▬
¡Por fin!
Se abre una oportunidad para que el Partido Popular, fundamental en la vertebración política y social de nuestro país, se retracte de sus errores pasados y se sume a una mayoría social que defiende la igualdad.
Agustín López Lozano y Antonio Arroyo Gil 6 NOV 2012 - 19:25 CET
Sí, por fin, tras más de siete años de espera, el Tribunal Constitucional ha resuelto el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 72 diputados del Grupo Parlamentario Popular contra la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. Y lo ha hecho como esperábamos. Como era de esperar. La ley es perfectamente constitucional, según el Alto Tribunal.
A nadie le puede sorprender. Todas y todos los que no estaban cegados por una ideología radicalmente retrógrada, contaminados por el irracional odio al diferente, obnubilados por sus propias creencias fanáticas lo sabían. Lo sabíamos desde los colectivos y asociaciones de defensa de la dignidad de los derechos de las lesbianas, gais, transexuales y bisexuales. Lo sabían –y así nos lo dijeron- más de cien catedráticos y profesores de Derecho constitucional de Universidades de toda España, a raíz de una campaña emprendida por el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM). Lo sabían la mayor parte de los partidos políticos de todo el espectro nacional; los sindicatos, la sociedad civil organizada en su mayoría. Lo sabía, y así nos lo ha demostrado durante todos estos años de incruenta espera, la mayor parte de la ciudadanía, que ha aceptado con absoluta normalidad el reconocimiento de este derecho a contraer matrimonio entre personas del mismo sexo.
Y ahora, satisfechos por el trabajo realizado durante todo este tiempo, comprobamos que lo sabe también, de manera clara, el Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución, el principal garante de los derechos fundamentales que a todos, todas y todos, reconoce nuestra Norma Fundamental. Y la noticia nos llena de alegría.
Alegría que, imaginamos, será directamente proporcional a la ira, rabia u odio (otra vez, el odio) que experimentarán quienes son víctimas de su ceguera, su fanatismo, su profunda incomprensión de la época que les ha correspondido vivir, en la que la diversidad, más que un deseo, constituye una realidad insoslayable. Una hermosa e insoslayable realidad.
Se abre, sin embargo, una nueva oportunidad para que el Partido Popular, un partido político fundamental en la vertebración política y social de nuestro país, se retracte de sus errores pasados y se sume a una mayoría social que defiende nuestra igualdad y nuestros derechos. En sus manos está, sobre todo, ahora que sustenta al Gobierno del Estado, así como al de muchas Comunidades autónomas y Ayuntamientos, poniendo en práctica políticas públicas orientadas a hacer que la igualdad formal de las lesbianas, gais, transexuales y bisexuales, a la que tanto se opuso, se convierta en igualdad real, fundamentalmente, en aquellos ámbitos en los que todavía queda tanto por avanzar: educación, sanidad, relaciones laborales, deporte, etc.
Hoy es el fin de una etapa y el comienzo de otra. Con esta sentencia del Tribunal Constitucional ponemos fin a una etapa marcada por la incertidumbre, por el temor a que esa espada de Damocles que constituía el recurso de inconstitucionalidad acabara cayendo sobre nuestras cabezas, segando tantas ilusiones, frustrando tantos proyectos vitales, aniquilando nuestra dignidad. Felizmente, la razón y la cordura se han impuesto. Damos por bien empleado nuestro trabajo en pos de la igualdad formal, aun a sabiendas de que aún quedan reivindicaciones claves para nuestro colectivo pendientes, entre las que destaca sobremanera la despatologización de la transexualidad, por las que seguiremos peleando.
Y a partir de ahora comenzamos, o, mejor, le damos un nuevo impulso a aquello por lo que no cejaremos de luchar ni un solo día: que la igualdad legal, con tanto esfuerzo conseguida, se convierta en igualdad real. Para que no haya ni un solo adolescente o joven LGTB que piense en el suicidio porque sufre acoso escolar por su orientación sexual o identidad de género. Para que no haya ni una sola lesbiana, gay, transexual o bisexual que tenga que ocultarse por temor a la discriminación de que pueda ser objeto en su lugar de trabajo, en su lugar de residencia, en la vía pública. Para que ser lesbiana, gay, transexual o bisexual no signifique nada diferente a ser heterosexual. Mientras no consigamos esto, no pararemos.
Agustín López Lozano y Antonio Arroyo Gil son presidente y coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de COGAM, respectivamente.
