Leo en El País anoche esta noticia sobre la Reproducción Asistida. España, un país donde el matrimonio entre parejas del mismo sexo es legal, ejemplo para muchos otros que deciden dar el paso a este respecto e igualar a todos ante la ley, de verdad, da un enorme paso atrás (¡qué casualidad! la derecha y la Iglesia en el Gobierno) excluyendo a lo que no sea "lo normal" para ellos, es decir mujeres solas y lesbianas (sigo sin entender a qué viene definir la identidad sexual para determinar si una mujer puede ser madre o no) no podrán contar con el programa de reproducción asistida pública.
Increíble pero cierto.
Excluidas lesbianas y mujeres solas de la reproducción
asistida pública
Sanidad propone a las autonomías que el único criterio sea el de la infertilidad.
Sanidad propone a las autonomías que el único criterio sea el de la infertilidad.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/07/18/actualidad/1374178125_262676.html
Los tratamientos de reproducción asistida (inseminación artificial,
fecundación in vitro…) estarán vetados a parejas de lesbianas y a
mujeres solas en la sanidad pública. La cartera común básica de servicios que
está definiendo el Ministerio de Sanidad los reserva solo para "parejas
integradas por un hombre y una mujer" y siempre que haya problemas de
fertilidad. Así lo recoge la propuesta que ha enviado el departamento de Ana
Mato a las comunidades autónomas, aunque después, de palabra, fuentes del
ministerio aseguraron que cualquier que sea estéril podrá acceder a estos
tratamientos. En Sanidad aseguran que detrás de esta acotación no hay motivos
ideológicos y que la medida se toma para “priorizar”. “Se atenderá estrictamente
a criterios terapéuticos y preventivos”.
La normativa actual establece —a través de un Real Decreto de 2006— que la
sanidad pública solo financia esta prestación cuando haya un diagnóstico de
esterilidad o una “indicación clínica establecida”. Es por esta vía por la que
algunas comunidades como Andalucía y Madrid (en determinados centros
hospitalarios), Baleares o País Vasco cubrían a las mujeres solas o a las
lesbianas; que quizá no fueran estériles pero que no podían engendrar una el
hijo de la otra. En otras regiones, donde la Administración se aferraba
textualmente a la necesidad de que hubiera ese diagnóstico de esterilidad, lo
tenían difícil para someterse a estos tratamientos.
Las comunidades que quieran ofrecer esta prestación a mujeres solas o
lesbianas —fuera de los criterios establecidos por la nueva cartera básica de
servicios— podrán seguir haciéndolo; pero solo si demuestran que tendrán
presupuesto suficiente para hacerlo. Algo que con la coyuntura económica actual
es cuando menos complicado.
La propuesta para la prestación de reproducción asistida a la que ha tenido
acceso EL PAÍS, que se presentará en el Consejo Interterritorial de Sanidad del
martes, establece que los tratamientos de reproducción asistida se aplicarán “a
las parejas” que cumplan, además, otros criterios: la mujer no puede ser mayor
de 40 años (para inseminación artificial con semen de la pareja, 38) y el hombre
de 50; y no pueden tener en común ningún hijo sano. Además, si algún miembro de
la pareja se esterilizó voluntariamente o tiene problemas para cumplir el
tratamiento por razones de salud o debido a su entorno social serán
excluidos.
Esto, tal y como figura en el documento enviado a las comunidades autónomas,
dejaría fuera también a las mujeres solas y a las lesbianas con problemas de
fertilidad, aunque el ministerio aseguran lo contrario. Esta afirmación
aparentemente contradice al último documento enviado a las autonomías. El texto
remitido por Sanidad a las regiones —y elaborado por el grupo de trabajo que
define la cartera básica de servicios— también define la esterilidad como la
“ausencia de consecución de embarazo tras 12 meses de relaciones sexuales con
coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos”. Este requisito obligaría a
las lesbianas a mantener relaciones sexuales con hombres. O a las que no tienen
pareja, a buscar una para concebir.
Atendiendo a criterios estrictamente de fertilidad o no, Isabel Gómez, vocal
de Igualdad de la Federación Estatal de Lesbianas Gais Bisexuales y Transexuales
(FELGTB), cree que se trata de una medida ideológica. “El Gobierno se está
amparando en una visión monolítica de lo que es una familia. Si Sanidad revisa
los criterios para la financiación de este servicio debería hacerlo para acotar
diferencias y limar discriminaciones. Parece que se está haciendo todo lo
contrario”, dice. Gómez está convencida de que la exclusión de las parejas de
lesbianas o de las mujeres solas obedece a la idea “que tiene el Gobierno de la
familia: la formada por un hombre y una mujer”.
La vocal de la FELGTB cree, además, que el argumento de la infertilidad es
una mera excusa. “Efectivamente, podemos ser fértiles, pero nuestra forma de
vida no nos permite hacer un apareamiento en pareja. Nosotros queremos tener
hijos para quererlos, amarlos, cuidarlos y hacerlos personas competentes; no
podemos atender a ese sesgo que no contempla todos los tipos de familias que
hay”, expone.
El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén Gerardo
Ruiz Rico cree que los criterios de inclusión en la prestación pública recogidos
en el texto son discriminatorios. “Se está haciendo una interpretación
restringida de la legislación. Establece una serie de condicionamientos que
vuelven a la definición de pareja como la formada por hombre y mujer; y eso no
sería conforme con la doctrina del Tribunal Constitucional, que ha avalado el
matrimonio entre personas del mismo sexo”, incide. Ruiz Rico también tiene dudas
sobre la constitucionalidad de establecer como criterio de acceso solo la
infertilidad. “Es un obstáculo cuyo resultado puede ser discriminatorio al final
para las mujeres solas o las lesbianas y supone un veto insalvable que impedirá
que se beneficien de los tratamientos”, apunta.
Mariluz Vázquez, miembro de la Asociación
de Madres Solteras por Elección, también cree que la propuesta de Sanidad es
injusta. “Lo nuestro, como mujeres solas, desde fuera se ve como un capricho; en
cambio, para el resto formar una familia se contempla como una necesidad. Y todo
pivota sobre esa idea”, reclama. Vázquez explica que actualmente la mayoría de
las mujeres en su situación deciden acudir a las clínicas privadas —centros que
hacen gran parte de los más de 54.000 tratamientos de fertilidad que se realizan
al año en España— por las trabas que en muchas regiones les ponen en la sanidad
pública. Los criterios son tan dispares que dentro de una misma región algunos
centros atienden a mujeres solas y otros no. “Depende del equipo médico”,
aclara.
La reproducción asistida siempre ha sido una de las prestaciones más
desiguales del sistema nacional de salud. Las larguísimas listas de espera —en
algunos casos más de dos años para acceder a la primera consulta— y las
diferencias de tiempo de atención y de criterios de acceso entre
Administraciones han sido constantes durante años. Tanto que el Defensor del
Pueblo y el Consejo Económico y Social han pedido explicaciones varias veces a
las autonomías. La propuesta de Sanidad, que debe terminar con estas
inequidades, había sido largamente esperada. Sin embargo, sostiene el embriólogo
José Antonio Castilla, secretario general de la Sociedad Española de Fertilidad,
se está unificando a la baja. “Excluir del servicio a las mujeres solas o a las
parejas de lesbianas es una acotación. Entiendo que haya que acotar, pero
estamos excluyendo a un colectivo sin ninguna razón médica para ello. Un
colectivo, además que da resultados de alto rendimiento en estos tratamientos”,
expone.
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