Fyffes donde tuvo que realizar trabajos forzados. "Sus familiares sólo lo podían ver de lejos desde una verja mientras realizaba esos trabajos", relata. Al poco tiempo fue conducido de vuelta a Paso Alto, donde solo se permitía que dos de sus hijos lo visitaran. Su abuelo contaba entonces que los guardias le dejaban la puerta de la celda abierta para que cayera en la trampa de intentar fugarse y poderle aplicar una condena por ello. Schwartz, sin embargo, siempre mandaba a cerrar esa puerta. Entonces, era compañero de celda del gobernador civil Manuel Vázquez Moro y del secretario del Gobierno Civil Isidro Navarro López. Ambos tuvieron un juicio por "insurrección al golpe de Estado" y fueron fusilados, pero la historia del alcalde fue distinta.
La noche del 1 de octubre de 1936 "dos personas de derechas en las que confiaba lo visitaron y le dijeron que lo iban a dejar en libertad", cuenta su nieta, que también es la presidenta de la actual asociación por la Memoria Histórica de Tenerife. Un día después, desapareció "dejando un amargo recuerdo". Oficialmente, lo que le dijeron a su abuela es que había sido puesto en libertad aquella mañana de otoño, pero lo cierto es que nunca volvió a casa, que pasó a ser uno más de los desaparecidos del franquismo, una práctica que no fue aislada en las Islas. A la familia del padre de la presidenta de la Asociación de la Memoria Histórica de Arucas, Pino Sosa, también le dieron la "versión oficial" de que José Sosa se había marchado en un barco francés, pero fue localizado 82 años después en los pozos de Tenoya, al que fue arrojado junto a otros desaparecidos por el régimen en Gran Canaria. Mercedes explica que días más tarde un amigo de la familia contó a su abuela, Jorgina Adelaida Esquivel Díaz, que un camarero de la cafetería Cuatro estaciones había escuchado de boca de dos hombres que coincidían con la descripción de los que habían ido a visitarlo el día anterior que lo habían matado. "Nos cargamos a Schwartz", asegura que decían con alevosía.
Días después, la familia recibió un anónimo en el que informaban que había sido asesinado y enterrado en Las Cañadas del Teide. Entonces, su abuela junto al hermano de su abuelo, Juan Pedro Schwartz, se pusieron a investigar pero les llegó otro anónimo advirtiéndoles de que si seguían por ese camino les ocurriría lo mismo que al alcalde. 85 años después, nunca se ha localizado su cuerpo. En un reciente estudio impulsado por el Gobierno de Canarias se menciona que "las desapariciones mediante sacas fue un método sistemático y masivo en Tenerife, lo que no implica que no pudieran producirse asesinatos puntuales en la zona de Las Cañadas del Teide, en pozos o en cárceles municipales. Para profundizar en ello parece necesario seguir investigando caso por caso".
La viuda de Schwartz se mudó al día siguiente de la detención de su marido a casa de su suegro, Carlos Schwartz, interventor de fondos del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Ese mismo día unos soldados entraron en la casa familiar, en la calle Robayna, ya vacía, alegando que estaban buscando armas. Sin embargo, lo desvalijaron todo. "Cuando aquella noche nuestra abuela acudió a Capitanía para exigir una explicación ante tal atropello, la respuesta del capitán del ejército fue: 'Tiene usted razón esto no ha sido un registro, esto fue un robo'", asegura su nieta, que añade que aunque la familia no quiso comentarle nada de lo que pasó la noche siguiente a la detención, José Carlos Schwartz terminó por enterarse al ver que un soldado portaba en su guerrera una pluma de su propiedad. Mercedes Pérez Schwartz habla de su abuela como una mujer fuerte, a la que recuerda reunida en casa con otras mujeres que habían sufrido la represión en sus familias. "Se hablaba todo sin tapujos", asegura. Tuvo que criar a sus cinco hijos sola, sin derecho a una pensión de viuda, ya que su marido oficialmente no estaba dado por fallecido. Además, tuvo que lidiar con que a los meses de la desaparición le llegó una carta del ayuntamiento requiriendo a Schwartz que se incorporase a su puesto de trabajo.
"Mi abuelo siempre decía que no iba a dejar a sus hijos dinero en herencia, pero sí darles estudios para que pudieran tener sus carreras", relata su nieta, que lamenta que el destino se truncara finalmente y todas esas expectativas familiares se diluyeron. Además, afirma que a sus hijos les transmitió sus ideales y sus ganas de luchar por la libertad y la democracia. Los cinco niños tenían edades desde los 12 a dos años; Concepción, Mercedes, José Carlos, Jorge (fallecido en un accidente de tráfico cuando iba a negociar en Madrid el convenio de Industrias Químicas, ya que era sindicalista) y la pequeña Isabel, que estaba muy enferma y murió siendo una niña.
Procesados en Los Juicios de Hermigua.
