PROYECTO ORIGINAL
No modificarás el proyecto de otro
Una sentencia sin precedentes obliga a la Administración a ejecutar una obra concluida conforme al diseño original que vulneró. El caso desvela una mala práctica habitual.
Anatxu Zabalbeascoa Madrid 16 ABR 2012 - 00:24 CET
¿Para qué quería la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid a los mejores arquitectos? Hace dos años, José Selgas y Lucía Cano, autores de los palacios de congresos de Badajoz y Cartagena, la denunciaron. Llevaban semanas lidiando con una constructora que se negaba a levantar su edificio en el Ensanche de Vallecas según los planos aprobados. No es habitual que un arquitecto luche por su propiedad intelectual en los juzgados. Pero para Selgas y Cano no era una cuestión artística, sino de justicia. Fueron despedidos por la EMVS y otro arquitecto construyó sobre la estructura de su edificio. Esta semana se ha conocido la sentencia que obliga a la EMVS a ejecutar la obra “conforme al proyecto de ejecución” elaborado por ellos.
Rehacer un proyecto que ha modificado un inmueble es habitual en cuestiones de patrimonio. Rectificarlo a partir de un diseño que no se ha llegado a construir no tiene precedentes. Pero también algo más básico: el triunfo de la ley, la imposibilidad de modificar un contrato unilateralmente. La sentencia ha destapado un mundo poco claro que algunos se están atreviendo a desvelar. Edificios encargados a los arquitectos que han ganado premios, aprobados, licitados y adjudicados a compradores que querían esos pisos y que los proyectistas no han podido concluir al ser sustituidos por otros arquitectos. Muchos aseguran que esto sucede desde hace años. ¿Por qué no protestan? “Posiblemente, por miedo a perder futuros encargos”, responde José Selgas. Su socia Lucía Cano admite que ella no hubiera denunciado. “Me parecía una pérdida de tiempo y dinero y un enfrentamiento con la EMVS, a fin de cuentas, un cliente potencial”. Esa podría ser la razón por la que tantos proyectistas agachan la cabeza ante cambios unilaterales y exigencias fuera de contrato.
El proyecto Ensanche 53, en la calle del Embalse de Manzanares, 44, de Vallecas, está vallado. Parece terminado, pero todas las persianas están bajadas. Un guarda jurado cuenta que siete de las 20 viviendas están adjudicadas. Más anodino que humilde, el edificio está muy lejos de lo que uno espera de arquitectos que han recibido el encargo tras ganar el Premio de Arquitectura de la Comunidad de Madrid por otras viviendas sociales realizadas para la EMVS. El inmueble deshabitado está lejos también de la arquitectura de vanguardia que, hace unos meses, Miguel Ángel Prieto, director de proyectos y obras de la EMVS, defendía en este periódico. Tampoco se parece al proyecto original, envuelto en una malla vegetal, que algunos de sus compradores, como David Sagredo, Rosa María Recio y José Antonio Vime habían ido viendo crecer “ilusionados” con sus familias. Sin embargo, la EMVS sigue publicitando en su página web la obra, que ahora firma el arquitecto Rafael Carrasco, con la descripción del proyecto original “una malla vegetal que consigue un conjunto totalmente refrigerado y grandes vidrios que en invierno se caldean con el soleamiento”.
Esa malla no era un adorno. Era la clave del proyecto de Selgascano. Y fue también la manzana de la discordia entre constructores, funcionarios y arquitectos. Presupuestada en 600.000 euros, el edificio se ha construido sin ella “en una versión que chaboliza el proyecto original”, describe Selgas. Sin embargo, el dinero de esa partida no se ha ahorrado. Esa fue una clave del juicio. “¿Dónde ha ido a parar ese dinero?”, se pregunta Selgas.
