Si les quedaba alguna duda de los cambios que iba a tener España después de esta supermayoría absoluta del PP en las últimas elecciones, y después de los últimos recortes, las rebajas en Educación o en Sanidad, nos llega meter mano a la tristemente famosa asignatura "Educación para la ciudadanía", con nuevos contenidos a dictado de la Iglesia Católica, o la subida del listón para que a las pobres familias que lo necesitan no les llegue el nivel "mínimo" para acogerse a la Ley de Dependencia. Todo esto aderezado con unas gotas de obispos homófobos. En fin, ésta, mi querida España, esta España mía, esta España nuestra, esta España viva, esta España muerta...
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Wert da un giro ideológico a Educación para la Ciudadanía
El nuevo temario elude la homofobia o las desigualdades. Incorpora la iniciativa privada y la propiedad intelectual. Denuncia el “nacionalismo excluyente”.
J. A. Aunión / Pilar Álvarez Madrid 18 MAY 2012 - 22:35 CET
El objetivo es eliminar las “cuestiones controvertidas y susceptibles de adoctrinamiento ideológico” de la asignatura más polémica de las tres últimas legislaturas: Educación para la Ciudadanía. En la práctica esto implicará menos contenidos sobre los conflictos sociales y las desigualdades, obviar las escasas referencias a la homosexualidad, e incorporar como nuevos temas la defensa de la iniciativa privada y la crítica del “nacionalismo excluyente”.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, había anunciado nada más llegar al cargo que transformaría la asignatura, que rebautizará como Educación Cívica y Constitucional. La Conferencia Episcopal Española, que ha encabezado la oposición contra la materia desde su implantación en 2006, aplaudió su intervención a la espera de concreciones. El próximo jueves, el Ministerio de Educación propondrá los nuevos contenidos de la asignatura de Ciudadanía que se cursa en 2º o 3º de ESO, dependiendo de la comunidad. La propuesta, a cuyo contenido ha tenido acceso EL PAÍS, elimina la única mención del decreto 1631/2006 a la homosexualidad, uno de los puntos más conflictivos para los opositores a la asignatura y los obispos —se hacía referencia al rechazo a la homofobia—. Borra cuestiones que aluden, de forma más o menos directa, a conflictos o tensiones sociales —como las “actividades sociales que contribuyan a posibilitar una sociedad justa y solidaria”—. E incluye otros conceptos, como nacionalismos excluyentes, terrorismo, el papel de la iniciativa económica privada “en la generación de la riqueza” o el respeto a la propiedad intelectual. En general, el nuevo diseño hace más hincapié en el respeto a los límites legales y constitucionales a los que se han de atener los ciudadanos. En muchos casos, se sustituyen simplemente los contenidos anteriores por referencias mucho más genéricas. “Ninguno de los puntos que se proponen eliminar fueron objeto de controversia durante la negociación de los contenidos de la materia”, en 2006, en la que estuvo presente la patronal de los colegios católicos, asegura el entonces secretario general de Educación, Alejandro Tiana. Sí lo fueron después.
La polémica en torno a esta materia, que los alumnos estudian en clases de una hora semanal, arrancó con mucha fuerza tras su implantación y se fue diluyendo con los años. En 2009 había 114 objetores de conciencia de 800.000 estudiantes, según el último recuento realizado por este periódico. En esa misma fecha, el Tribunal Supremo concluyó, tras centenares de causas judiciales y sentencias dispares en los tribunales autonómicos, que no se puede objetar a esta materia obligatoria, aunque pidió que se controlara el contenido de los manuales.
Entonces, las asociaciones de objetores reclamaron diálogo al Gobierno socialista para consensuar unos contenidos en los que debían quedar fuera las referencias a la moral, la afectividad o rechazo a la discriminación de los homosexuales. De hecho, citaban textualmente algún epígrafe que ahora el ministerio propone eliminar, como el que se refiere al racismo, la xenofobia y la homofobia.
El ministerio anunció en enero que intentaría aplicar los cambios “lo antes posible”, en referencia al curso que viene, por lo que ahora se cambiarán los contenidos y el año próximo, el nombre (para esto hace falta cambiar la ley orgánica). Estos son los principales giros de la nueva Educación Cívica y Constitucional en la ESO:
Homosexualidad. Elude la referencia a los afectos y las emociones o a las relaciones entre hombres y mujeres. Borra un párrafo completo sobre el aprendizaje de “la valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos”. La alternativa se centra en “la familia en el marco de la Constitución Española”, la noción de la ciudadanía o “los criterios jurídicos de adquisición de la nacionalidad española”.
