La Revolución mexicana fue un conflicto armado, iniciado el 20 de noviembre de 1910 con un levantamiento encabezado por Francisco I. Madero contra el presidente Porfirio Díaz. Se caracterizó por varios movimientos socialistas, liberales, anarquistas, populistas y agrarios. Aunque en principio era una lucha contra el orden establecido, con el tiempo se transformó en una guerra civil; suele ser considerada como el acontecimiento político y social más importante del siglo XX en México.
Los antecedentes del conflicto se refieren a la situación de México bajo el Porfiriato. Desde 1876 el general oaxaqueño Porfirio Díaz encabezó el ejercicio del poder en el país de manera dictatorial. La situación se prolongó por 33 años, durante los cuales México experimentó un notable crecimiento económico y estabilidad política. Estos logros se realizaron con altos costos económicos y sociales, que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política al régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional, que reflejaban el creciente descontento de algunos sectores con el Porfiriato.
Cuando Díaz aseguró en una entrevista que se retiraría al finalizar su mandato sin buscar la reelección, la situación política comenzó a agitarse. La oposición al gobierno cobró relevancia ante la postura manifestada por Díaz. En ese contexto, Francisco I. Madero realizó diversas giras en el país con miras a formar un partido político que eligiera a sus candidatos en una asamblea nacional y compitiera en las elecciones. Díaz lanzó una nueva candidatura a la presidencia y Madero fue arrestado en San Luis Potosí por sedición. Durante su estancia en la cárcel se llevaron a cabo las elecciones que dieron el triunfo a Díaz.
Madero logró escapar de la prisión estatal y huyó a los Estados Unidos. Desde San Antonio proclamó el Plan de San Luis, que llamaba a tomar las armas contra el gobierno de Díaz el 20 de noviembre de 1910. El conflicto armado tuvo lugar en primera instancia al norte del país y posteriormente se expandió a otras partes del territorio nacional. Una vez que los sublevados ocuparon Ciudad Juárez (Chihuahua), Porfirio Díaz presentó su renuncia y se exilió en Francia.
En 1911 se realizaron nuevas elecciones donde resultó electo Madero. Desde el comienzo de su mandato tuvo diferencias con otros líderes revolucionarios, que provocaron el levantamiento de Emiliano Zapata y Pascual Orozco contra el gobierno maderista. En 1913 un movimiento contrarrevolucionario, encabezado por Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta, dio un golpe de Estado. El levantamiento militar, conocido como Decena Trágica, terminó con el asesinato de Madero, su hermano Gustavo y el vicepresidente Pino Suárez. Huerta asumió la presidencia, lo que ocasionó la reacción de varios jefes revolucionarios como Venustiano Carranza y Francisco Villa. Tras poco más de un año de lucha, y después de la ocupación estadounidense de Veracruz, Huerta renunció a la presidencia y huyó del país.
A partir de ese suceso se profundizaron las diferencias entre las facciones que habían luchado contra Huerta, lo que desencadenó nuevos conflictos. Carranza, jefe de la Revolución de acuerdo con el Plan de Guadalupe, convocó a todas las fuerzas a la Convención de Aguascalientes para nombrar un líder único. En esa reunión Eulalio Gutiérrez fue designado presidente del país, pero las hostilidades reiniciaron cuando Carranza desconoció el acuerdo. Después de derrotar a la Convención, los constitucionalistas pudieron iniciar trabajos para la redacción de una nueva constitución y llevar a Carranza a la presidencia en 1917. La lucha entre facciones estaba lejos de concluir. En el reacomodo de las fuerzas fueron asesinados los principales jefes revolucionarios: Zapata en 1919, Carranza en 1920, Villa en 1923, y Obregón en 1928.
Actualmente no existe un consenso sobre cuándo terminó el proceso revolucionario. Algunas fuentes lo sitúan en el año de 1917, con la proclamación de la Constitución mexicana, algunas otras en 1920 con la presidencia de Adolfo de la Huerta o 1924 con la de Plutarco Elías Calles. Incluso hay algunas que aseguran que el proceso se extendió hasta los años 1940.
Porfirio Díaz, un mestizo oaxaqueño que se destacó en los ejércitos liberales combatiendo contra grupos conservadores y que participó en la Intervención Francesa, había asumido la presidencia desde 1876 tras el triunfo de la rebelión de Tuxtepec, y para el final de su séptimo mandato, en 1910, había mantenido una dictadura de 34 años. Durante los últimos años de su gobierno Díaz gozó de poca credibilidad y sus opositores se iban incrementando debido a que se padecieron diversas crisis simultáneas en todos los ámbitos: social, político, económico y cultural.