Con un edificio paralizado en el barrio de Villaverde Bajo, también Ángel Alonso y Victoria Acebo recibieron un premio en la Bienal de Arquitectura Española de 2007 que consistía en el encargo de “al menos” 60 viviendas. La EMVS quería reunir a los mejores. “Madrid es referente internacional de la arquitectura de vanguardia”, señalan desde ese organismo. El encargo a Alonso y Acebo era de 40 viviendas en la calle del Calcio. Entregaron un proyecto ejecutivo (el final que contiene todos los detalles) que fue aprobado y pagado. Cambió la estructura de la EMVS y cambió su suerte. “Nos ordenaban modificarlo en un 75%. Pedían cosas que no estaban en el contrato bajo la presión de no encargarnos el resto de viviendas”, aseguran. “Nos hemos negado a trabajar gratis bajo amenaza”, cuentan. Sospechan que su proyecto lo cambiarán desde la propia empresa. Pero esta asegura que el edificio “no está parado, espera licitación”. Esto sucedió hace dos meses. Han decidido buscar abogados.
Jaime Coll y Judith Leclerc prefirieron pasar página. También ganaron un premio de la Bienal. Y tras un rosario de calamidades su proyecto fue adjudicado a Eduardo González Ruiz, que el supervisor de la EMVS Luis Gómez describe como “un experto perito amigo mío y de total confianza que resuelve rápidamente proyectos de arquitectos conflictivos como vosotros”, cita Coll leyendo la carta de Gómez. En la web de la EMVS, González figura como co-autor, “aunque el proyecto final nosotros ni lo hemos visto. Por tanto, lo nuestro no es una renuncia, sino un robo del proyecto que era el premio por ganar la Bienal en el apartado vivienda pública, precisamente”, dice Jaime Coll.
Otros arquitectos describen situaciones irregulares para terminar pidiendo el anonimato. Es el caso de unos que ganaron un concurso recién terminada la carrera. Hablan de la EMVS como un cliente “extremadamente arrogante”. “Nos decían que los proyectos básicos no se pagan, que qué nos pensábamos”. Prefieren no aparecer “porque de haber cualquier problema se complicaría el trato con la EMVS”. El director de proyectos y obras de esta empresa, Miguel Ángel Prieto, contestó a este periódico que “no le consta ningún caso de los mencionados”. Y remitió a su servicio de prensa. Su explicación es que “el proyecto de Selgascano se modificó porque no cumplía con los requerimientos de la ley”. De la sentencia que acaba de condenar a la empresa municipal no opina.
Ángel Alonso explica que “utilizan a su oficina de control de calidad para presionar. Nos pasó a nosotros cuando ya estaba suscrito el Certificado de Idoneidad sobre el proyecto”. Alonso no tiene miedo a perder un cliente “porque no volvería a trabajar para ellos. La EMVS te extorsiona para que cambies los proyectos cuando ellos quieran y si no lo haces, lo hacen ellos”.
Hay más opiniones. Otros autores de vivienda social, como Emiliano López y Mónica Rivera de Barcelona, se preguntan cuál es la delgada línea que separa autoría y servicio. “No creo que la reivindicación de nuestro papel en la sociedad pase por los tribunales... más bien al contrario”, dicen. Pero Alonso aduce: “No pataleamos porque cambien nuestros dibujitos, ni siquiera para que nos dejen diseñar viviendas decentes. Es que no es legal que la propiedad modifique un proyecto aprobado”. ¿Arte o justicia? La voluntad de unir la arquitectura más humilde al mejor diseño no puede estar más interesada en los nombres que en el diseño. En esa contradicción están encontrando su papel los abogados.
La sentencia, que obliga a reconstruir el proyecto de Selgascano invita a perder miedo frente a las presiones y, aunque los arquitectos ignoran si destruirán el edificio actual —“nos sentiríamos mal dejando sin hogar a 20 familias y malgastando el dinero público”—, sus abogados de Barrilero y Asociados confirman que la sentencia “se puede ejecutar en otro terreno”. Curtido en la defensa de arquitectos y perteneciente a ese despacho, Antonio Tena relata su asombro ante el trato que la Administración dispensa a los ciudadanos al considerar a los compradores de vivienda “más mendigos que clientes”.
PROYECTO CONSTRUIDO
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