Desigualdades. Educación para la Ciudadanía se concibió, entre otros aspectos, para enseñar a los alumnos a argumentar opiniones y juicios de forma razonada “con una actitud de compromiso” para mejorar la realidad. Este entrecomillado se elimina, igual que el que entendía los derechos y deberes humanos “como conquistas históricas inacabadas”. También desaparece la referencia a la “compensación de las desigualdades” o “el rechazo de las discriminaciones provocadas por las desigualdades personales, económicas o sociales”. Frente a ellas, se propone una visión más institucional y genérica, con epígrafes como “el deber de transparencia en la gestión pública”, “el Parlamento”, “las elecciones” o “la opinión pública”. Elimina la referencia a “riqueza y pobreza” o “la falta de acceso a la educación como fuente de pobreza”.
Terrorismo y nacionalismo excluyente. Los alumnos ya no centrarán su aprendizaje en la existencia de un “mundo desigual”, sino que abordarán conflictos del mundo: terrorismo, fanatismo religioso, estados fallidos o los “nacionalismos excluyentes”.
Economía. El bloque que estudia las sociedades democráticas del siglo XXI incluye un epígrafe nuevo sobre “la dimensión económica de la sociedad humana”. Alude a las libertades políticas y económicas y al papel “de la iniciativa económica privada en la generación de la riqueza y el fomento del espíritu emprendedor”.
Propiedad intelectual. Tras la polémica por la llamada Ley Sinde, cuyo reglamento vio la luz con el PP, el temario incluye el concepto de “respeto a la propiedad intelectual”, además de otras propuestas como la gestión de desechos, preservación del patrimonio, la contaminación acústica o los deberes hacia la naturaleza y el medioambiente.
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Rouco sale en defensa del obispo de Alcalá tras sus declaraciones homófobas
La archidiócesis de Madrid rechaza el veto del Ayuntamiento a Reig y subraya que nadie puede impedir que se enseñen los contenidos de la doctrina católica.
El País / Agencias Madrid 18 MAY 2012 - 21:43 CET
El cardenal arzobispo de Madrid Antonio María Rouco y los demás obispos de la provincia han alzado hoy su voz para defender al obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig, y calificar de "lamentables injerencias" las mociones de censura promovidas en algunas localidades madrileñas, entre ellas la propia Alcalá de Henares, para reprobar la actitud y las declaraciones homófobas del prelado.
En un comunicado, la archidiócesis de Madrid expresa su "cercanía fraternal" con Reig y subraya que "ninguna institución humana está legitimada para juzgar y, menos aún, impedir que se enseñen los contenidos de la doctrina católica". "Cuando tal juicio e intento de conculcar la libertad religiosa procede formalmente de una institución política, se produce una triste e intolerable violación de los derechos humanos y del principio de separación Iglesia-Estado", añade.
Tras detallar que el obispo se limitó a predicar la fe y la moral católica, el comunicado acaba invitando "a todos los católicos a orar por la libertad religiosa y los demás derechos humanos en España", por el obispo Reig "y por todos aquellos que -sin juzgar su intención- lo persiguen por causa de la justicia".
Hace unos días, el Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares vetó a Reig Plà en los actos municipales de carácter oficial, al entender que sus declaraciones perjudican la imagen de la ciudad. El consistorio también pidió el traslado de Reig Plà, que arremetió en su homilía del pasado Viernes Santo, emitida en directo por La 2 de TVE, contra la homosexualidad y el aborto, llegando a declarar ante las cámaras de televisión: "Piensan desde niños que tienen atracción hacia personas de su mismo sexo y, a veces, para comprobarlo se corrompen y se prostituyen o van a clubs de hombres nocturnos. Os aseguro que encuentran el infierno". La moción, que presentaron por los socialistas, fue rechazada por el Partido Popular, que controla el Gobierno local, y los ultraderechistas de la formación España 2000.
Tras conocer la reprobación del Ayuntamiento, el obispado de Alcalá emitió un comunicado para recordar "la inviolabilidad del derecho humano fundamental a la libertad religiosa" y pedir el rezo “por los que persiguen a la Iglesia católica”. En su nota de hoy, la archidiócesis de Madrid "se adhiere plenamente" a esta idea.
