SIN (CON) PALABRAS

 

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El 10 de enero de 2011 ETA declaró que el alto el fuego declarado en septiembre de 2010 sería permanente, general y verificable por observadores internacionales.

Cese definitivo de la actividad armada

En la tarde del jueves 20 de octubre de 2011, tres días después de la celebración de la Conferencia Internacional de Paz de San Sebastián,​ y apelando a sus conclusiones, ETA anunció "el cese definitivo de su actividad armada" mediante un comunicado publicado en las ediciones digitales de los diarios Gara1​ y Berria, difundido igualmente en vídeo y audio en castellano y euskera.

En el comunicado, ETA afirmó tener un "compromiso claro, firme y definitivo" de "superar la confrontación armada", al tiempo que pidió a los gobiernos de España y Francia un "diálogo directo" con objeto de llegar a una solución de "las consecuencias del conflicto".

José Luis Rodríguez Zapatero compareció una hora después del comunicado de ETA, destacando que se trataba de un triunfo «definitivo y sin condiciones» del Estado de Derecho. Hizo hincapié en la colaboración francesa en la lucha contra la banda, y agradeció el trabajo de los distintos ministros del Interior y «la acción tenaz y eficaz de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado». Finalizó su comparecencia recordando que «la memoria de las víctimas acompañará siempre a las futuras generaciones españolas».

El candidato socialista a las elecciones generales de noviembre de 2011, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo que se trataba de «un día para celebrar la gran victoria de la democracia». El líder de la oposición y candidato del PP a la presidencia, Mariano Rajoy, consideró el anuncio una gran noticia «porque no ha habido ningún tipo de concesión política».​ Algunas asociaciones de víctimas del terrorismo, que lo calificaron de «fraude», como algunos exmiembros de las fuerzas de seguridad del Estado, a la espera de que «se pongan a disposición de la Justicia y entreguen las armas», acogieron con mucho escepticismo y recelo el comunicado de ETA.

Desarme unilateral e incondicional y anuncio de disolución

El 17 de marzo de 2017 ETA anunció su desarme definitivo de manera unilateral y sin condiciones.​ Este se produjo en la mañana del sábado 8 de abril de ese mismo año en la ciudad de Bayona, en el País Vasco francés, cuando intermediarios civiles comunicaron a las autoridades judiciales francesas la localización de ocho zulos de la banda para proceder a su desarme, incautándose 118 armas, 25 000 cartuchos y casi tres toneladas de explosivos.

Tras someter a votación entre sus militantes un documento que planteaba su final como organización en términos de «disolución», «desaparición» o «desmovilización»,​ finalmente ETA comunicó por carta a instituciones y agentes políticos su decisión de «dar por terminado su ciclo histórico»​ y confirmó la disolución de todas sus estructuras el 3 de mayo de 2018.

El 2 de mayo de 2018 se dio a conocer una carta de ETA remitida a diversas organizaciones y agentes vascos, fechada el 16 de abril del mismo año, en la que comunicaba su decisión de disolver «completamente todas sus estructuras y daba por terminada su iniciativa política». En la misiva manifestaba que daba por terminado su ciclo histórico y que había disuelto completamente todas sus estructuras. La carta precede al acto organizado el 4 de mayo en la ciudad francesa de Cambo, con presencia de representantes de diferentes organizaciones políticas y sociales así como expertos internacionales, para escenificar el fin de la organización. Unos días antes, ETA había hecho público un comunicado en el que pedía «perdón» a parte de las víctimas. En la carta del 18 de abril, manifestaba que «el conflicto que Euskal Herria mantiene con España y con Francia» sigue abierto y asumía su parte de responsabilidad por no haber sido capaces de llegar a acuerdos, ni entre ETA y el Gobierno, ni entre los agentes vascos, a la vez que reconocía el sufrimiento provocado como consecuencia de su lucha.

El 3 de mayo de 2018, se dio a conocer el comunicado final de disolución por parte de ETA. Tras esto, el Gobierno español manifestó que los cerca de cien exmiembros de ETA que se esconden en la clandestinidad deben pagar por sus crímenes y seguirán siendo buscados por las autoridades para su detención.