Durante la Colonia muchos pueblos pudieron conservar algunas propiedades comunales, llamadas de forma genérica «ejidos». La Ley Lerdo de 1856 declaró baldías las propiedades corporativas, particularmente las de la Iglesia y las comunidades indígenas. Entre 1889 y 1890 el gobierno de Díaz dispuso que las tierras comunales se hicieran parcelables. Los nuevos propietarios, no acostumbrados a la propiedad privada, fueron estafados por particulares o funcionarios. Como resultado mucha de la población indígena se vio sin posesión de tierras y tuvo que emplearse en las haciendas cercanas. Otra serie de leyes de deslinde de los años 1863, 1883 y 1894, en las que una parcela sin su respectivo título podía considerarse como terreno baldío, propició que aquellos que tuvieran los recursos necesarios se hicieran con grandes porciones de tierra. Para 1910 menos del 1% de las familias en México poseían o controlaban cerca del 85% de las tierras cultivables. Los pueblos, donde se albergaba el 51% de la población rural, contaban con tan sólo pequeñas porciones de tierra y la mayor parte de ella dependían de las haciendas vecinas. Además, las leyes y la situación nacional favorecía a los hacendados, pues eran los únicos con acceso a créditos y a proyectos de irrigación por ejemplo. Por su parte, los pequeños pueblos y agricultores independientes se veían obligados a pagar altísimos impuestos. Esta situación afectó grandemente a la economía agrícola, pues las haciendas tenían grandes porciones sin cultivar y eran menos productivas que las propiedades menores.
Otra de las repercusiones del deslinde de tierras y el fraccionamiento de las tierras comunales indígenas fue que algunos de ellos se rebelaron contra el gobierno. Los conflictos, que tuvieron lugar a finales del siglo XIX y principios del XX, fueron protagonizados por mayas, tzotziles, coras, huicholes y rarámuris, entre otros. Los conflictos más duraderos fueron los ocurridos en Yucatán, Quintana Roo y Sonora. Ante dichos grupos se tomó un política de deportación, Yucatán y Quintana Roo fueron los principales destinos. En el norte el gobierno de Díaz tomó contra los yaquis una política de violenta represión y deportación hacia el sur del país. El momento cumbre contra este grupo tuvo lugar en 1908, momento para el cual entre un cuarto y la mitad de su población había sido enviada a las plantaciones de henequén en Yucatán. A la postre, estos grupos étnicos habrían de colaborar con las fuerzas revolucionarias.
Durante la Colonia muchos pueblos pudieron conservar algunas propiedades comunales, llamadas de forma genérica «ejidos». La Ley Lerdo de 1856 declaró baldías las propiedades corporativas, particularmente las de la Iglesia y las comunidades indígenas. Entre 1889 y 1890 el gobierno de Díaz dispuso que las tierras comunales se hicieran parcelables. Los nuevos propietarios, no acostumbrados a la propiedad privada, fueron estafados por particulares o funcionarios. Como resultado mucha de la población indígena se vio sin posesión de tierras y tuvo que emplearse en las haciendas cercanas. Otra serie de leyes de deslinde de los años 1863, 1883 y 1894, en las que una parcela sin su respectivo título podía considerarse como terreno baldío, propició que aquellos que tuvieran los recursos necesarios se hicieran con grandes porciones de tierra. Para 1910 menos del 1% de las familias en México poseían o controlaban cerca del 85% de las tierras cultivables. Los pueblos, donde se albergaba el 51% de la población rural, contaban con tan sólo pequeñas porciones de tierra y la mayor parte de ella dependían de las haciendas vecinas. Además, las leyes y la situación nacional favorecía a los hacendados, pues eran los únicos con acceso a créditos y a proyectos de irrigación por ejemplo. Por su parte, los pequeños pueblos y agricultores independientes se veían obligados a pagar altísimos impuestos. Esta situación afectó grandemente a la economía agrícola, pues las haciendas tenían grandes porciones sin cultivar y eran menos productivas que las propiedades menores.
Otra de las repercusiones del deslinde de tierras y el fraccionamiento de las tierras comunales indígenas fue que algunos de ellos se rebelaron contra el gobierno. Los conflictos, que tuvieron lugar a finales del siglo XIX y principios del XX, fueron protagonizados por mayas, tzotziles, coras, huicholes y rarámuris, entre otros. Los conflictos más duraderos fueron los ocurridos en Yucatán, Quintana Roo y Sonora. Ante dichos grupos se tomó un política de deportación, Yucatán y Quintana Roo fueron los principales destinos. En el norte el gobierno de Díaz tomó contra los yaquis una política de violenta represión y deportación hacia el sur del país. El momento cumbre contra este grupo tuvo lugar en 1908, momento para el cual entre un cuarto y la mitad de su población había sido enviada a las plantaciones de henequén en Yucatán. A la postre, estos grupos étnicos habrían de colaborar con las fuerzas revolucionarias.