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El Obispo de Alcalá de Henares arremete contra los gais
Juan Antonio Reig Pla asocia homosexualidad y prostitución en su homilía retransmitida por TVE. La Federación de Gais y Lesbianas acusa al sacerdote de avivar la homofobia. "Cada año hay adolescentes que llegan a quitarse la vida por la homofobia", recuerda la entidad.
M. R. S. Madrid 7 ABR 2012 - 15:32 CET
M. R. S. Madrid 7 ABR 2012 - 15:32 CET
Juan Antonio Reig Pla, Obispo de Alcalá de Henares, ha vuelto a arremeter contra los homosexuales y contra el aborto. Esta vez ha sido en su intervención el oficio de Viernes Santo, emitida ayer en directo por La 2 de Televisión Española. Una homilía en que asoció homosexualidad con prostitución y con determinadas ideologías que “corrompen a las personas”. “Quisiera decir una palabra a aquellas personas que hoy, llevados por tantas ideologías, acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad human, piensan ya desde niños que tienen atracción hacia las parejas del mismo sexo”, dijo. “Y a veces para comprobarlo se corrompen y se prostituyen. O van a clubes de hombres. Os aseguro que encuentran en infierno”, proclamó.
Reig Pla, que también preside la subcomisión episcopal de Pastoral Familiar y Defensa de la Vida, habló también sobre el aborto en su homilía en uno de los actos centrales de la Semana Santa. “Una jovencita, o una mujer, que está embarazada y que lleva una preocupación enorme por las razones que sean”, dijo. “Es seducida y es tentada”, advirtió. “Y cuando va a abortar a una clínica sale destruida. Porque ha destruido una vida inocente y se ha destruido a sí misma”, dijo ayer. “Mujeres que han ido a abortar llevan el sufrimiento en su corazón y muchas de ellas no pueden dormir porque el pecado lleva siempre la destrucción de la persona”, proclamó.
La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (Felgtb) ha acusado a Reig Pla de fomentar la homofobia. Su presidenta, Boti García, ha considerado que sus palabras "incitan al desprecio y al odio hacia las personas homosexuales y las mujeres". García también subrayó que la homofobia genera un profundo sufrimiento social, y que todos los años hay adolescentes que "llegan a quitarse la vida por no poder soportar la exclusión".
La entidad defensora de la libertad sexual y de género no ha dejado de lado la supuesta responsabilidad de base de la televisión pública. "No debe retransmitirse una ceremonia de una confesión religiosa", ha dicho Boti García, que espera que RTVE retire de su página web "este vídeo humillante, mentiroso y peligroso".
La Confederación Española de Asociaciones de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (Colegas) también ha pedido "respeto a la dignidad de los homosexuales", tras lo que considera "exaltaciones homófobas" del obispo.
El obispo de Alcalá de Henares ha hecho otras veces declaraciones polémicas y radicalmente conservadoras y es conocido por sus críticas al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al que ha llegado a acusar de crear una sociedad “enferma”. En 2011 autorizó en la web de su diócesis la publicación de una guía en la que daba pautas a los homosexuales que quisieran “un cambio”. Tienen “esperanza” de “transformar sus vidas”, decía el documento.
O como cuando en 2010 afirmó que los matrimonios católicos "son menos dados a la violencia de género que las parejas de hecho". Un año antes, en 2009, Reig Pla había oficiado la misa anual “por los caídos en Paracuellos” con la bandera preconstitucional a su lado, oscilando en el altar. Un hecho que desencadenó una lluvia de críticas y que le obligó días más tarde a pedir disculpas. En esa ocasión el obispo aseguró que su intención no había sido “ofender a nadie” y que la bandera ya estaba allí cuando inició la misa.
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El Gobierno estudia subir la ‘nota de corte’ para acceder a la dependencia
El Imserso y las autonomías debaten medidas de ahorro. Habrá menos tramos según la gravedad. Las distintas ayudas dejarán de ser compatibles.
Carmen Morán Madrid 18 MAY 2012 - 22:35 CET
Como ya ha ocurrido con las becas de los estudiantes, el Gobierno planea ahora endurecer el acceso de los dependientes a una ayuda elevando los puntos de corte que se necesitan para ello. Si antes bastaban 25 (en una escala del 1 al 100) para ser considerado persona dependiente, ahora ese nivel probablemente se eleve. ¿Hasta dónde? No se ha concretado, pero en los grupos de trabajo organizados por el Imserso e integrados por representantes de las comunidades así se ha propuesto.
