Nadie entiende (salvo por presiones de la Iglesia española y la beatitud de sus secuaces meapilas) ese interés del Gobierno del PP para abrir viejos debates ya superados. Me refiero obviamente al anteproyecto de Ley del Aborto que nos retrotrae a los años 80. Todo lo que se ha ido consiguiendo en estos años borrado de un plumazo por esta gente, adalid de la mayoría absoluta. De camino, allende los mares, seguimos haciendo el ridículo y causando asombro por esta ola (tsunami) de conservadurismo siempre innecesario. ¿Hasta dónde llegaremos caminando hacia atrás? Nadie lo sabe, me temo.
EL PAÍS Madrid 23 DIC 2013 - 21:34 CET
La reforma de la ley del aborto en España ha sido seguida con interés por la
prensa europea, con titulares y textos que destacan el retroceso que supone una
norma que trata de contentar al ala más conservadora del PP. Y no solo han
informado, sino que algunos han dado también su opinión, como el diario
británico The Times,
que ayer acusó al Gobierno español de “abuso de poder” en un durísimo editorial
y pidió al resto de Gobiernos europeos que presionen a Mariano Rajoy para que
reconsidere la reforma.
El editorial sostiene que la nueva ley recoge tan
solo el pensamiento “de una pequeña minoría”. “Viola el principio de
la política democrática al suplantar con decretos estatales las opiniones de
ciudadanos privados individuales. Va a erosionar el pluralismo, restringir la
libertad, hacer retroceder la posición de la mujer en la sociedad española,
dañar la vida familiar e infligir daños psicológicos y físicos a mujeres que
padecen en ocasiones circunstancias desesperadas. Es una ley mala que
previsiblemente tendrá consecuencias lamentables”, sostiene el texto.
El
diario londinense, que se sitúa en el centro derecha del arco político de la
sociedad británica, sostiene: “Aunque el Gobierno manifiesta que ninguna mujer
será procesada por haber abortado, esa línea de defensa es débil. Los médicos
se arriesgan a ser procesados y se enfrentan hasta a tres años de cárcel por
llevar a cabo abortos que sean considerados ilegales”. “Hay gente que tiene
fuertes objeciones éticas contra las terminaciones del embarazo (incluyendo a
la Iglesia católica, que ha apoyado al Gobierno español en este asunto). Sin
embargo, esa visión es minoritaria. Los sondeos muestran que la mayoría de los
votantes españoles están a favor de que la ley siga como hasta ahora. Y aunque
no fuera ese el caso, la propuesta de ley seguiría siendo perversa”, opina el
diario,
Y
concluye: “Llevar al rango penal una cuestión que afecta a la salud de las
mujeres y que es una cuestión de conciencia es un abuso del poder del Gobierno.
Una sociedad constitucional no se inmiscuye en zonas de criterio personal que
la mayoría de los ciudadanos consideran que se tienen que decidir dentro de las
familias. La ingeniería social es una práctica de los gobiernos autocráticos.
Los amigos y aliados de España en Europa deberían convencer al señor Rajoy de
que se lo vuelva a pensar”.
Las
siguientes son algunas de las reacciones de la prensa en otros países europeos:
»
Italia: vuelta
al pasado. Los titulares de los medios italianos han hablado de “vuelta al
pasado de Rajoy”, “frenazo de España” o “vuelta de tuerca”. La agencia Ansa
(homóloga de Efe) se pregunta porque “el presidente católico y conservador
Mariano Rajoy encargó este diseño de ley al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón,
y no a la titular de Sanidad, Ana Mato”. “La contrarreforma española en materia
de aborto está lista”, arranca su crónica en La Repubblica Omero Ciai. “El texto sigue siendo secreto, pero,
por lo que ha trascendido, haría retroceder el reloj hasta 1985”. Los medios
locales, no muy acostumbrados a poner la lupa más allá de los Alpes, comparan
la tendencia actual con los años de Zapatero, que transformó a España en una
especie de El Dorado de los derechos civiles.
»
Alemania: restricción
de la libertad. Los grandes diarios alemanes han pasado de puntillas sobre el
proyecto español de reforma. La cabecera conservadora Die Welt publicó el mismo viernes un largo
reportaje en Internet sobre “los intentos, por parte del Partido Popular, de
contentar al sector conservador en el país”. Cuenta el reportaje que el PP,
“tras varios años de austeridad presupuestaria”, proyecta también “profundos
cambios sociales” en España. La ley del aborto es, asegura, la constatación de
que las “restricciones en el derecho de manifestación aprobadas a primeros de
mes [dentro de la ley de seguridad ciudadana] solo fueron un primer paso”.
El
diario berlinés Die Tageszeitung,
tradicionalmente próximo al partido Los Verdes, se hizo eco de la reforma con
sendos reportajes el viernes y el sábado. El primero, firmado en Madrid, aclara
que la nueva ley será más restrictiva que la de 1985 y recuerda las
movilizaciones contra el aborto en las que el PP participó “junto a la Iglesia
y a organizaciones provida”. También refiere cómo, hasta 1985, las mujeres
españolas que querían abortar viajaban a Londres y a Holanda para poder
hacerlo. El otro artículo es una nota de la agencia alemana DPA sobre las
protestas contra la reforma. El diario muniqués Süddeutsche Zeitung destacó el sábado las críticas al
proyecto por parte de “los conservadores democristianos” del PNV. La nota lleva
el título entrecomillado: “Una incomprensible restricción de la libertad”.