A principios del siglo XX comenzó la explotación petrolera en México, aunque las concesiones se dieron a compañías extranjeras como Standard Oil y la Royal Dutch Shell. Este proceso finalmente llevó al país a una transformación industrial. Inversionistas extranjeros, protegidos por el gobierno, invirtieron en industrias y explotación de materias primas, se impulsó la minería y fue modernizada la industria textil, lo que además desarrolló el sistema ferroviario. Para 1910, ya existían 24.000 kilómetros de líneas ferroviarias.
Sin embargo, en 1907 se desató una fuerte crisis internacional en Estados Unidos y Europa, lo que llevó a la disminución de las exportaciones, el encarecimiento de las importaciones y la suspensión de créditos a industriales. La situación desató un fuerte desempleo, además de que disminuyeron los ingresos del resto.
Una sequía que tuvo lugar en 1908 y 1909 afectó la producción agrícola, por lo que se tuvo que importar maíz por un valor de 27 millones de pesos. Esta situación afectó a gran parte de la población, ya que el maíz era parte de la dieta del 85% de la población.
La consecuente disminución en la actividad económica del país redujo drásticamente los ingresos del gobierno. Se intentó solucionar este problema castigando salarialmente a la burocracia y aumentando los impuestos y la base fiscal, lo que afectó a los miembros de la clase media, tanto urbana como rural, así como a los miembros de la clase alta que no estaban adheridos a los «científicos», grupo selecto de intelectuales, profesionales y hombres de negocios que compartían las creencias del positivismo y darwinismo social e influían en la política del país.
En términos generales, la crisis económica desacreditó severamente la imagen presidencial y de su grupo de allegados. Durante el gobierno de Díaz existían numerosos latifundios, y el 80% de la población mexicana dependía del salario rural. Además, las tiendas de raya consistían en una práctica común en estos lugares, en los que se otorgaban los salarios de los trabajadores en mercancía. Mediante este sistema se lograba que los trabajadores alcanzaran tal cantidad de crédito, que quedaban endeudados de por vida. Este sistema, junto con prácticas que eran cotidianas como la contratación por engaño o la adjudicación de una deuda inexistente, es conocido como «enganche», sistema que involucraba elementos coercitivos, extraeconómicos y extralegales. La penosa situación de muchos campesinos y grupos indígenas en vísperas de la revolución fue ampliamente denunciado en el libro México bárbaro de J. K. Turner.
Las leyes de la nación raras veces se aplicaban dentro de las haciendas, donde los trabajadores eran vistos como esclavos u objetos de propiedad, existiendo prácticamente una especie de feudalismo. En el campo además actuaba el llamado Cuerpo de Rurales, el cual era un grupo policíaco encargado de «resguardar la paz», generalmente a través de métodos brutales. Otra práctica de este grupo era la leva, o reclutamiento obligatorio.
En las ciudades, a partir de 1906 comenzaron a surgir numerosos movimientos obreros —son representativas en este rubro las huelgas de Cananea y Río Blanco—, que habrían de ser reprimidos por el gobierno mediante el uso de la fuerza militar.
Diversos intelectuales lucharon por defender los derechos de la clase obrera, tal como el caso de Lázaro Gutiérrez de Lara, Práxedis G. Guerrero, Juan Sarabia y Ricardo Flores Magón, quien había alentado los movimientos obreros en Cananea y Río Blanco. Uno de los medios de comunicación de esta línea era el periódico Regeneración, surgido en 1900. El movimiento encabezado por estos y otros intelectuales era de naturaleza compleja porque bebía en diversas corrientes de pensamiento, desde la Ilustración hasta el positivismo. Los hermanos Flores Magón llegaron a radicalizarse notablemente después de ser expulsados del territorio mexicano. En 1908 intentaron sublevar al país internándose por el norte, aunque el levantamiento no tuvo mayores repercusiones y ello provocó que decayera su influencia.
Desde principios de siglo comenzó a cuestionarse el positivismo, ideología que mantenía el grupo en el poder, lo que llevó al descrédito del darwinismo social. Fue entonces cuando la mayoría mestiza comenzó a reclamar mayor participación en la toma de decisiones, además de que el grupo de los «científicos» dejó de ser visto como congénitamente superior o el único capaz de dirigir el gobierno...
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