Delitos gravísimos
Aunque genere dificultades
políticas, la justicia no puede dejar de actuar.
Es comprensible que el envío a prisión de la mitad del exgobierno de Cataluña cause
inquietud frente al lógico y mayoritario deseo de recuperar cuanto antes la
normalidad democrática y social. Pero en estos graves momentos cabe recordar lo
fundamental: que los únicos responsables de que la justicia haya reaccionado de
manera tan contundente son los políticos y líderes sociales que, como trama
golpista civil bien organizada, han actuado vulnerando la ley de manera
reiterada y consciente. Los únicos responsables de que la justicia participe,
ya inevitablemente, en la campaña electoral catalana del 21-D son ellos con la
presunta comisión de delitos de extrema gravedad.
El auto de la juez Carmen Lamela apenas deja resquicio de
duda sobre la obstinación y la reincidencia delictiva de los que, sorteando el
ordenamiento jurídico, se propusieron ya en octubre de 2015 una hoja de ruta
bien planificada para llegar hasta la independencia. No se trata, como algunos
arguyen, de enviar a la cárcel a políticos por sus ideas, sino por un desacato
reiterado a las resoluciones del Tribunal Constitucional contrarias a las leyes
que el independentismo iba aprobando. Para ello, los acusados no han dudado en
promover la agitación social, orientada, como dice el auto judicial, “a generar
inestabilidad política y económica que forzara al Estado a aceptar la
negociación de la separación”.
El cuanto peor, mejor, va a ser
en esta campaña el mantra más preciado del rupturismo. El bloque secesionista
no ha dudado en desprestigiar a España (país a abatir) sembrando la duda sobre
la independencia de la justicia y señalando como “presos políticos” a los
líderes sociales Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, agitadores necesarios en su
plan rupturista. Los ocho políticos que la juez ha enviado ahora a prisión no
son los primeros que sufren cárcel en este país. Cabe recordar que muchos de
los que les han precedido pertenecen al partido gobernante, el de Mariano
Rajoy, lo que demuestra la independencia judicial y no lo contrario. Porque los
políticos no pueden estar excluidos del peso de la ley que marca el Código
Penal.
La contundencia de la justicia,
paradójicamente, favorece a la causa independentista en su lógica victimista,
pero resulta esencial comprender que el ritmo del aparato judicial es también
independiente del que marca la política y que no cabe, en democracia, más que
acatarlo. Solo la política será capaz de resolver con vocación de permanencia
el conflicto catalán, pero no hay política posible y democrática sin justicia y
sin respetar y aplicar el peso de la ley.
El dramático desenlace judicial del procés prueba
la extrema gravedad de la situación en la que nos encontramos. Aun así, no debe
haber cabida para el miedo. La democracia española no puede caer en la trampa
de las amenazas matonistas del independentismo catalán, siempre aireando la
posibilidad de la revuelta violenta y masiva contra las decisiones del Estado
de derecho. El expresidente Artur Mas ha recurrido de nuevo a tal estrategia
cuando, junto a la Audiencia Nacional, advertía ayer de que “cuanta más
gasolina y leña se eche al fuego, el fuego se hará mayor”. Son amenazas que
ahora se vuelven en contra de los acusados por cuanto apuntalan el posible
delito de rebelión del que se les acusa. Porque, como alega la juez Lamela,
puede haber delito de rebelión en la incitación a las manifestaciones de fuerza
y tumultuosas, como las del día 21 de septiembre. “Si hay buena voluntad y se
acepta la nueva realidad, no habrá colisión entre policías”, llegó a decir el consejero
de Interior Joaquim Forn tras el 1-O en unas declaraciones recogidas en el auto
judicial.
Nos aguardan tiempos difíciles en
los que conviene no dejarse arrastrar por la grosera dinámica que promueven
Puigdemont y los suyos. Una democracia que ha demostrado su madurez en esta
crisis no puede dejarse intimidar por las bravuconadas de unos políticos
dispuestos a hacer saltar por los aires el ordenamiento legal y menos todavía
por decisiones judiciales ajustadas a derecho, por muy inoportunas que parezcan
en un contexto de tanta tensión política.
También de esta tensión política
y social son responsables en exclusiva Carles Puigdemont y los suyos, que
desoyendo su destitución han desafiado al Estado desde el sábado actuando como
si estuvieran en funciones. El expresidentPuigdemont es, además,
doblemente responsable por cuanto la juez ha tenido en cuenta su cobarde y
ridícula fuga a Bélgica para decretar la prisión al resto en evitación de su
posible huida. El exconseller Santi Vila tuvo la lucidez de dimitir
para no verse involucrado en la declaración unilateral de independencia. De ahí
que reciba un trato diferenciado y se le haya impuesto fianza. Los demás
hubieran podido imitarle, dimitiendo o convocando elecciones, como se les
ofreció insistentemente. Pero prefirieron seguir adelante a sabiendas de la
gravedad de los delitos que cometían y así enfangarnos a todos en un agudo
problema político y penal que ahora la política deberá gestionar de la forma
más inteligente posible.
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