▬
El matrimonio gay es constitucional
El Tribunal avala la Ley aprobada por el Gobierno de Zapatero y recurrida por el PP de Rajoy. Ocho magistrados, uno de ellos conservador, respaldan la norma. Más de 22.000 parejas se han casado desde su entrada en vigor.
El País Madrid 6 NOV 2012 - 20:10 CET
La Ley aprobada en 2005 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero que permite el matrimonio entre homosexuales es plenamente constitucional, según ha resuelto esta tarde el pleno del Tribunal, reunido para resolver el recurso contra esta norma que presentó hace siete años el PP de Mariano Rajoy.
La decisión ha sido adoptada por ocho magistrados (siete progresistas y un conservador, Francisco Pérez de los Cobos) frente a tres, todos ellos elegidos a propuesta del PP, que han emitido cada uno de ellos un voto particular. Así, una mayoría absoluta del pleno, compuesto por 11 de los 12 magistrados que integran el Tribunal Constitucional, avaló la norma. Francisco Hernando, elegido a propuesta del PP, se ha abstenido de intervenir por haber tomado decisiones sobre esa Ley en su anterior cargo de presidente del Consejo General del Poder Judicial.
La sentencia consolida y blinda una Ley que ha permitido hasta ahora a más de 22.000 parejas contraer matrimonio. Doce países del mundo tienen reconocido este derecho; España fue uno de los primeros en recogerlo en su legislación básica.
El Partido Popular, a través del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha dado a entender que pese a haber recurrido la Ley por entender que es inconstitucional no la modificará ahora pese a contar con mayoría absoluta en el Congreso para hacerlo. El partido que gobierna en España aceptaría así una situación de la que se han beneficiado muchos militantes y simpatizantes del PP y que ha motivado que algunos dirigentes significativos de esta formación política censurarán en público el hecho de la presentación del recurso de inconstitucionalidad.
El PP entendía en 2005 que la Ley socialista, que situaba a España en la vanguardia legislativa de todo el mundo en esa materia, modificaba “la concepción secular, constitucional y legal del matrimonio como unión de un hombre y una mujer”. “Con toda seguridad”, señalaba el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP, “se trata de una de las modificaciones legislativas de más honda trascendencia y repercusiones para la sociedad española”.
Los dirigentes populares que redactaron el recurso consideraban que el legislador socialista modificaba de raíz la idea del matrimonio y con ello “todo un conjunto normativo que partía de la consideración del matrimonio como unión de hombre y mujer”. El Gobierno socialista había introducido un párrafo en el artículo 44 del Código Civil donde señalaba que “el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”.
El PP defendió que la nueva Ley daba a la palabra “matrimonio” un significado distinto “al que ha tenido siempre”. “El legislador está alterando con dos líneas de una ley ordinaria no sólo los elementos definitorios básicos de una institución fundamental en nuestra estructura social, sino todo el conjunto normativo construido durante siglos alrededor de la misma. Conjunto normativo que tiene hoy además su cabecera en el artículo 32 de la Constitución [que señala “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”], destacaba el recurso del PP. Los populares pedían que la Ley se declarase inconstitucional al considerar que vulneraba ese artículo 32 de la Constitución “por no respetar la definición constitucional del matrimonio como unión de un hombre y una mujer y no respetar la garantía institucional del matrimonio reconocida por la Constitución”.
El PP prefería amparar legalmente la unión de parejas homosexuales sin darle el nombre de matrimonio para “no generar confrontación social”. Pero la única confrontación social conocida hasta ahora, la única protesta masiva que ha habido en la calle desde la aprobación de la Ley por el Gobierno socialista en 2005 ha sido la de miles de ciudadanos que protestaron contra el recurso del PP y exigieron a Rajoy que lo retirara.
El abogado del Estado entendió, a diferencia de lo que argumentaba el PP, que la Constitución “no contiene un concepto de matrimonio” sino “que se limita a reconocer el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio en plena igualdad jurídica, con la evidente finalidad de consagrar la plena igualdad de la mujer en el matrimonio, rompiendo así con una tradición secular”. El abogado del Estado interpretaba que el artículo 32 de la Constitución “no prohíbe el matrimonio entre personas del mixmo sexo, simplemente no se refiere a él”.
Algunos jueces conservadores iniciaron a finales de 2005 una campaña contra la Ley presentando cuestiones de inconstitucional y bloqueando en el registro civil los expedientes de parejas homosexuales que intentaban contraer matrimonio. Por ocho votos a cuatro, el Constitucional desestimó las cuestiones planteadas por entender que los jueces encargados del registro civil no tenían potestad para cuestionar la ley de las bodas entre homosexuales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario