Isabel Pantoja, Cristina de Borbón y Rosalía Iglesias.
Los juzgados tratan de forma desigual a los cónyuges de los investigados
José Manuel Romero, 8 NOV 2014 - 17:53 CET
Los tribunales españoles han ofrecido soluciones jurídicas dispares a la hora de investigar y enjuiciar el papel de las parejas de los imputados en las tramas de corrupción.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo explica que para imputar a la persona que se beneficia de los fondos conseguidos por su cónyuge de manera ilícita es necesario que la primera conozca el origen delictivo de los mismos. Aunque el mismo Tribunal aclara: “Quien se pone en situación de ignorancia deliberada, es decir, no querer saber aquello que puede y debe conocerse, y sin embargo se beneficia de esta situación, está asumiendo y aceptando todas las posibilidades del origen del negocio en el que participa, y por lo tanto debe de responder de sus consecuencias”.
Cada tribunal establece, en función de los indicios acumulados durante la investigación, si la pareja del corrupto debe ser imputada por conocimiento directo o ignorancia deliberada; o no procede actuar contra ella porque no sabía genuinamente el origen de los fondos de los que disfrutaba. Aunque parezcan situaciones similares, las pruebas que aporta la investigación determina el fin judicial de las esposas de los corruptos.
» Isabel Pantoja, condenada por blanqueo de capitales. La cantante ha sido condenada a dos años de cárcel por colaborar con el blanqueo de capitales de su entonces compañero sentimental, el ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz. La ex cónyuge de éste, Mayte Zaldívar, también ha sido condenada a dos años y medio de prisión. Ninguna compartía sociedades mercantiles con Muñoz, pero le ayudaron a blanquear los fondos obtenidos de manera ilícita.
» Cristina de Borbón, imputada por delitos fiscales. La infanta Cristina era dueña del 50% de Aizoon, la sociedad que compartía con su esposo, Iñaki Urdangarin, imputado por blanqueo de capitales y ocho delitos más. La Audiencia Provincial de Palma ha resuelto que los indicios para actuar contra la Infanta por un supuesto blanqueo de capitales son insuficientes. Pero mantiene la imputación por delitos de la Hacienda Pública. Aizoon fue utilizada para pagar menos impuestos de los que correspondían a los distintos negocios de su marido. Cristina de Borbón “estaba contribuyendo con su participación en Aizoon a defraudar al fisco y además se benefició de ello”, según la Audiencia. La Infanta hizo gastos con tarjetas de crédito de Aizoon sin ninguna relación con la actividad de la empresa. La Fiscalía no se plantea presentar acusación contra ella, y la Agencia Tributaria se inclina también por no hacerlo.
» Mercé Gironés, esposa de Jordi Pujol Ferrusola. Las empresas registradas a su nombre, cuya propiedad compartía con su esposo, Jordi Pujol Ferrusola, recibieron durante al menos ocho años casi ocho millones de euros en distintos pagos de empresas contratistas de la Generalitat de Cataluña. El juez tiene indicios de la procedencia ilegal de este dinero y de la existencia de cuentas en el extranjero del matrimonio imputado. Está imputada por blanqueo y delitos contra la Hacienda Pública.
» Ana Mato: un supuesto cohecho impropio prescrito. La ministra de Sanidad estuvo casada con Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y ex dirigente nacional del PP, imputado en el caso Gürtel. La red empresarial que dirigía Francisco Correa, que se aprovechó de adjudicaciones amañadas a su favor desde el municipio que gobernaba Sepúlveda, regaló al matrimonio viajes al extranjero o pagó algunas fiestas de cumpleaños en casa de la pareja. El juez decidió no investigar los hechos porque estos se produjeron en 2002 y 2003 y cuando se descubrieron, en 2009, ya estaban prescritos. El fiscal lo escribió así: “El delito que en todo caso en este momento procesar podría imputársele sería el de cohecho impropio tipificado, (...) sancionado con una pena de tres a seis meses. Pena esta cuya prescripción es de tres años”.
» Rosalía Iglesias, de la ignorancia al falso testimonio. La esposa de Luis Bárcenas, ex tesorero nacional del PP, está imputada por blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública. En 2010, el juez que instruía entonces el caso, Antonio Pedreira, entendió que Rosalía Iglesias dependía económicamente de su marido y no llevaba el control de las cuentas familiares. "Carecía de conocimientos para liquidar los tributos y realizar las inversiones", escribió el juez en el auto que archivó la causa contra ella. En su declaración ante el juez, Iglesias declaró que no había visto juntos 150.000 euros en su vida. Sólo un año después de aquellos hechos, Hacienda destapó que Iglesias había ingresado 500.000 euros en billetes de 500 en una cuenta a su nombre en Caja Madrid. Iglesias, que volvió a ser imputada por este y otros hechos por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, no ha podido aún acreditar el origen de este dinero.
» Las esposas de imputados en Gürtel. Teresa Gabarra, mujer del ex consejero madrileño Alberto López Viejo, imputado por cobrar mordidas del 10% por cada acto institucional adjudicado a la red Gürtel, está imputada por blanqueo de capitales. El juez sostiene que a través de una cuenta que tenía abierta en Suiza ayudó a su marido a blanquear el dinero de las mordidas. Elena Samaniego, ex mujer de Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), está imputada también por blanqueo. Se benefició supuestamente a través de cuentas suizas de los fondos que su marido cobraba de la red corrupta por adjudicaciones amañadas.
La Ley establece que se entenderá por blanqueo de capitales “la adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes que procedan de alguna de las actividades delictivas o de participación en las mismas, para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en la actividad a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos, así como la ocultación o encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen, localización, disposición, movimientos o de la propiedad o derechos sobre los mismos, aún cuando las actividades que las generen se desarrollen en el territorio de otro Estado”.
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