Garzón vuelve al banquillo por haber investigado los crímenes franquistas
La defensa pedirá que se le aplique la ‘doctrina Botín’ para que no siga el juicio. El sindicato 'ultra' Manos Limpias pide otros 20 años de inhabilitación. Las recusaciones moderan el tribunal.
Julio M. Lázaro Madrid 22 ENE 2012 - 18:37 CET
El juez Baltasar Garzón volverá mañana al Palacio del Tribunal Supremo para ocupar por segunda vez el banquillo de los acusados y ser sometido a juicio por su investigación de los crímenes del franquismo. Esta vez se enfrenta a la pena máxima prevista para el delito de prevaricación, 20 años de inhabilitación que pide para él el pseudosindicato Manos Limpias, del ultraderechista Miguel Bernard.
El juicio arrastra muchas pasiones y las organizaciones de la Memoria Histórica están decidas a respaldar a Garzón y a hacerse notar con concentraciones y movilizaciones de protesta contra el juicio. Amnistía Internacional (AI) se anticipó el pasado viernes con un comunicado en el que considera “escandaloso” que se juzgue por prevaricación una “investigación de violaciones de derechos humanos”.
Garzón tendrá que volver al banquillo sin conocer la sentencia de las escuchas Gürtel, que puede tardar todavía en hacerse pública. Según fuentes del Supremo, el juicio de las escuchas le ha salido a Garzón mejor de lo esperado. Salió indemne y hasta reforzado del interrogatorio de la acusación; los policías de la brigada antiblanqueo respaldaron su versión de que las escuchas eran la única manera de evitar el blanqueo desde la prisión a través de determinados abogados y de que dio instrucciones para preservar el derecho de defensa. Por añadidura, la calidad jurídica de los informes de los fiscales Antolín Herrero y Pilar Fernández Valcárcel y el discurso del abogado defensor, Francisco Baena, van a obligar a los magistrados a tener que aquilatar sus argumentos.
El juicio a Garzón por investigar los crímenes del franquismo está estructurado en dos partes: mañana se inicia la vista de las cuestiones previas, que presentará el abogado de Garzón para este proceso, Gonzalo Martínez-Fresneda. Se trata de exponer las infracciones procesales que haya podido cometer el instructor de la causa, el juez Luciano Varela, la vulneración de algún derecho fundamental, etcétera. El miércoles el tribunal se retirará a deliberar y si no estima ninguna de ellas, el día 31 se reanudará la vista con el interrogatorio de Garzón. La prueba testifical está prevista para las dos primeras semanas de febrero y el día 13 concluiría el juicio, tras la presentación de los informes.
Aunque rara vez se estiman las cuestiones previas por defectos de procedimiento, en esta ocasión hay algunas posibilidades. El abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, reclamará la aplicación a su defendido de la doctrina Botín —conocida así porque se aplicó por primera vez al presidente del Banco de Santander—, según la cual la apertura de juicio no procede si actúa en solitario la acusación popular. En este procedimiento solo existe la acusación popular de Manos Limpias-Libertad e Identidad, pero no hay acusación del fiscal ni de ningún ofendido por el delito, por lo que, al igual que sucedió con Botín en el caso de las cesiones de crédito, no podría continuar el juicio contra Garzón.
Otra de las cuestiones previas se refiere a la más que controvertida actuación del instructor Luciano Varela de dictar a Manos Limpias y a Falange Española de las JONS —a la que había dado entrada y luego expulsó del procedimiento— las correcciones que debían hacer en sus respectivos escritos de calificación para que pudiesen ser admitidos, en vez de declararlos nulos. Varela indicó a Manos Limpias que debía retirar hasta 55 páginas de su escrito de acusación e incluir que Garzón actuó “a sabiendas”. El escrito resultante admitido por Varela, según la defensa de Garzón, sigue siendo una copia literal de un auto de Varela, hasta el punto de que “el autor intelectual” del escrito de acusación “viene a ser el propio magistrado instructor”.
Además de las cuestiones previas, en una Sala Penal muy dada a las estrategias —anticipó el juicio de las escuchas al del franquismo para mitigar el impacto de este último— siempre pueden hallarse razones de peso para concluir por la vía rápida el juicio sobre el franquismo. La principal de ellas es que este juicio se da ya por amortizado: si Garzón es condenado y expulsado de la carrera judicial por las escuchas, una segunda condena no añade nada. Pero si esta condena es por investigar los crímenes del franquismo, la imagen del Tribunal Supremo no queda precisamente favorecida, sobre todo entre la comunidad jurídica internacional, que ha protestado masivamente por la apertura de este proceso y que ha enviado media docena de observadores internacionales para seguir su desarrollo.
El juicio es consecuencia de una querella del sindicato ultraderechista Manos Limpias admitida por la Sala Penal el 26 de mayo de 2009. Tras interrogar a Garzón y realizar diligencias durante ocho meses, el instructor, Luciano Varela, sostuvo en un polémico auto que el juez imputado no pretendía en realidad investigar los “horrendos crímenes” del franquismo, sino “asumir el control de las localizaciones y exhumaciones de cadáveres de víctimas de la represión civil y militar”, superando las limitaciones de la ley de Memoria Histórica.
Según el entonces instructor Varela, que acaba de juzgar a Garzón por las escuchas Gürtel, el juez de la Audiencia Nacional decidió “orillar” la ley de amnistía de 1977 y abrir un proceso penal “cuya artificiosa incoación suponía desconocer los principios esenciales del Estado de derecho”. Los “móviles altruistas” que hubiera podido tener el juez para paliar el sufrimiento de los familiares de las víctimas del franquismo “no eximen, ni siquiera atenúan”, su responsabilidad penal, afirmó el entonces instructor.
Varela dejó constancia de su opinión de Garzón al descalificar la "ignorancia inexcusable" del juez de la Audiencia Nacional, “tan jurídicamente grosera que no merece mayor comentario”.
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