El nexo con la venganza caciquil
El historiador Sergio Millares explica que los conflictos que se producen en Canarias en la historia contemporánea tienen que ver con el control de la mano de obra. "Los propietarios agrícolas, los caciques, quieren controlar la contratación porque de esta manera los sueldos van a la baja y cuando los contratados son propuestos por las federaciones obreras, por los sindicatos del pueblo, ahí es cuando los patronos ponen el grito en el cielo porque no quieren pagarles más jornal y controlar una mano de obra que ellos están acostumbrados a que sea muy asequible", resume. Por ello, remarca que no son conflictos por el control de la tierra, como ocurrió en Andalucía, por ejemplo, sino por la mano de obra. "El trasfondo de todo es la violencia caciquil en alianza con sectores militares, que se enfrentan por un lado a la normativa republicana y por otro a los sindicatos", apunta.
Los sucesos de Hermigua de 1933 se producen en un contexto de paro y poco a poco aumenta la conflictividad laboral. En aquel momento se estaba construyendo la carretera que unía Hermigua con Vallehermoso y hay varios laudos del gobierno civil que imponen que se cuente con un número determinado de trabajadores de la Federación Obrera, algo que los caciques no querían aceptar. El conflicto se fue agudizando cada vez más hasta que la Guardia Civil se posiciona a favor de los caciques y "el día de la huelga, en marzo de ese año, se produce un choque mortal porque el comportamiento de la guardia civil fue provocador". Los caciques, además, no eran favorables al gobierno de ese momento, que era republicano. El balance de estos sucesos, recogidos en la tesis doctoral La provincia de Santa Cruz de Tenerife entre dos dictaduras, hambre y orden de Carlos David Aguiar y dirigida por Francisco Galván Fernández y Andreu Mayayo, fue de dos guardias civiles y un obrero muerto. Fueron procesados en la causa 35 personas y "se finiquitó con la desaparición de varias decenas de ellos tras la sublevación de los militares en 1936".
Las 35 personas fueron sometidas a Consejo de Guerra y a esos juicios vinieron abogados de la Península, señala Millares, pero entre los defensores también se encontraba José Carlos Schwartz y otro nombre reconocido, Luis Rodríguez Figueroa, que fue diputado de las Cortes con el Frente Popular. Ambos fueron asesinados posteriormente en 1936. El cronista de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Ledesma, recoge también en un texto sobre el que fuera alcalde de la ciudad que además de a los obreros de Hermigua, también defendió "a los obreros contra los propietarios agrícolas cuando se negaron a aceptar la readmisión de los que fueron despedidos durante las huelgas de 1936". La Comisión Gestora del Ayuntamiento, a sabiendas de que el alcalde ya estaba muerto, aprobó además depurarlo por su ideología, abriéndole un expediente sancionador por el que fue separado definitivamente como funcionario, lo que dejó a su familia sin derecho a percibir ningún tipo de pensión. Además, algunos historiadores apuntan que Franco, en 1936 capitán general de Canarias, lo consideraba el responsable de las huelgas y de las pintadas que en su contra aparecieron en Santa Cruz, a modo de recibimiento.
Millares resalta que derrocar al caciquismo de los pueblos no era fácil para la República, pero que al menos intentó limitar ese poder. El gobierno republicano además conmutó la pena a los condenados por los sucesos de Hermigua en el Consejo de Guerra y los liberó, por lo que después del golpe militar "la venganza y la represión fue brutal". En el caso de Schwartz, encerrado en la cárcel de Paso Alto, hay una responsabilidad militar directa. En el golpe de Estado, orquestado desde Canarias, destacan nombres como el del fiscal en los sucesos de Hermigua, Lorenzo Martínez Fuset, que estaba destinado en Tenerife con la llegada de Franco a la Capitanía de Canarias.
Franco junto al alcalde de Santa Cruz José Carlos Schwartz y el gobernador civil Manuel Vázquez Moro.
Una lucha por todas las víctimas
Mercedes Pérez Schwartz señala que la historia de su familia es una más de tantas que sufrieron en la época y no quiere olvidar lo que le ocurrió a otros alcaldes como el de Buenavista del Norte, a maestras, sindicalistas, masones y otras personas que luchaban por la libertad y la democracia. Un reciente estudio impulsado por el Gobierno de Canarias ha aportado datos de 182 de las víctimas mortales de la represión franquista en Tenerife, pero las asociaciones y algunos historiadores apuntan a miles. "A muchos los tiraban al mar", remarca la presidenta. No obstante, se mantiene con la esperanza de poder recuperar si no es a su abuelo, a otros represaliados del franquismo que pueden estar en otras fosas de la isla. Remarca que las bases de la ley de memoria histórica hablan de "verdad, justicia y reparación" y, por tanto, de eliminar honores y distinciones a los golpistas, por lo que lucha para que se retiren calles que aún quedan en la capital tinerfeña y el monumento en honor a Franco, así como por investigar, localizar y exhumar a los familiares. Su abuelo tiene actualmente una plaza dedicada en su honor y fue nombrado hijo predilecto de la ciudad en el año 2019. También se impulsó en 2012 el Aula Cultural José Carlos Schwartz. Sin embargo, su nieta lamenta que aún se desconozca su figura y la de muchos otros por haberse borrado ese período de la historia que pasa de puntillas por los libros de texto en las escuelas.
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