»
Francia: concesiones
al Episcopado. La prensa francesa se ha hecho ampliamente eco de la reforma del
aborto en España, retratada también como una marcha atrás. Para el diario Le Monde, se trata de “otra concesión
al ala dura” del Partido Popular y “a las reivindicaciones del Episcopado
católico”. El diario vespertino francés de centroizquierda sitúa el proyecto de
ley en línea con la nueva ley de educación, el debate sobre la cadena perpetua
y, sobre todo, la ley de seguridad ciudadana.
Con
información de Walter Oppenheimer (Londres), Lucia Magi(Roma), Juan Gómez (Berlín) y Ana Teruel (París).
▬
Nadie tiene derecho a obligar al
sufrimiento (II)
Señor
ministro, ¿a qué quiere usted condenar a nuestra sociedad? ¿A vivir de nuevo en
épocas que nunca debieron existir?
JAVIER ESPARZA
Esta
carta es una triste continuación de la publicada en EL PAÍS el 25 de julio del año pasado.
Su objetivo es expresar de nuevo mi indignación por la decisión del Gobierno de
aceptar el anteproyecto de ley presentado por el ministro de Justicia y hecho
público el 20 de diciembre de 2013.
No voy
a exponer de nuevo mis antecedentes profesionales como neurocirujano infantil,
ya que fueron suficientemente expuestos en la carta anterior. Solamente
señalaré que he ejercido como neurocirujano durante 40 años, siendo jefe del
Servicio de Neurocirugía Infantil en el hospital 12 de Octubre desde el año
1982 hasta mi jubilación hace tres años.
Como
profesional de la medicina, lo más destacable es la completa eliminación del
supuesto de malformación fetal como causa de interrupción del embarazo, lo que
en mi opinión sencillamente nos coloca de nuevo en épocas pretéritas de la
historia de la medicina en España. Estoy además convencido de que muchos
españoles tenían la esperanza durante todo este año de que el ministro tuviera
en cuenta la gran cantidad de opiniones que se han escuchado y publicado en
contra de la eliminación de este supuesto. Desgraciadamente, no ha sido así.
Antes
de la primera ley de 1985, los médicos que teníamos que enfrentarnos a los
casos de malformaciones fetales más severas, como son entre otras las del
sistema nervioso central, estábamos desgraciadamente muy acostumbrados a tratar
a estos pobres niños. Concretamente los niños con espina bífida abierta (de uno
a tres niños por cada 1.000 recién nacidos vivos) se contaban entre las
malformaciones más frecuentes.
Los que
padecían esta enfermedad en sus grados más severos eran sin duda los más
complicados de tratar. Son los que presentaban parálisis completa de ambas
piernas, y del control de los esfínteres urinario y fecal, deformaciones
severas en los pies y en la columna vertebral, hidrocefalia (acumulación de
líquido en el interior del cerebro) y muchos tenían además déficit mental de
diversos grados. Tenían que ser tratados por diversos equipos de especialistas
(pediatras, neurocirujanos, traumatólogos, urólogos...) y, finalmente, después
de una vida llena de sufrimientos, algunos podían morir por las complicaciones
tardías que se presentaban años después del nacimiento.
Como
regla general, cuanto más severa es la malformación más fácil es su diagnóstico
en el periodo prenatal, por eso el número de malformaciones fetales graves
disminuyó rápidamente después de la implantación de la ley de 1985, con lo que
muchos de nosotros nos alegramos profundamente. Esto es fácilmente constatable
si se consultan los datos hospitalarios de la época o, sin ir más lejos, las
estadísticas de las unidades de neurocirugía infantil. ¡Tanto es así que
actualmente muchos profesionales jóvenes no han tenido la oportunidad de tratar
estas malformaciones en número suficiente de casos para adquirir la experiencia
necesaria!
Puesto
que en Europa este tipo de malformaciones han dejado hace muchos años de
existir, ¿qué pueden hacer nuestros jóvenes profesionales? ¿Señor ministro,
podría darse el caso de que algunos tengan que visitar hospitales de países
sudamericanos o africanos que nunca hayan tenido una ley de interrupción del
embarazo?
Las
malformaciones fetales pueden ser muy diversas según los órganos afectados y
también dependiendo de la severidad y grado de incapacitación que pueden dejar
en los niños. Actualmente, las unidades de diagnóstico prenatal existentes en
algunos hospitales españoles (no en todos) son perfectamente capaces de
conseguir un diagnóstico de malformación fetal correcto, tanto en el tipo como
en la severidad de la malformación.
Señor
ministro, ¿no hubiera sido más fácil hacer un pequeño esfuerzo de coordinación
con la ministra de Sanidad (la que por cierto no parece darse por aludida en
este grave problema) y realizar a nivel estatal una clasificación de las
malformaciones, evaluando en profundidad los grados de severidad e
incapacitación futura de los niños no nacidos, proporcionando de esta forma a
las madres una amplia información para que de esta manera puedan decidir con
serenidad?
Por
otra parte, y dado que los recortes han afectado también a la Ley de
Dependencia, ¿ha previsto el Gobierno alguna medida de protección para esta
nueva población con graves minusvalías? ¿O quizá estamos ante una ley que no ha
tenido en cuenta en absoluto las consecuencias de su aplicación para los
ciudadanos?
Señor
ministro, ¿a qué quiere usted condenar a nuestra sociedad? ¿A vivir de nuevo en
épocas que nunca debieron existir? ¿O también a que los niños con
malformaciones fetales graves, sus familias, sus médicos y, en definitiva, la
sociedad entera tengan que padecer por sus creencias? No creo que nadie tenga
ese derecho y usted tampoco, señor ministro.
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