Fueron las comunidades de Murcia y Galicia las que se encargaron de proponer esta medida. Y así la pudieron escuchar todos los directores generales de la Dependencia reunidos este jueves y vienes en Toledo. Murcia ha llegado a proponer que el corte esté en los 65 puntos. Eso dejaría fuera a más de la mitad de los dependientes que hasta ahora entran al sistema. Desde luego a los de grado moderado (de 25 a 49 puntos), pero también a muchos de los de grado severo. Prácticamente quedarían solo los grandes dependientes. Pero en la reunión no se concretó finalmente una cifra. En todo caso, las comunidades no tienen capacidad económica para que les exijan grandes milagros, así que cualquier recorte en esta ley puede aliviar su carga a menos que reciban financiación extra, justo lo contrario que ha ocurrido con los Presupuestos Generales del Estado, donde se ha caído una partida entera de 283 millones.
En la reunión del jueves y este viernes por la mañana, a la que acudieron los directores generales sin un solo documento por escrito —se presentó como una jornada de reflexión—, se planteó también impedir que una persona con discapacidad perciba más de una ayuda de las previstas por la ley. En muchas comunidades son compatibles varias prestaciones, por ejemplo, unas horas de ayuda a domicilio y la estancia en un centro de día. La previsión es que esto deje de ocurrir salvo con la teleasistencia, que seguirá siendo compatible con todo. La teleasistencia no es más que un dispositivo electrónico para pedir socorro si el anciano que vive solo sufre algún percance. En principio puede parecer lógico que quien tiene una ayuda no reciba otra, pero las situaciones son complejas. En un matrimonio de ancianos, uno de ellos puede ir a un centro de día pero, a la vez, necesitar ayuda para levantarse, subir al autobús y acostarse, apoyo que la mujer o el marido, también anciano, no puede prestarle. En situaciones así, el centro de día se complementaba con alguna hora de ayuda a domicilio. Esto va camino de desaparecer.
En la reunión también se planteó la eliminación de los dos niveles que acompañan a cada grado de dependencia, que detallan la gravedad del caso. Administrativamente es engorroso y también tiene sus costes, porque son muchas las revisiones que piden los ciudadanos para cambiar el nivel de dependencia otorgado en un principio. Aunque no es de extrañar que una persona dependiente de mucha edad empeore y pase al siguiente escalón de gravedad. Eliminar los niveles alivia de burocracia una ley de por sí compleja, pero puede ser la puerta para dejar fuera del sistema a muchos dependientes moderados y colocar en un grado de dependencia inferior a otros que antes fueron calificados más graves. Eso supone un ahorro porque el dinero que destinan, tanto el Gobierno como las comunidades, por cada beneficiario depende de su grado de dependencia. El problema, precisamente, estriba en cómo se pagará a partir de esa modificación. ¿Se hará una media entre lo que se recibía por cada uno de los dos niveles en que se dividía el grado? Y, lo que es más importante, ¿se revisará lo que cobran aquellos que ya están siendo atendidos? Todo esto se discutió ayer en la reunión, pero no se concretaron estos extremos.
En el encuentro, calificado de informal, que encabezó el director del Imserso, César Antón, los directores generales tuvieron la oportunidad de ver unas diapositivas con los planes del Gobierno, ya anunciados por la ministra de Sanidad y Política Social, Ana Mato. Tratan, entre otras cosas, de modificar la financiación para primar a aquellas comunidades que opten por la prestación de servicios en lugar de ayudas económicas, definir criterios comunes de renta y patrimonio para calcular el copago de los beneficiarios, que actualmente es muy dispar entre regiones. Fijar las intensidades de los servicios que se prestan, por ejemplo las horas mínimas de ayuda a domicilio, y establecer un mayor control sobre los cuidadores no profesionales, es decir, los familiares que atienden a los ancianos en casa, algunas veces tan ancianos como los atendidos.
La reunión, celebrada en Toledo, vivió algún momento tenso cuando los afectados por las medidas que se han tomado recientemente en esta comunidad en dependencia abuchearon al director general castellano-manchego, quien también les contestó. Fue la tarde del jueves, a la llegada de todos a la reunión.
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