Por las mañana trabajo en un Ayuntamiento pequeño y conozco en primera línea el problema de la vivienda. En una isla, donde el suelo es limitado -en Canarias, además, el suelo rústico está muy extendido/protegido y el uso residencial no está permitido-, la vivienda ilegal se multiplica y la Administración intenta poner coto al problema de una manera poco ética y hasta inmoral, después.
Me explico.
Nunca se han preocupado los alcaldes por las viviendas sin licencia: tú sigue que no vas a tener problemas. Luego cambia el alcalde, o cambia la conciencia general, o un vecino denuncia y, al final, empiezan a multiplicarse los expedientes de infracción urbanística. Todo después, casas construidas, familias morándolas. Debe haber un buen departamento de Disciplina Urbanística, si se quieren hacer las cosas bien, y parar las obras una vez empiecen; dejar el problema para mañana no es ético porque entramos ya en un terreno pantanoso: qué hacer con las familias residentes en ellas, familias con sus propios problemas, falta de alquileres asequibles, etc.
La vivienda ilegal no puede convertirse en un tú sigue que yo te aviso del alcalde de turno. Hay que educar al ciudadano con facilidad para la obtención de licencias, rapidez en el papeleo, leyes justas y equilibradas, etc. Llegados a este punto no podemos creer que la culpa de todos los males la tiene la Vivienda Vacacional, no.
La inmigración parece ser el primer problema que preocupa a los españoles, pero cuando se les pregunta en qué les preocupa a cada uno personalmente, parece pasar al puesto 15, según he leído., La vivienda, o mejor dicho la falta de ella es lo que pasa a los primeros puestos de preocupación patria.
La pena es que la solución, si la existiera, debe pasar por las manos de los políticos, y ya se sabe que estos de fiar, de fiar, no son.
¿Recuerdan a los reyes Católicos? Pues ahora estamos igual, derecha o izquierda, tanto monta, monta tanto.
A este paso sólo nos queda Bakunin.
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La vivienda estrangula la economía
La Comisión Europea puede poner principios claros sobre un problema central para explicar la desigualdad y el descontento.
EL PAÍS, editorial. 21.09.2024
Los problemas de acceso a la vivienda se sitúan entre las principales preocupaciones de los ciudadanos, por delante de los relacionados con la salud y la educación. Es un problema generalizado que ahoga a las clases medias, que golpea con especial dureza a las familias con menos recursos, impide la emancipación de los jóvenes, acelera la desigualdad y ha disparado el número de personas sin hogar en los países desarrollados. La subida de los tipos de interés en los últimos años no ha hecho sino agudizar una dificultad generada por una tormenta perfecta de elevados precios tanto de compra como de alquiler, bajo crecimiento de los salarios, falta de vivienda social, el freno de la construcción desde la crisis de 2008 y las trabas administrativas a la concesión de suelo, especialmente en grandes ciudades. Las zonas urbanas ya concentran el 56% de la población del planeta, y el Banco Mundial prevé que para 2050 vivan en ellas siete de cada diez personas, por lo que el problema solo puede ir a peor si no se adoptan decisiones de planificación territorial y de aumento de la oferta.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reconoce la centralidad de este asunto al crear una cartera específica de Energía y Vivienda para su segundo mandato, que estará en manos del danés Dan Jorgensen, quien reportará directamente a la vicepresidenta Teresa Ribera. Von der Leyen recoge así el guante lanzado en julio por el grupo de los Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo como condición para apoyar su reelección. Es una cuestión capital para explicar la ansiedad de la clase media: en lo que va de década, los precios de los pisos han subido casi un 17% en la UE, y un 26% en los últimos nueve años en España. Aunque la política de vivienda es una competencia nacional, la intención expresada por Von der Leyen pasa por elaborar un plan de casas asequibles a nivel europeo, con una estrategia para la construcción y la inversión, y permitir que se destinen a este capítulo tanto fondos de cohesión como ayudas de Estado.
Luego cada país afronta retos específicos. El Banco de España calcula que hacen falta 600.000 viviendas para equilibrar el mercado, cuando solo se construyen 90.000 al año, mientras se crean 275.000 hogares y hay una demanda de no residentes de otras 60.000 viviendas. A este escenario hay que sumar el uso turístico al que muchos propietarios destinan sus pisos, lo que tensiona mucho el mercado del alquiler. A pesar de la evidencia, los ciudadanos ven cómo las administraciones y la justicia son incapaces de abordar en serio este problema. A los diferentes niveles de responsabilidad y las carencias administrativas se suma el tacticismo partidista: el Gobierno quería regular el alquiler de temporada para evitar que los arrendadores burlen la ley de vivienda, pero la semana pasada el Congreso, con el apoyo de PP, Vox, UPN y Junts, rechazó la toma en consideración de la norma.
Bienvenida sea pues una aproximación europea a la crisis de la vivienda, sin menoscabo de las actuaciones que debe acometer cada país. La nueva Comisión tiene en la vivienda una gran oportunidad de evidenciar la razón de ser del proyecto europeo y de mostrar a los ciudadanos que la Unión es algo que les atañe directamente. Más allá de la capacidad normativa que tenga Bruselas, poner dirección y principios al problema de la vivienda quizá sea una de las tareas económicas más urgentes que debe abordar el nuevo Colegio de Comisarios.
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